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¿Es lícito que las instituciones respalden a empresas que incumplen autos judiciales?

La empresa Castmetal sigue sin recolocar a ninguno de los trabajadores despedidos a pesar de que el Juzgado de lo Mercantil señaló hace dos años ese requisito para aprobar el auto del proceso de adquisición de la compañía concursada, la antigua Novacero S.A.L.

Los trabajadores afectados reprochan el respaldo mostrado por las instituciones a la adjudicataria -ha recibido un millón de euros mediante la fórmula de préstamo participativo- mientras a ellos no les han vuelto a recibir en el Gobierno vasco.

Además de no respetar esos compromisos adquiridos, según el relato del personal despedido, se les debe desde hace dos años una media de 20.000 euros por persona, deuda contraída por la antigua Novacero S.A.L.

Ya hace casi dos años que el Juzgado de lo mercantil de Vitoria dictó auto de adjudicación a favor de Castmetal Vitoria- AFE- basado en determinados acuerdos que contemplaban, entre otras medidas, la recolocación de la plantilla. Según el documento redactado por el juez, al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, se aprueba el acuerdo sobre las condiciones de trabajo básicas para la futura plantilla de Castmetal así como un Plan de acompañamiento social que aparece detallado en un anexo. El segundo punto de ese escrito está dedicado exclusivamente al mantenimiento del empleo mediante la recolocación. Las partes firman que se asumirá en función de la actividad, es decir, según se vayan alcanzando ciertos objetivos de producción y volumen de pedidos. El más optimista de esos escenarios ya se ha superado. En sus previsiones apuntaban que si todo iba sobre ruedas llegarían a las 29 toneladas de producción diaria. A día de hoy se acercan a las 33 -cifra aportada por la propia empresa en una vista oral en el Juzgado-.

La empresa ha relanzado con éxito sin embargo cerca de un centenar de los trabajadores que la fundaron y vieron extinguidos sus contratos laborales no han vuelto a ser contratados, ni uno solo de ellos. A día de hoy Castmetal, según el relato de los afectados, contrata a través de ETT personal que se ocupa de realizar sus tareas mientras ellos continúan en la calle. También subcontrata ciertos servicios. Los afectados no dan crédito. No entienden cómo la compañía puede incumplir con esa ligereza un auto judicial y "nadie haga nada". "Les dimos su tiempo. Les dimos un margen de confianza para ver si nos iban contratando a medida que se fuera afianzando la actividad. No presentamos ni una sola denuncia hasta primeros del 2014, ya había pasado más de medio año y no había habido ni un solo movimiento", declaran antiguos trabajadores. "A fecha de hoy mismo, el juzgado de lo mercantil de Vitoria contesta inhibiéndose del asunto, ante los incumplimientos de Castmetal Vitoria S.L. Nos preguntamos qué garantías venimos teniendo para que se cumplan los acuerdos" añaden.

Revisión del proceso concursal

Los trabajadores afectados, que han presentado demandas contra la empresa por su incumplimiento, rondan en su mayoría una franja de edad entre los 50-55 años, con escasas posibilidades de reincorporarse al mercado laboral. "No nos ha quedado apenas ni desempleo porque hemos pasado por varios ERE previos. Muchas familias están cobrando la RGI y acuden a Cáritas a por ayudas. Estamos atravesando situaciones muy difíciles". Piden en sus escritos "una revisión del proceso concursal y que se hagan valer el cumplimiento de los procesos adquiridos en su caso que se derogue el auto de adjudicación. También han presentado un escrito ante Fiscalía porque consideran "que se han cometido ciertas irregularidades" durante el proceso que se ha desarrollado a su juicio con muy poco transparencia. Además de no respetar esos compromisos adquiridos, según el relato del personal despedido, les deben desde hace dos años una media de 20.000 euros por persona- deuda contraída por la antigua Novacero S.A.L y no les ha pagado parte de la liquidación.

Han removido cielo y tierra para recabar apoyos. En esa búsqueda llegaron a reunirse con responsables del departamento de Desarrollo Económico del Gobierno vasco. "Les expusimos nuestra situación y se comprometieron a hablar con la empresa y luego volvernos a citar. Pero a día de hoy no hemos vuelto a saber nada más de ellos, pese a las dos cartas que hemos remitido al Lehendakari para que interceda", relata Justo Sánchez, miembro del comité de empresa de la antigua Novacero S.A.L. Lo que más duele a los trabajadores es que el Ejectuvo de Íñigo Urkullu no haya cumplido con el compromiso de realizar una labor de intermediación y además haya respaldado a la empresa a pesar de que no ejecuta en su totalidad la resolución judicial.

"Salvan a la empresa y abandonan a los trabajadores"

El Gobierno autorizó a finales de enero del 2014 la suscripción de un préstamo participativo a la empresa CASTMETAL VITORIA, S.L., por importe de un millón de euros. Se encomendó a la Sociedad de Capital Desarrollo de Euskadi SOCADE, S.A. - Garapenerako Euskadiko Kapital Societatea, formada por el Ejecutivo vasco y las tres Diputaciones, entre otras-  la materialización de dicha intervención con cargo al Fondo de Proyectos Estratégicos, y el control y seguimiento de las condiciones establecidas. "Nos parece bien que se ayude a las empresas en dificultades, pero no vemos muy coherente que no ofrezcan ese apoyo también a los trabajadores perjudicados. A nosotros nos abandonan a nuestra suerte mientras salvan con dinero público una empresa que nosotros levantamos. Era una empresa sin patrón, nosotros las sacamos adelante, le hemos dedicado 45 años de vida laboral, hemos capitalizado el desempleo, el Fogasa... y ahora vemos como ocupan nuestros puestos otras personas. Nos han desahuciado", lamentan.

El Gobierno vasco no ha ofrecido explicaciones a eldiarionorte.es sobre si tiene intención el Ejecutivo de Urkullu de revisar las condiciones de las ayudas o de su seguimiento. Fuentes conocedoras de estos procesos aseguran que al Gobierno "le queda escaso margen de maniobra o ninguno" para obligar a las empresas a cumplir con esas obligaciones marcadas por el Juzgado, una opinión que no comparten los trabajadores. "Si han presentado un Plan de Viabilidad que ha convencido a las instituciones y les dan dinero para que no desaparezca la actividad, deben comprobar que ese plan contempla los acuerdos judiciales y controlar que se efectúa según lo pactado", expone Justo Sánchez.

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