Las empresas vascas se saltan la ley en la inserción de discapacitados
La inserción laboral de discapacitados encalla en Euskadi. La Asociación de Trabajo Protegido del País Vasco (Elhabe), un organismo en el que están integradas las principales entidades que proporcionan empleo a más de 8.000 discapacitados, ha denunciado que las instituciones y las empresas de Euskadi incumplen la obligación legal de tener en sus plantillas, al menos, un 2% de empleados con alguna discapacidad física, psíquica o sensorial. “No se persigue el incumplimiento. Con eso está todo dicho”, señala con pesar Txema Franco, presidente de Ehlabe. Lo que subyace es que a la sociedad en general y al empresariado en particular aún le queda mucho camino por recorrer para corregir prejuicios y concienciarse de los beneficios de la integración laboral de este colectivo.
A finales del año pasado, el número de personas con discapacidad paradas en el País Vasco ascendía a 4.799, situando el número de parados de este colectivo en el 25,66%, caso diez puntos a la del total del País Vasco (16,29%). El número de contratos realizados a personas con discapacidad a lo largo de 2012 se elevó a 9.597, el 1,36% del total de contratos registrados en la comunidad autónoma. La plantilla de los 87 centros especiales de empleo del País Vasco durante 2012 se elevó a 8.166 personas, 7.127 con alguna discapacidad declarada. Y de éstos, la mitad con uan gran discapacidad intelectual o física.
Tanto Franco como el gerente de Elhabe, Pablo Moratalla, responsabilizaron a los poderes públicos de actuar con laxitud a la hora de hacer cumplir la normativa sobre los discapacitados en edad laboral. En la mayoría de los países del entorno se han adoptado políticas activas para favorecer la incorporación laboral de las personas con discapacidad y uno de los medios más utilizados para ello ha sido el establecimiento de cupos de reserva en las empresas y en las administraciones. En el caso de España, la ley reserva un 2% de puestos de trabajo en empresas mayores de 50 trabajadores. Pero, “faltan mecanismos de control y de reacción eficaces respecto a las normas que se incumplen”. Lo más llamativo, según Ehlabe, no es que el cupo se incumpla, sino que no exista ningún mecanismo de control para impedir o sancionar su sistemático incumplimiento o que, según parece, estos mecanismos apenas sean utilizados. “Las empresas no han acatado esta obligación y la administración no vela para que se cumpla. Las medidas de control son nulas”, se queja Moratalla. El Gobierno no ha impuesto ninguna sanción a empresas en los 31 años que lleva en vigor la Ley de Integración de Personas con Discapacidad a pesar de no cumplir con la norma.
Por su parte, la administración también tiene la obligación de reservar puestos en su plantilla para personas con discapacidad a través de sus ofertas públicas de empleo (OPE). Pero, los cumplimientos son “mínimos”, resalta el gerente de Ehlabe.
Salto a la empresa ordinaria
La persistencia de la crisis conlleva el riesgo de que los centros especiales de empleo no cumplan con uno de sus objetivos básicos: favorecer la transición al empleo ordinario, servir como cauce, puente o situación intermedia hacia la empresa normalizada. “Hay personas”, explica Moratalla, “que por sus características nunca podrán dar el salto, pero para el resto debemos fomentar la transición. Sin embargo, el incumplimiento a la hora de las contrataciones provoca que los centros seamos ofertadores de empleo prioritarios. En el momento actual, estamos siendo receptores de las personas que están siendo expulsadas del mercado laboral debido al cierre de empresas ordinarias. petores de exspulsionjes de un monton de personas que trabajan en empresas ordinarias. Intentamos asumirlas, pero el número de personas que llegan es mucho mayor que nuestra posibilidades de creación”. Según Moratalla, “no se sensibiliza lo suficiente al empresariado, no se apoya y no se cumple la ley. Así, se provoca un cuello de botella en los centros especiales de empleo”.
Otra de las demandas de Ehlabe al Gobierno vasco es el mantenimiento de las ayudas extraordinarias que hasta la legislatura pasada se venían concediendo a los centros especiales de empleo para personas con más dificultades, como parálisis cerebral y discapacidad intelectual. “Otras partidas se mantienen, pero está ha desaparecido en 2013. Esa ayuda es vital para nosotros. Nació para ayudar a las organizaciones que trabajamos con este colectivo y tendría que ser una ayuda estructural y no extraordinaria. El año pasado recibimos cuatro millones y el anterior ocho. En 2013, nada”.
