La discapacidad conduce a la pobreza
El 30% de las personas con discapacidad física tiene unos ingresos propios tan bajos que se sitúa al nivel de “pobreza severa”, mientras que otro 25% raya con la pobreza relativa. Es el resultado de una investigación realizada en Gipuzkoa por la federación Elkartu, que agrupa y coordina a una docena de asociaciones con unos 4.000 socios. Su Estudio-diagnóstico sobre la situación y necesidades de los discapacitados físicos que viven en Gipuzkoa ofrece una radiografía muy precisa del colectivo. Una de las conclusiones es que la discapacidad eleva el riesgo de caer en la pobreza. Por una parte, las condiciones de vida, la precariedad laboral pueden ser fuente de enfermedades que derivan en una discapacidad prematura. Y, por otro lado, una persona que sufre ya una discapacidad requiere de múltiples y continuadas intervenciones médicas que, en ocasiones, resultan imposible de asumir por su coste. Además, no pueden participar de una manera plena en la vida social y económica, acabando en la pobreza.
El trabajo de investigación, que analiza los distintos ámbitos de la vida de estas personas, detecta, en cuanto a su situación económica, “un bajo nivel de ingresos mensuales”. El informe precisa que, si se excluyen los ingresos de las personas con las que conviven, “la situación de pobreza severa” afecta a un 30,4 %; mientras que un 25,5 % se sitúa en un nivel de “pobreza relativa” y solo el 34,3 % no la padece. En el ámbito educativo y formativo, un 47,1% de discapacitados físicos no tienen ningún tipo de estudios o únicamente cuenta con los primarios. Y en el plano laboral, un 20,6% trabaja o busca empleo, ya que el 77,4% tiene la condición de pensionista.
La exclusión social afecta a un 12,4 %, otro 31,8 % está en riesgo de caer en ella y el 55,8% de discapacitados físicos disfruta de una situación de inclusión en la sociedad ordinaria.
“Que se cumplan los derechos”
El director y la trabajadora social de Elkartu, Mikel Malcorra y Rosa Ugalde, han recalcado que a pesar de que muchos de los datos resultan “preocupantes”, no buscan “dar un enfoque asistencialista o lastimoso del colectivo, sino reivindicar que se cumplan los derechos que tienen y están ”reconocidos legalmente“. ”No deseamos que se haga de la diversidad diferencia . Queremos formarnos, trabajar, vivir y ser parte de la sociedad en condiciones de igualdad con el resto“.
Para conseguir esa igualdad de oportunidades, ha destacado la necesidad de garantizar “una educación inclusiva, que tenga en cuenta la diversidad de alumnos y disponga de recursos suficientes” así como “una inserción laboral ordinaria” que dé prioridad al empleo ordinario frente al protegido, que es al que se orientan las políticas públicas.
Promover “una vida independiente en el propio entorno” por encima del “modelo residencial” es otra de las demandas que ha citado Malcorra, quien ha puesto de ejemplo el programa de prestaciones que en esta materia tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa, destinado a la contratación de asistentes personales, y que, a su juicio, debería extenderse a toda la cartera de servicios del sistema vasco de prestaciones sociales.
