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El exjefe de Prensa de Urkullu se sacude el escándalo de las informaciones pagadas

En su declaración como investigado, Iñaki Bernardo solo se ha hecho responsable de dos contratos que firmó en Lehendakaritza con los medios afines al PNV y se ha parapetado en que eran patrocinios legales, no publicidad

UPyD pedirá que la jueza extienda la investigación de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y fraude en la contratación al resto de responsables de prensa de los Departamentos que contrataron con el grupo afín al Gobierno

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El exdirector de Comunicación del lehendakari, Íñigo Urkullu, se ha querido sacudir de un plumazo el escándalo de las informaciones pagadas a un grupo afín al Ejecutivo y solo se ha responsabilizado de los contratos firmados desde la Lehendakaritza. Iñaki Bernardo ha negado en su declaración como investigado en el caso de las informaciones pagadas con dinero publico al Grupo Noticias, afín al PNV, haber cometido delito alguno y ha asegurado que los contratos firmados eran patrocinios legales y no publicidad encubierta.

En concreto, Bernardo -que no ha contestado a las preguntas de la acusación, en nombre de UPyD- se ha responsabilizado de la adjudicación realizada desde la  Lehendakaritza  a Eusko Media -del Grupo Noticias-  por un importe de 11.797,50 euros con un plazo de ejecución del 8 de enero de 2014 al 30 de junio de este año. En concreto, el contrato se refería a la "realización y emisión de espacios sobre vascos en el mundo", según se detalla en la información oficial sobre externalizaciones difundida por eldiarionorte.es . Y se ha responsabilizado también de otro contrato más -relacionado con la emisión de un programa radiofónico con motivo del Día Internacional de los Derechos Humanos "derivando la responsabilidad del resto de contratos supuestamente irregulares la resto de Departamento del Ejecutivo" implicados, entre ellos los de Cultura, Empleo, Seguridad, Medio Ambiente y Justicia y Administración Pública. UPyD ha llegado a cifrar el montante total de lo contratado con el Grupo Noticias en 241.180 euros tras la ampliación de la querella inicial.

En todo momento ha insistido que se trataba de "contratos de patrocinio" y no de publicidad y que no había por tanto delito alguno en esas adjudicaciones. Tras su declaración, la representación legal de Bernardo ha solicitado el sobreseimiento del caso. La acusación, por contra, ha recordado que la Ley General de Publicidad también recoge la figura de los patrocinios, pero que en este caso se habría producido una vulneración de la legalidad por el "trato de favor que se hizo durante años hacia el Grupo Noticias", afín al Ejecutivo peneuvista.

El letrado de UPyD, partido que denunció el caso en los tribunales, ha anunciado que solicitará a la jueza que llame a declarar en calidad de investigados a los responsables de comunicación de todos esos departamentos gubernamentales que contrataron una serie de campañas de publicidad insertadas en medios afines al PNV haciéndolas pasar por noticias.

"Sacar ventaja política"

La magistrada encargada del caso, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Vitoria, sostenía en su auto de imputación del pasado 14 de octubre que los hechos denunciados podrían ser constitutivos de los delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y de fraude en la contratación. La denuncia fue presentada por el portavoz parlamentario en la Cámara vasca y único diputado de UPyD, Gorka Maneiro, que este lunes ha subrayado la gravedad de los delitos que se investigan. "Efectivamente da la sensación de que el Gobierno Vasco pretendía beneficiarse a sí mismo, que determinados medios de comunicación hablaran bien de él para sacar ventaja política respecto a los demás partidos y eso es un escándalo democrático", ha declarado.

La jueza quiso expresamente precisar en aquella resolución judicial que, dado el estadio inicial de las diligencias, "como resulta obvio todavía no existen indicios racionales de criminalidad en la actuación del querellado" y añadió que "no existe por el momento ningún dato o indicio que ponga de relieve la existencia del peligro o la probabilidad de que el mismo lleve a cabo durante la tramitación del procedimiento actos que imposibiliten la efectividad de una eventual sentencia condenatoria". Tras la imputación, Bernardo optó por apartarse ese mismo día del cargo al menos hasta que se produjera su declaración.

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