El Ararteko da un tirón de orejas a Educación por no rebajar la matrícula a las personas con discapacidad
El Ararteko ha recomendado al Departamento de Educación que tenga en cuenta reducciones de precio para las personas con discapacidad en su política de tasas públicas. Así, el Defensor del Pueblo Vasco da un tirón de orejas a Educación por no tener en cuenta el sobresfuerzo económico que se ven obligadas a realizar estas personas y su entorno familiar para poder incorporarse a la sociedad y participar en ella de una manera normalizada.
Esta recomendación se produce tras recibir la queja de una persona con discapacidad, quien exponía su desacuerdo con la política de precios públicos y tasas que aplica el Departamento de Educación. Al hacer la matrícula el pasado curso en la Escuela Oficial de Idiomas y al abonar los derechos de examen para la obtención del certificado EGA comprobó que la normativa que regula estos servicios no incorpora ninguna bonificación para las personas con discapacidad.
Educación alega que no va a introducir exenciones o bonificaciones del pago de los precios públicos que no estén recogidas en alguna ley. “Las situaciones que pudieran ser susceptibles de generar el derecho a una exención o bonificación del precio público podrían ser innumerables, pero corresponde al legislador determinar cuáles han de ser dichas situaciones, del mismo modo que así lo ha determinado para el caso de las familias numerosas y las víctimas del terrorismo”.
El Ararteko coincide con Educación en que las situaciones susceptibles de protección pueden ser muy amplias. Ahora bien, esa mayor vulnerabilidad que presentan determinados grupos sociales y colectivos “no debería erigirse en un impedimento para abordar en estos momentos las disfunciones que presenta el acceso en condiciones de una maor igualdad a todos los servicios educativos que ofrece el departamento”.
Según el Ararteko, un aspecto que determina la integración tanto actual como futura de las personas con discapacidad radica en su formación. “Cuando mayores sean sus niveles de formación mayor será su capacidad de participación en la sociedad y en mejores condiciones tendrá lugar su integración”. Por lo tanto, resulta de “vital importancia” que las administraciones propicien su acceso a todos los servicios educativos mediante el establecimiento de tarifas que tomen en consideración que parten de una situación de desigualdad, que “no sólo se puede sino que es necesario que los poderes públicos corrijan”.
En consecuencia, el Ararteko considera que las administraciones públicas pueden poner en marcha medidas de promoción a las familias con personas con discapacidad y a las propias personas con discapacidad a través de “la aplicación de beneficios en sus precios públicos”.
