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Pymar aplaude el informe de devolución de ayudas del 'tax lease'

La asociación de astilleros españoles asegura que es "el primer paso para recuperar la confianza de los inversores".

Estima que los 126 millones de euros de devoluciones calculadas pueden reducirse "en función del porcentaje de ayuda que puede considerarse compatible"

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Pymar, la asociación que agrupa a los astilleros españoles, se ha congratulado del envío del Gobierno español a la Comisión Europea del listado de las ayudas al sector naval que se deben devolver. “Es el primer paso para recuperar la confianza de los inversores en este sector innovador y tecnológicamente avanzado”, asegura en un comunicado.

El listado estima que, entre 2007 y 2001, las ayudas que se deben devolver ascienden a 126 millones de euros. España ha acompañado esta información con un listado de las operaciones que han sido chequeadas por los técnicos del ministerio durante estos meses, desde que en julio la Comisión certificara la ilegalidad de dichas bonificaciones fiscales. El pasado 17 de julio, la Comisión europea resolvió que los beneficiarios del régimen fiscal establecido para el sector naval debían reembolsar las bonificaciones recibidas entre mayo de 2007 y 2011. Inicialmente las autoridades comunitarias planteaban que la devolución se remontara a 2005. La cifra que se había barajado inicialmente -y que posteriormente rebajó el ministro de Industria, José Manuel Soria- era que las bonificaciones fiscales de las que se habían beneficiado los inversores que habían entrado a construir barcos se acercaba a los 2.000 millones de euros.

Pymar ha celebrado “la rapidez” con la que el Gobierno ha logrado identificar y cuantificar el importe máximo sujeto a devolución. “La Administración ha realizado un trabajo muy complicado en un tiempo récord, y ha conseguido presentar su informe en tan solo dos meses desde la decisión tomada por la CE, cumpliendo los plazos establecidos en la decisión por Bruselas”.

La asociación entiende que los 126 millones de euros que Hacienda ha determinado podrían verse reducidos "en función del porcentaje de ayuda que pueda considerarse compatible, para lo que se deberá esperar a que se estudie cada una de las operaciones en detalle".

No obstante, considera “injusta y discriminatoria” la decisión de recuperación adoptada por la Comisión, y continúa defendiendo la validez de los argumentos que ha presentado durante todo el proceso. Por tanto, mantiene su apoyo firme al Gobierno español para que presente un recurso, antes del 28 de septiembre, a la resolución adoptada por la CE. “Se trata de argumentos sólidos, como la inacción de la CE durante 10 años, así como la seguridad jurídica y la confianza legítima que se había creado en el sector”.

Una vez que Hacienda ha cumplido con su deber de cuantificar la devolución de las ayudas, el naval confía en que Bruselas dé por buena la interpretación realizada por el Gobierno de España. En este sentido, Pymar recuerda que el vicepresidente de la CE y comisario de la Competencia, Joaquín Almunia, aseguró el pasado 18 de julio, al hacer pública la decisión, que “la CE, en el control sobre las normas de ayudas de Estado, no será en absoluto un obstáculo para el futuro, que deseamos sea brillante, del sector naval español”.

Por ese motivo, Pymar confía en que se logre restablecer la confianza en el sector naval español por parte de las entidades financieras e inversores y puedan ponerse en vigor los nuevos contratos en los que los astilleros llevan meses trabajando mediante el nuevo sistema de financiación de activos, que cuenta con todas las bendiciones por parte de la Comisión Europea.

“Los astilleros españoles, a pesar de este bloqueo durante los últimos dos años, mantienen su potencial innovador y su capacidad exportadora. Se encuentran entre los más competitivos del mundo, y muestra de ello es el interés de los armadores internacionales por seguir contratando nuevos buques. Para ello se necesita que la Administración, los inversores y los demás agentes mantengan su confianza en este sector del que dependen 87.000 familias en España”, concluye.

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