eldiario.es

9

“Los derechos se ganan paso a paso, pero se quitan rápido”

"Un Estado que oculta cosas a sus ciudadanos, no merece ser llamado un Estado de derecho", dice Jaume d'Urgell, presidente de la Fundación de Derechos Humanos.

"Es aberrante que se hayan desactivado en los últimos 11 meses 940.000 tarjetas sanitarias, la inmensa mayoría de inmigrantes".

"El proyecto de la Ley de Transparencia es una verguenza. Utilizar así la palabra transparencia es una barbaridad, es mentir abiertamente".

Jaume d'Urgell, presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.

Jaume d'Urgell, presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos.

Jaume d'Urgell es el presidente de la Fundación Internacional de Derechos Humanos, una fundación formada 15 miembros de todas las ideologías políticas, que se dedica a enseñar estos derechos, denunciar a quienes los violan y reconocer los méritos de quienes los promueven. 

Pregunta. ¿A qué se dedica la Fundación Internacional de Derechos Humanos?

Respuesta. Ante todo, hacemos pedagogía democrática. Explicamos a todo el mundo que tiene derechos, y que los tiene en igualdad. Difundimos los Derechos Humanos. Educamos. Estamos desde hace siete años 15 personas de seis países, y venimos desarrollando una actividad en Internet, aunque no nos ceñimos exclusivamente a ello. Por ejemplo, vamos a impartir un curso de Derechos Humanos en la Universidad Complutense. Nuestro segundo objetivo es denunciar. Muchos 'políticos estándar' dicen, por supuesto, “los Derechos Humanos, eso es bueno, es positivo, todos tenemos derechos”. Pero cuando les dices que hay un problema, que se está deteniendo a gente en las calles por el color de su piel... Eso es una burrada, y a los 'políticos estándares', sean del PP o del PSOE, cuando les recuerdas estas cosas ya no eres tan agradable.

P. Según Amnistía Internacional, los puntos negros de España son: la impunidad policial, los desahucios, la discriminación a los inmigrantes o la violencia de género. ¿Alguno que añadir a la lista?

R. Un problema muy grave es la exclusión sanitaria. Se están desactivando las cartillas sanitarias. En los últimos once meses 940.000 tarjetas sanitarias han sido desactivadas. Muchas, la inmensa mayoría, de inmigrantes. Buscan provocarles una situación de angustia tan importante, inasumible e insostenible, que se vean obligados a marcharse del país como vinieron. Es aberrante.

P. ¿En qué situación se encuentran España y Euskadi en cuanto al respeto a los Derechos Humanos?

R. Por fortuna, tanto por la inercia cultural del País Vasco, como por la acción de los sucesivos gobiernos, nacionalistas y socialistas, dentro de su margen de maniobra, en Euskadi algunas cosas son menos graves que en otras partes. En Bilbao es muy, muy raro ver controles policiales guiados por criterios racistas, por ejemplo. La sanidad pública, en Euskadi, atiende a todos. En Euskadi estamos mejor que en otros sitios, también, por ejemplo, en cuanto a la privatización de la sanidad y la educación. Se está dando, pero a un ritmo muy distinto al resto del estado. Sumado a la situación económica, menos desfavorable, aquí hay un mayor respeto institucional a los derechos humanos.

P. ¿Por qué sólo oímos hablar de los derechos civiles y políticos, y no de los derechos económicos, sociales o culturales, que también forman parte de los Derechos Humanos?

