Las víctimas del amianto, un registro “incierto” en el que la clave es denunciar
¿Cuántas personas pueden estar afectadas por su exposición laboral al amianto? La pregunta es difícil de responder. El Instituto de Salud Pública y Laboral de Navarra tenía contabilizadas al cierre de 2014 a 2.821 personas a las que hacer un seguimiento sanitario, la mayoría vinculadas a empresas de fabricación de vehículos (1.293), seguidas del sector de la metalurgia (533) y, ya en menor medida, la distribución de agua (206) y la fabricación de maquinaria (182). Ese listado se amplía en función de las compañías que asumen que trabajaban con este material, pero sindicatos como LAB o CCOO coinciden en que el número de afectadas y afectados será mayor porque, entre otras cuestiones, una de las grandes claves para ampliar los registros es que se presenten nuevas denuncias. De esta forma, se investigan nuevos casos y se controla la salud a esas plantillas expuestas a un mineral (llamado amianto o asbesto) que funcionaba sobre todo como aislante y cuyo riesgo es que las fibras podían inhalarse, algo para lo que ahora se exige un equipo de protección y un curso de formación específico.
“El número de personas afectadas en Navarra es incierto. Por desgracia, muchos casos se desconocen, sale una nueva denuncia y salta la alarma”, afirma la secretaria de Salud Laboral de CCOO Navarra, Carmen Sesma. Ahora, asegura, es un momento clave; ya que, por el tiempo que pasa desde la exposición hasta que aparece una dolencia (su periodo de latencia es largo), resulta habitual que se presente entre personas jubiladas, que ya no trabajan en la empresa en cuestión o que esta ha sido asumida por otra firma.
Así ha ocurrido, por ejemplo, en el caso recientemente denunciado por la asociación de víctimas del amianto de Euskadi, Asviamie, que informó de que el Instituto de la Seguridad Social de Navarra había reconocido la incapacidad permanente absoluta a una trabajadora que falleció el pasado 9 de abril. Esta vecina de Arguiñariz (Navarra) trabajó durante 1966 y 1972 en la empresa Productos Aislantes (PAISA), en Errenteria (Gipuzkoa), y un mes antes de su fallecimiento se le diagnosticó un mesotelioma pleural, un tipo de cáncer. La familia confirmó que denunciará por ello a la empresa responsable, por considerar que esta trabajadora aspiró sin la debida protección durante años baquelita (que contiene amianto) mientras pulía volantes en esta firma, después comprada por Unión Explosivos Río Tinto, que ahora depende de Ercross.
Sesma, de CCOO, lamenta precisamente que esta situación, ese reconocimiento de la incapacidad tras el fallecimiento, no es precisamente excepcional, y para abordar esta problemática cree necesario denunciar para lograr “una reparación moral” y, también, el acceso, como en este caso, a ayudas vinculadas a una enfermedad de origen laboral, como una pensión de viudedad para el marido de la afectada y las prestaciones de Muerte y Supervivencia.
Aviamie se plantea ahora abrir una delegación en Navarra, donde la pelea por descubrir el número de personas afectadas por amianto no ha llegado al nivel de Euskadi, donde la extensión de casos ha estado más marcada por su desarrollo industrial y el uso de este material por ejemplo en las décadas de los 60 y 70. No obstante, el goteo de personas a vigilar en Navarra sigue produciéndose cada ejercicio: en 2014, según la memoria del Instituto de Salud Pública y Laboral, había registradas 2.821 personas, y en 2013 eran 2.790. Navarra cuenta con su registro de empresas con riesgo por amianto (RERA), al que el año pasado se incorporaron otras cuatro compañías. En total, hay contabilizadas 91 firmas que han trabajado con amianto, la mayoría (26) vinculadas a la construcción especializada, a la construcción de edificios (14) o a la venta y reparación de vehículos de motor (10).
65 planes para retirar amianto en 2014
Las plantillas expuestas al amianto, tanto personas activas como jubiladas, también están registradas, para así facilitar su seguimiento sanitario. Pese a la obligación de las empresas de mantenerse al día, lo habitual es que este tipo de registros, según reconocen fuentes del Instituto, se amplíe mediante denuncias. Esos casos son, al final, el hilo del que tirar. Desde el sindicato LAB, Iván Pérez considera que la cifra de personas que pueden estar afectadas, por tanto, es mayor que la registrada.
Esta es la situación del amianto, una sustancia prohibida en España desde 2002 (otro debate es si esa prohibición tardó demasiado en llegar; en Suecia, según recuerda CCOO en una guía sobre los efectos del amianto, se prohibió en 1982) y cuyos efectos siguen desvelándose. Por ejemplo, cabe recordar que aún se mantienen los planes para la retirada de amianto o de materiales que lo contienen: en 2014, se aprobaron 65 en Navarra, una cifra similar a la de los dos ejercicios anteriores, pero lejos de los 111 de 2009. La mayoría consistió en la retirada de cubiertas de fibrocemento en viviendas particulares, edificios, naves y granjas.
