Gobierno Vasco dice que la decisión del EPPK “debe traducirse en hechos que afronten la realidad de las vías legales”

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación del Gobierno Vasco, Jonan Fernández, ha calificado de “positiva” la decisión del colectivo de presos de ETA (EPPK) de acogerse de forma individual a la legalidad penitenciaria y cree que esta votación “debe traducirse en hechos concretos que conllevan dar pasos que no vuelvan a demorarse durante años y que afronten la realidad de las vías legales”, ya que “la progresión de grados y la resocialización”, a diferencia del acercamiento de los presos, “requieren un reconocimiento crítico del daño causado”.

En una rueda de prensa celebrada en Vitoria, Fernández ha hecho referencia a la decisión del colectivo de presos de ETA (EPPK) que ha aprobado con un 73% de votos el documento en el que aceptan acogerse a la legalidad penitenciaria, lo que permitirá a los reclusos acceder a los beneficios penitenciarios de manera individual.

Fernández ha considerado que la decisión adoptada, favorable a aceptar las vías legales individuales existentes, es un paso “significativo en la buena dirección” y lo ve “positivo” porque “rectifica una situación anómala como la que representa que durante décadas las personas presas no pudieran acogerse a las posibilidades legales existentes de mejora de su situación penitenciaria”.

Asimismo, ha hecho referencia a la carta remitida hace algunas semanas por el lehendakari, Iñigo Urkullu, a las personas presas para recordar que se subrayaba que “el cambio en la política penitenciaria requiere crear un contexto favorable al mismo” y que este nuevo contexto también necesita “de la contribución de las personas presas y de su entorno político”.

“Esta decisión del colectivo EPPK avanza en la creación de ese contexto favorable para el cambio de la política penitenciaria también por parte del Gobierno español”, ha defendido.

En este sentido, ha subrayado que ahora “es preciso pasar de las palabras a los hechos” y cree que esta votación “debe traducirse en hechos concretos que conllevan dar pasos que no vuelvan a demorarse durante años y que afronten la realidad de las vías legales”.

“Es significativo porque, desde el punto de vista legal, el acercamiento de las personas presas a cárceles próximas a su entorno familiar no requiere el cumplimiento de condición previa. Sin embargo, las vías legales e individuales para la progresión de grados y la resocialización requieren un reconocimiento crítico del daño causado. El camino no termina con esta decisión, sino que empieza a partir de esta decisión”, ha insistido

Por otro lado, ha recordado el cese definitivo de la violencia de ETA en 2011 y el anuncio de desarme “legal, definitivo y sin contrapartidas” del pasado 8 de abril, para señalar que esta decisión del colectivo de presos “confirma un cambio sustancial de las circunstancias”.

CAMBIO DE POLÍTICA PENITENCIARIA

En este contexto, el Gobierno Vasco considera que es “impostergable” que el Gobierno central comparta con el Ejecutivo vasco una “reflexión sobre el cambio de la política penitenciaria, tal y como este pasado jueves expresó el Parlamento Vasco” con una iniciativa respaldada por todos los grupos, excepto el PP, que solicitaba la excarcelación de los presos enfermos graves.

“Este cambio, como primer paso, debe contemplar el acercamiento de las personas presas a prisiones cercanas a su entorno familiar y atender prioritariamente las problemáticas de mayor incidencia humanitaria”, ha señalado Fernández.

En este sentido, ha hecho referencia a la carta remitida por el lehendakari al presidente del Gobierno central Mariano Rajoy en la que le proponía un encuentro donde abordar, entre otros asuntos, la retirada del recurso de la ley de víctimas de abusos policiales ante el Tribunal Constitucional y la política penitenciaria.

“El elementos fundamental que debe plantearse en un encuentro como ese es constatar que las circunstancias han cambiado y que la política penitenciaria, hoy y hace diez años, no puede ser la misma porque las circunstancias y el contexto son completamente diferentes”, ha defendido.

Para Fernández, “ambas instituciones deberían compartir las líneas generales de la política penitenciaria, atendiendo a lo que el propio Parlamento Vasco ha reclamado esta misma semana” y ha desvinculado este asunto de las mayorías políticas existentes en el Congreso porque cree que “debe haber una confluencia de convicciones y de entender que lo mejor para el país, para la sociedad y el futuro es que este tema se gestione de manera acordada, respetando las sensibilidades de todos y los principios legales”.

“Esta es la línea a la que estamos aspirando. Tenemos esperanza de que se pueda producir cambios y trabajamos para ello pero desde el punto de vista de la confluencia de convicciones”, ha reiterado.

Preguntado sobre la posibilidad de que se produzca una escisión en el colectivo de presos, ya que no todos han respaldado la propuesta, Fernández ha defendido que al Gobierno Vasco “no le corresponde analizar el alcance cuantitativo de la votación” y cree que lo que tiene “un peso y valor normativa en este contexto” es que haya sido respaldada por la mayoría del colectivo.