La retirada del subsidio se enquista tras año y medio de conflicto
Según el Gobierno de Navarra hace año y medio que el Servicio Público de Empleo (SEPE) cambió de criterio para otorgar el subsidio de desempleo, dejando a muchos navarros sin la ayuda por estar recibiendo el complemento de la Renta de Inclusión Social. Desde entonces, ninguno de los dos gobiernos ha movido su postura, en un conflicto enquistado que no tiene visos de llegar a buen puerto.El Gobierno central insiste en que ha actuado conforme a la ley y que no es responsable de la retirada de esas ayuda, esta vez, en respuesta a una pregunta del grupo socialista en el Congreso, que se interesaba por conocer la controversia entre los dos ejecutivos por este subsidio.
El Gobierno central insiste en que no se ha retirado el subsidio por desempleo a los navarros que reciben también la Renta de Inclusión Social, sino que se ha retirado a quienes superaban los umbrales establecidos en la ley, fuera cual fuera su situación. Mantiene su postura como el primer día y se aferra a que el SEPE aplica lo dispuesto en la normativa, aunque reconoce que es muy general y no contempla excepciones ni situaciones concretas.
Navarra defiende que desde junio de 2013 se han endurecido los criterios para otorgar el subsidio, dejando sin ayuda a los navarros que cobran, como complemento, la Renta de Inclusión Social. Este cambio de critero ha llevado a que sea el Gobierno foral el que se haga cargo de la prestación que antes pagaba el Estado. Y esa es la primera reclamación de la Comunidad Foral, que el Servicio Público de Empleo retome esas prestaciones que han supuesto, según cifras del ejecutibvo navarro más de 3 millones de euros a las arcas forales. Ante la reclamación de Navarra de ese dinero, dice el ejecutivo, que no es achacable a la actuación del Servicio Público de Empleo, por lo que escurre el bulto y no reconoce que tenga ninguna responsabilidad.
El Estado rebate uno a uno los argumentos esgrimidos por Navarra, a quien ya ha acusado de desleal por dar a conocer el conflicto entre las administraciones. Defiende que se aplican criterios objetivos y que, en ningún caso se ha producido un endurecimiento de los criterios para conceder o denegar el subsidio. Se aferra a la ley, que establece que quienes superen unos ingresos equivalentes al 75% del salario mínimo interprofesional no tienen derecho a la prestación. Reconoce, eso sí, que la ley es muy general y no contempla excepciones, y que para modificar esta situación sería necesario modificar todo el texto legislativo.
No perjudica a los navarros
Incide, especialmente el Gobierno central en que se aplican los mismos criterios que en el resto de España, y que los ciudadanos navarros no están siendo perjudicados, aunque la realidad sea que se están retirando prestaciones a ciudadanos que, por derecho, les correspondían.
Las administraciones no se han puesto de acuerdo ni siquierea en las cifras de esta retirada del subsidio, siendo muy numerosas para Navarra y escasas para el Estado. En todo caso, parece que Alli, como anunció, se va a ver obligado a tomar alguna medida legal yua que las convesaciones entre las adminsitraciones no parece que vayan a llegar a buen puerto. Ha pasado un año y medio, y ninguna ha cambiado ni un ápice su postura.