R. En todo el mundo, desde 2004, los partidos e intereses de ideología conservadora, se han propuesto reducir la efectividad de los derechos humanos, y lo están haciendo por la vía de decir que todo tiene un precio, y que algunas cosas son un lujo. Lo cual es un doble engaño. Algunas cosas no pueden ser tasadas con un número. Aún cuando no hubiera suficiente dinero, las prioridades que se están asignando a la hora de hacer los recortes evidencian la intención ideológica, que es ir restando derechos que se creían muy consolidados. Muchas veces, cuando se habla de Derechos Humanos, la gente piensa en los diez mandamientos: “no matarás”. Aunque EE UU ejecuta penas de muerte, lo que es una flagrante violación de los Derechos Humanos. Está prohibido que los niños trabajen, aunque no está prohibido vender cosas fabricadas por niños. No robar, no torturar, no secuestrar... Esos son los derechos que todos conocen. Pero los Derechos Humanos no son diez, sino 30. Y ninguno es más importante que los demás. La dignidad de las personas, es un derecho. La vivienda, la alimentación, el acceso a la cultura, son derechos. Todos tenemos derecho a un techo, aunque se vea sistemáticamente sometido a los intereses del mercado. El artículo 24, los derechos laborales. La gente tiene que saber que la Seguridad Social es un derecho, aunque la señora Esperanza Aguirre lo haya puesto en cuestión. A la gente hay que explicarle que tener derecho a unas vacaciones pagadas no es un regalo ni un capricho, ni un lujo, es un derecho humano.

P. Ha mencionado el derecho a la vivienda digna, un derecho recogido en el artículo 47 de la Constitución. Pero en la Constitución aparece no como derecho fundamental invocable por los ciudadanos, sino como principio rector de la política social. ¿Por qué?

R. Es muy curioso que exista un texto constitucional que prevea que una parte de su articulado no pueda ser exigida en los tribunales. También es muy curioso que exista una Constitución que en su primer artículo determine que el país es libre, social y democrático, y en el segundo apartado de ese primer artículo determine que nadie puede ser Jefe de Estado. La Constitución es contradictoria, por no decir inconstitucional en sí misma. Hasta hoy todos los gobiernos han permitido que sus principios rectores sean ignorados, y esto es muy triste. Por cierto, ese mismo artículo 47 es bastante extenso, y además de hablar sobre la vivienda digna, también prohíbe la especulación, y eso hay que recordarlo. Y lo dice con todas las letras, no es ninguna interpretación extraña. El Estado debe impedir la especulación inmobiliaria, y se incumple abiertamente. Hace años un profesor me señaló a un indigente, junto a un cartel que anunciaba un banco, y me dijo que cumplía una función muy útil a la banca. Ambos son anuncios. La hipoteca se dirige a un mercado, buscan primos para la usura. El indigente, al que el Estado podría dar un techo por lo que sería el presupuesto de medio año de Infraestructuras Públicas, cumple una función muy útil para el señor Emilio Botín: recordar a todos los que pagan una hipoteca a lo que se exponen si dejan de pagarla. El indigente es un anuncio publicitario, la constatación del abismo.

P. Ha hablado antes del derecho a participar en la vida cultural. ¿Qué implicaciones tiene entonces la subida del IVA cultural?

R. La Declaración Universal estipula que todo el mundo tiene derecho al acceso a la cultura sin discriminación por su capacidad económica. Pero quiere obligar a pagar por ir a una biblioteca, y en todos, o casi todos, los museos públicos hay que pagar entrada. Eso son violaciones flagrantes de los Derechos Humanos. Los pobres tienen todo el derecho a gozar de la cultura. Elevar el listón económico de lo que cuesta acceder a la cultura convierte a la cultura en un producto elitista, y facilita el embrutecimiento de la gente. Y quienes gobiernan con más facilidad un pueblo embrutecido han procurado siempre que la cultura esté sólo al alcance de las élites. Yo hace años pensaba que el progreso sólo podía ir a mejor. Un día los negros pudieron ir a la universidad y las mujeres abrirse una cuenta corriente, y esto último no fue hace tanto. Con mi edad, mi madre no podía abrirse una cuenta bancaria. A pesar de que los creamos consolidados, si no seguimos defendiendo nuestros derechos, nos los quitarán. Siempre habrá gente cuya codicia les lleva a violar nuestros derechos. Según pasan los años, no todo va a mejor. En cuestión de estabilidad laboral, en los años 60 estábamos mejor que ahora, teníamos más derechos laborales. Vamos hacia atrás, y retrocedemos muy deprisa. Cada año de gobierno del PP, supone un retroceso de muchas décadas de logros conseguidos por toda la sociedad española en su conjunto.

