Los abogados detenidos en la 'Operación Mate' dicen que el operativo “no tiene fundamento jurídico”
Los doce abogados detenidos la pasada semana en la operación 'Mate' han denunciado que el operativo “no tiene ningún tipo de fundamento jurídico”, sino que su objetivo es “aislar jurídica, política y socialmente” a los presos de ETA. En este sentido, han mostrado su compromiso para que los reclusos no queden “sin defensa”.
En una comparecencia en el Colegio de Abogados de Bilbao, Kepa Mancisidor y Onintza Ostolaza han censurado, en nombre de los doce letrados, que la operación tiene un “carácter político y mediático” y su “objetivo final” es el de “aislar jurídica, política y socialmente a los presos” en un momento en que “las iniciativas jurídicas por parte de los miembros del colectivo de presos políticos vascos es más grande y, de manera más importante, necesitan el apoyo jurídico de los abogados”.
En este sentido, han recordado que el propio ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, “reconoció” el objetivo de la 'operación Mate' “cuando dijo que habían conseguido dejar sin defensa a los presos”.
En cualquier caso, han asegurado que, por parte de los abogados que trabajan por “los intereses” de los reclusos, “no se van a quedar sin esa defensa”. Asimismo, han instado a que “las muestras de afecto, solidaridad y ayuda” que han recibido tras ser detenidos se “repercutan” a los presos de forma “multiplicada por infinito”.
Tras insistir en que la operación “no tiene ningún fundamento jurídico”, han denunciado que, en este operativo, se han producido “irregularidades en diversos ámbitos” y, además, las medidas cautelares dictadas por el juez instructor “pretenden, de facto, la imposibilidad de desarrollar” su trabajo debido a “las trabas” que se ponen.
En este sentido, han explicado que les prohíbe realizar visitas a sus clientes y se “bloquean” sus cuentas particulares y de sus despachos, con lo que “difícilmente” pueden seguir realizando su labor. Asimismo, han alertado de que las medidas cautelares impuestas suponen una “provocación al delito” ya que les obliga a “actuar de la misma manera que nos imputa haber actuado hasta ahora”.
Entre las “irregularidades” que han denunciado, se encuentra el hecho de haber sido detenidos pese a que habían hecho saber al juez el pasado verano, mediante escritos y a través de los decanos de abogados de Bizkaia y Gipuzkoa, su disposición a comparecer y aportar “lo que se requiera”.
También han censurado que los registros en sus despachos se realizaron en algunos casos sin su presencia. Del mismo modo, han destacado que, a pesar de que “el objetivo del operativo era la investigación de delitos económicos, se han mirado cientos de expedientes de carácter jurídico, vulnerando el derecho de defensa de nuestros clientes, y se han incautado documentos jurídicos pertenecientes a expedientes” que tienen “entre manos”.
Los abogados han considerado “poco explicable” que el auto de prisión de las tres personas que fueron encarceladas tras la operación policial, de “quince folios”, fuera redactado “en cinco minutos”, por lo que han advertido de que “previamente tenía dictada la resolución”. Además, han destacado que tiene “fecha posterior a la que en teoría se dictó” y que coincide con “la que en principio estaba previsto que pasaran a disposición judicial”.
Asimismo, han criticado que las diligencias para comprobar si existió delito contra la Hacienda se iniciaron una vez que estaban detenidos, sin hacer “las mínimas comprobaciones” con carácter previo.
Los letrados han destacado que el operativo se produce dentro del sumario del proceso contra Herrira, en el que todos ellos actuaban como abogados defensores, y para “ocultarles” la operación, se ha tenido que recurrir a “una pieza secreta, vulnerando el derecho de defensa”.
Recursos
Según han explicado, los abogados están interponiendo los correspondientes recursos contra las resoluciones dictadas y han remitido sendos escritos ante la Sala de Gobierno y la Presidencia de la Audiencia Nacional para exponer que, con las medidas cautelares dictadas, su labor “deviene prácticamente imposible”. Asimismo, están realizando las correspondientes gestiones ante los Colegios de Abogados para que les “amparen”.
“Reafirmamos nuestro compromiso con el trabajo que hemos venido desarrollando y la intención de seguir desarrollándolo”, ha indicado Mancisidor, que ha confiado en que, tras estas gestiones para poder hacerlo con “las debidas garantías” y poniendo “por encima los derechos” de los reclusos, permitan continuar haciéndolo.
