¿Por qué Alfonso Alonso y Maroto han tenido que responder ante el Tribunal de Cuentas?
El contrato firmado por el actual ministro de Sanidad ya conocido y reconocido en Vitoria-Gasteiz como “el peor contrato de la historia de la ciudad”, persigue a Alfonso Alonso desde el 2007. Primero fue una comisión de investigación desarrollada en el Ayuntamiento de Vitoria la que puso bajo sospecha su gestión en esta operación y requirió sus explicaciones, que por cierto, Alonso envío por escrito al eludir personarse para declarar en su 'antigua casa'.
Ahora ha sido el máximo órgano fiscalizador del estado, el Tribunal de Cuentas quien ha reclamado aclaraciones al ministro. En su investigación el órgano fiscalizador ha advertido una posible irregularidad contable por el elevado precio del alquiler y ha considerado que la cláusula penal en caso de rescisión incluida por valor de 6 millones de euros, supone “un menoscabo de los caudales públicos”.
Esas observaciones no son nuevas. Las conclusiones de la comisión de investigación ya apuntaban que se actuó en contra del interés general de la ciudad y en beneficio de un empresario por pagar por el alquiler de un local casi el doble del precio que abonó el propietario por su compra. Y señalaban como responsables de ese gravoso perjuicio para las arcas públicas al actual alcalde y entonces concejal de Hacienda, Javier Maroto y al entonces alcalde y actual ministro Alfonso Alonso.
El precio del alquiler, el doble del precio de compra
Las condiciones negociadas eran espléndidas para el propietario de la lonja, el empresario Gonzalo Antón, conocido en Vitoria-Gasteiz por haber sido presidente del principal equipo de fútbol de la ciudad, el Alavés. Firmaron un contrato millonario por valor de 7,6 millones de euros, blindado durante 20 años con una indemnización en caso de rescisión también millonaria, de otros 6 millones, con precio actualizado por encima del IPC y con pago por parte del consistorio de las obras de acondicionamiento.
Todas estas condiciones exigidas por el arrendatario convirtieron la firma en una auténtica sangría económica para el Ayuntamiento de la que no puede librarse en años si no es previo pago de esa cuantiosa penalización. Antes estas evidencias nadie duda ya en considerar la jugada como pésima para el Ayuntamiento y redonda para el empresario. Según las estimaciones manejadas por la oposición, el Ayuntamiento paga por el alquiler casi el doble del precio que abonó su propietario por su compra. El propietario del inmueble desembolsó 2,7 millones de euros por la adquisición del local en 2006 y el Ayuntamiento debe pagarle en total por 20 años de arrendamiento casi 6 millones de euros.
Durante siete años, del 2007 al 2014, Vitoria ha estado pagando 20.000 más IVA, pero dada la polémica suscitada en la ciudad y el desarrollo en el Ayuntamiento de esa comisión de investigación, el actual alcalde, Javier Maroto, se vio obligado a renegociar el precio y consiguió una reducción de la cuantía. Aun así, el alquiler le supone un desembolso mensual al Ayuntamiento de más de 17.000 euros. El resto de las condiciones desfavorables para las arcas municipales y muy jugosas para el propietario del local apenas han sufrido modificaciones.
Petición de investigación a la Fiscalía
Las intervenciones y la actitud mantenida por el actual alcalde Javier Maroto durante sus comparecencias en la comisión de investigación le costaron al edil una reprobación por parte del Pleno del Ayuntamiento “por mentir y actuar” en contra del interés general de la ciudad. Tras el proceso de investigación el PNV decidió trasladar el caso al Tribunal de Cuentas para que depurase responsabilidades contables.
El órgano fiscalizador, que ha advertido una posible irregularidad contable por el elevado precio del alquiler y considera la cláusula penal en caso de rescisión “un menoscabo de los caudales públicos” reclama por todo ello cerca de 440.000 euros a Alonso, Maroto y a los otros siete exediles populares por este contrato. A todos ellos les ha citado el jueves 5 de marzo para que presenten alegaciones. También han recibido una citación los concejales de Hacienda posteriores.
Ni el ministro Alonso ni ninguno de los miembros del equipo de Gobierno de entonces han acudido a la cita y han sido representados por un abogado contratado por el PP. La única titular de Hacienda que sí ha acudido a la Sección de Enjuciamiento ha sido la socialista Marian Gutiérrez, responsable de este área en la anterior legislatura, en la que el PSE gobernó Vitoria. En las alegaciones el abogado del PP ha argumentado que los hechos están ya prescritos y, por eso, entienden que el Tribunal de Cuentas no puede actuar ya sobre este asunto.
Ante todos estos acontecimientos el Ayuntamiento de Vitoria acordó la pasada semana reprobar la gestión de ambos dirigentes y pedir que sean investigados por la Fiscalía.
