La vida en una vivienda social: “Nunca pensé que alguien tendría que traerme una docena de huevos a casa”
“Lo que piensas que no te va a pasar nunca en la vida, que eso le pasa a otros, llega un momento en el que te pasa a ti; nunca pensé que alguien tendría que venir con una docena de huevos a mi casa”. Belén (nombre ficticio), ama de casa, resume de esta forma cómo ha acabado, con su marido, siendo usuaria del Fondo Foral de Vivienda Social del Gobierno de Navarra, un parque de (en la actualidad) 55 viviendas que se creó en 2014 para personas empadronadas que no podían acceder a una vivienda libre o protegida y que, por ejemplo, han perdido su vivienda habitual por un desahucio o una dación en pago. En el caso de este matrimonio, es el segundo caso. Y, para darlo, asegura que tuvieron que pelear mucho con Caja Laboral para lograr ese cambio. También dieron “muchos palos de ciego” porque no sabían a dónde acudir, y pasaron por pedir comida a Cáritas, a la familia y a algún vecino, y por buscar el respaldo de las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) hasta lograr un nuevo hogar. Eso sí, Belén confiesa que todavía no puede visitar su antiguo barrio, el de toda la vida: “Quedarte sin piso es lo más duro que te puede pasar”.
La Fundación Santa Lucía, impulsada por el movimiento de comunidades cristianas Adsis, es en la actualidad la que gestiona, subcontratada por el Gobierno Foral, el Equipo de Incorporación Social en la Vivienda. Atiende a personas derivadas desde los servicios sociales de base y a las que proponen diferentes soluciones de vivienda, desde el acceso a VPO a pisos o habitaciones compartidas. El fondo foral mencionado es una de esas opciones, y, en la actualidad, tiene lista de espera; el alquiler se oferta por 150 euros al mes y la estancia máxima es de tres años.
El Gobierno Foral se ha comprometido ahora a impulsar este fondo, que durante su creación, con Yolanda Barcina al frente del Ejecutivo, recibió críticas por el escaso número de viviendas incluidas. La normativa de uso de este sistema marca que se ofrezca a personas que han perdido su vivienda en un desahucio, cuya integridad física o psíquica peligra, que viven en viviendas insalubres o que han hecho un proceso de recuperación social (como superar una adicción) y, sin embargo, tienen problemas de acceso a una vivienda. Además, tienen que comprometerse a mantener una convivencia sana y a, con el tiempo, ganar autonomía para incorporarse a una vivienda.
El director de la fundación, Gilberto Padrón, remarca que los casos atendidos (la fundación, además de gestionar ese equipo de incorporación social, cuenta con 34 casas del fondo; el resto han sido cedidas a otros colectivos, como el comedor social París 365, Cruz Roja o la asociación Síndrome de Down) son variados, aunque en alrededor de nueve de cada diez casos suelen tener una baja cualificación, a menudo trabajaban en el sector servicios y se han visto afectados por la crisis hasta agotar los subsidios.
“Cuando debes, todavía debes más”
En el caso de Belén, los problemas de la familia (tiene dos hijos mayores de edad independizados) arrancaron cuando, hace diez años, decidieron tomar las riendas del bar/restaurante en el que el marido había estado trabajando. El acuerdo con otro socio acabó en conflicto y, en torno a 2008, asumieron todas las deudas. De hecho, afrontaban una doble hipoteca por la misma casa en la que habían estado viviendo 28 años. Así, el 31 de diciembre de 2014 se vieron con el bar cerrado, con una cuota de 1.100 euros al mes por la vivienda que no podían pagar, sin paro y sin ingresos. Y “cuando debes, todavía debes más. No puedes pagar la hipoteca, haces frente a los intereses, dejas de pagar el móvil que era con tarjeta… todo se va sumando”.
En estudios como los realizados por la cátedra CIPARAIIS, de la Universidad Pública de Navarra, han definido esta situación como el círculo de la escasez, donde las necesidades se retroalimentan. Y en el caso de Belén, para salir de ahí, decidieron cerrar el bar y, de hecho, todavía tendrán que hacer frente a los pagos que asumió el Fogasa (Fondo de Garantía Salarial) por el despido de tres trabajadoras. Para ello, tiraron de la Renta de Inclusión Social (dirigida a personas en exclusión), hasta que en julio, el marido logró un trabajo en un bar de cara a los sanfermines y ahora tiene un contrato de un año que, según su mujer, “es un milagro, porque entonces cumplía 61 años”.
“Busco lo más barato, no puedo pagar más”
Desde el pasado 1 de julio, residen en una de las viviendas cedidas por el Ayuntamiento de Pamplona en el barrio de San Pedro al Fondo de Vivienda Social, y ahora aspiran a una vivienda en alquiler a la que Belén solo pone una condición: que no sea en los nuevos barrios de la ciudad, porque en ellos se siente más perdida. María (también, un nombre ficticio), por su parte, vive en San Jorge desde hace diez meses, en una de las llamadas casas de camineros, donde residía antiguamente la plantilla que arreglaba los caminos en Navarra, que quedaron desocupadas tras sus jubilaciones y que el Gobierno Foral empezó a rehabilitar para estos fines sociales. Su caso es diferente. Vino hace nueve años sola desde Bolivia a Pamplona y empezó a trabajar limpiando hogares y cuidando a personas mayores. Sin embargo, tras un accidente de tráfico y ante la posibilidad de que una de sus tres hijas perdiera un pie en Bolivia, hace dos años decidió traerlas a la capital navarra. Así, la más pequeña afrontó una operación, con un injerto, para intentar recuperar la funcionalidad de la extremidad.
Durante un tiempo, las cuatro vivieron en casa de su hermano, tres de ellas en el mismo cuarto, pero estaba dispuesta a irse “donde fuera” y buscó ayuda en los servicios sociales. Ahora, tiene un trabajo por las mañanas cuidando a personas mayores y, por las tardes, se encarga de sus hijas de 19, 12 y 11 años. Cobra un sueldo de alrededor de 700 euros al mes, no tiene días libres, recibe comida en la parroquia y cuenta con una ayuda por tener hijas a cargo y con un bono social para los pagos del suministro. Asegura que la familia tiene que privarse de muchas cosas porque “apenas llego” y, por eso, “busco lo más barato, no puedo pagar más. Mis hijas quieren estudiar inglés o hacer deporte en horario extraescolar, pero no puedo dárselo”, explica.
Sus planes ahora son solicitar una vivienda de protección y buscar un segundo trabajo por las tardes, durante unas horas. Aunque puntualiza que “dicen que la situación económica está mejor, pero yo todavía no lo he notado”. Subraya, eso sí, que su familia es “feliz”.