P. Uno de los objetivos de la fundación es fomentar la transparencia en las instituciones. ¿Es la transparencia un derecho fundamental? ¿Qué opinión te merece el proyecto de Ley de Transparencia?

R. El proyecto de ley es una vergüenza, y no debiera llamarse Ley de Transparencia. Utilizar así la palabra transparencia es una barbaridad, es mentir abiertamente. Y desde luego que tenemos derecho a saber lo que se hace en nuestro nombre, con nuestro dinero. Un estado que oculta cosas a sus ciudadanos, no merece ser llamado un estado de derecho.

P. Algunos politólogos sostienen que la desaparición de la izquierda tradicional ha empujado a la ciudadanía a romper con la política. ¿Está de acuerdo?

R. La izquierda tradicional no ha desaparecido. La izquierda, por su propia condición, es plural. Hay una izquierda más moderada, pero también una más tradicional. El PSOE es una socialdemocracia estándar. IU, por ejemplo, es lo más parecido a una izquierda tradicional, coherente, consistente y completa. Luego hay una serie de “micropartidos” más de vanguardia. El PSOE, aún con sus cambios, tiene una posición muy consolidada a nivel ideológico desde hace 135 años. Y el Partido Comunista también.

P. Muchos partidos de los llamados minoritarios piden un cambio en el sistema electoral. ¿Está de acuerdo?

R. Sí. Hay que mejorar la representatividad. No parece de recibo que en Madrid un senador con millón y medio de votos se quede sin escaño, pero la Isla de El Hierro tenga un senador votado por 2.086 personas. Hay que respetar las singularidades, sí, y los territorios deben estar representados. Pero entre 2.086 y millón y medio, dista un universo. Nuestra constitución es casi un 'copy-paste' de la alemana. Ellos funcionan casi igual, pero algo mejor. Todos los votos que se quedan sin representación los suman, y los aplican como si fuesen una provincia más. Eso mejora la representatividad sin cambiar mucho las cosas. Y eso es lo deseable. Lo lógico sería que el Senado representara a los territorios, y el Congreso a toda la ciudadanía. Pero el Senado ha perdido su función original, si alguna vez la tuvo. Recordemos que en la primera legislatura, el Rey nombró a dedo a 40 amigos para que fueran senadores, los 40 que hoy designan las comunidades. Ha perdido esa función porque la derecha española no está dispuesta a llamar a las cosas por su nombre. En España no hay autonomías, hay estados federados. El Senado debiera ser una cámara federal.

P. En España se han dado protestas sociales, desde el 15-M a la PAH. Pero, ¿por qué estas movilizaciones no han sido tan masivas como en otros países?

R. Bueno, antes del 15-M ya había mucha gente protestando en España. En 2006 ya estaba la Plataforma por una Vivienda Digna, por ejemplo. Por desgracia una masa crítica de la población no puede estar todos los días de manifestación. La presión se tiene que concentrar. El PSOE no convoca una manifestación a la que no acudan, al menos, 100.000 personas. Y más en este país, donde las huelgas de verdad están prohibidas. No se puede congelar el país masivamente. Así se consiguió en su momento la jornada de ocho horas, y costó centenares de vidas. La gente no iba con una 'batucada' a pasarlo bien, la gente moría. El grado de concienciación social era distinto. Hoy hay que ser un gran estratega. La manifestación continua no funciona. Es un error de estrategia política exigir la utopía para esta tarde, por desgracia. Y no es cuestión de ser unos vendidos, la civilización tiene ritmos. No me entusiasma, pero es así. Las cosas sólo pueden ir deprisa hacia mal. Los derechos se ganan paso a paso, pero se quitan rápido. 

 

Muy Bien, has hecho Like

¿Qué tipo de error has visto?
¿La sugerencia que quieres realizar no está entre estas opciones? Puedes realizar otro tipo de consultas en eldiario.es responde.
Error ortográfico o gramatical Dato erróneo

¡Muchas gracias por tu ayuda!
El equipo de redacción de eldiario.es revisará el texto teniendo en cuenta tu reporte.

Comentar

Enviar comentario

Comentar

Comentarios

Ordenar por: Relevancia | Fecha