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Cantabria destina dos millones de euros a luchar contra los desahucios

El Gobierno ha aprobado una partida extraordinaria para financiar la compra, gestión y mantenimiento de pisos que cederá a personas en riesgo de exclusión

Las viviendas se destinarán al alquiler y estarán situadas en los municipios de mayor demanda y con mayor incidencia de situaciones de emergencia

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Luis, en el portal de la vivienda, sacando en cajas las pertenencias de la familia. | Joaquín Gómez Sastre

Luis, en el portal de su vivienda, sacando en cajas las pertenencias de la familia. | Joaquín Gómez Sastre

Las prioridades del Gobierno de Cantabria en materia de vivienda han cambiado sustancialmente esta legislatura. Las grandes inversiones en obra pública han quedado descartadas como consecuencia de la crisis económica y los sucesivos recortes presupuestarios y la sensibilidad social hacia el drama de los desahucios ha aumentado de forma proporcional. Así, lejos de anunciar la construcción de nuevas promociones de vivienda protegida, el Ejecutivo autonómico ha puesto el foco en la emergencia habitacional que sacude a miles de ciudadanos.

De esta forma, como parte del acuerdo de Gobierno que devolvió el poder al bipartito PRC-PSOE con el beneplácito de Podemos, que permitió la investidura del regionalista Miguel Ángel Revilla, el Gobierno de Cantabria ha aprobado este jueves en su reunión semanal una aportación de dos millones de euros que irán destinados íntegramente la empresa pública Gesvican para financiar la compra, gestión y mantenimiento de viviendas que servirán para cubrir situaciones de emergencia habitacional.

Las viviendas se destinarán al alquiler y estarán situadas en los municipios de mayor demanda de vivienda y con mayor incidencia de situaciones de riesgo de exclusión social, como Santander, Torrelavega, Castro Urdiales, Camargo y El Astillero. Gesvican adquirirá la plena propiedad, libre de arrendatarios y ocupantes, con un precio que no podrá ser superior al previsto para las viviendas protegidas, según ha informado el Ejecutivo a través de una nota de prensa.

La empresa pública también podrá dedicar a las situaciones de emergencia las viviendas que ya tiene en propiedad y cualquier otra cuya gestión se le encomiende por la comunidad autónoma o cualquier administración pública, asumiendo los gastos derivados de su puesta a punto, seguros, comunidad de propietarios, impuestos, tasas y tributos, instalación de electrodomésticos y mobiliario básico en cocinas si fuera necesario y los gastos de gestión y administración de los alquileres, con el compromiso de justificar en el primer trimestre de 2017 el destino de las aportaciones dinerarias realizadas.

Acuerdo con la PAH

Prácticamente desde la toma de posesión del nuevo Consejo de Gobierno, las relaciones entre la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y la Consejería de Vivienda que dirige José María Mazón han sido muy fluida. De hecho, las reuniones entre el colectivo antidesahucios y los nuevos responsables políticos han sido habituales, con presencia incluso del presidente de Cantabria en alguna de ellas.

Las promesas del Gobierno autonómico quedaron plasmadas en los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 2016, así como en la conocida como Ley de Acompañamiento, que introdujo modificaciones puntuales a petición de la PAH, en primer término, y del Grupo Parlamentario Podemos, durante la negociación de las cuentas públicas de este año.

La denominada Ley de Emergencia Habitacional fue presentada como una norma con la que se trata de amparar determinadas actuaciones que hasta la fecha ha sidocomplicado llevar a cabo, principalmente en materia de desahucios. "Lo que queremos es que, en determinados casos, haya una capacidad o competencia de la administración para actuar rápidamente, de forma urgente", explicó Mazón antes de su aprobación.

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