Nuevos tiempos para los astilleros vascos

El Tribunal General de la Unión Europea ha declarado que el sistema español de arrendamiento fiscal, conocido como 'tax lease', es legal, poniendo fin así a la zozobra sufrida por el sector naval durante los últimos años. Se trata de un engranaje tributario que el Gobierno creó en su día con el objetivo de incentivar las inversiones en el sector naval y del que se beneficiaron varias decenas de empresas e inversores. El sistema de arrendamiento permitía generar créditos fiscales a las empresas que invertían en la construcción de buques para su posterior arrendamiento y venta a navieras, que a su vez los compraban con un descuento de entre el 20% y el 30%. Las empresas rebajaban su factura fiscal, los astilleros recibían pedidos y generaban empleo y las navieras adquirían barcos más baratos. La Comisión Europea consideró esta práctica una ayuda de Estado ilegal y obligó a Hacienda a calcular y reclamar el importe no embolsado por los inversores, pero eximió a las navieras y a los astilleros. Además, prohibía seguir aplicando en el futuro los créditos fiscales generados con el 'tax lease'. El Ministerio de Hacienda cifró esa cantidad en 126 millones de euros, aunque el Ejecutivo europeo jamás validó el número, ya que lo consideró demasiado bajo.

La apertura del expediente de investigación, que se produjo en un duro contexto de crisis económica y bajo el mandato del entonces comisario de Competencia y vicepresidente de la Comisión Europea, Joaquín Almunia, supuso la inmediata paralización de pedidos de nuevas construcciones en el país  y conllevó un drástico frenazo en la actividad para todo el sector, con unos efectos devastadores para la industria naval.

El dictamen del Tribunal responde a un recurso interpuesto por el Gobierno español en contra del Ejecutivo comunitario y otro presentado por Lico Leasing y Pymar (la sociedad que agrupa a los principales astilleros privados españoles). El Tribunal ha determinado que el sistema de arrendamiento fiscal no constituía ayuda de estado, tal y como defendió España y Pymar desde un primer momento. El Tribunal considera que este sistema no tiene carácter selectivo, ya que todos los contribuyentes en España que desarrollaran una actividad económica e invirtieran en este tipo de operaciones podían resultar beneficiarios del sistema.

“Máxima seguridad jurídica”

La consejera de Desarrollo Económico y Competitividad del Gobierno vasco, Arantxa Tapia, ha recordado que los últimos años (hasta conocer la sentencia) han sido de “mucha zozobra” y ha afectado negativamente a la reputación internacional de los astilleros vascos aunque “estos hayan sabido estar a la altura y responder ante las amenazas del contexto tanto económico como institucional, a nivel internacional”.

Un escenario que, en plena crisis financiera, ha mantenido en vilo también al sector financiero, “complicando, aún más si cabe, los mecanismos y garantías de préstamos y avales para la contratación de nuevos buques”. Para la consejera, la sentencia abre un nuevo escenario, pero queda pendiente de que puedan aclararse algunos pasajes asociados a la posible compensación de los daños y perjuicios provocados por parte de “quien inició y por quien tampoco paralizó proceso”.

“Entendemos que se trata de una reclamación legítima por parte del  sector teniendo en cuenta que desde el inicio tenía que haber imperado un principio de mayor prudencia institucional”. El Gobierno vasco velará para que la nueva etapa de los astilleros vascos discurra en un régimen de “máxima seguridad jurídica” que permita pasar página al “negro capítulo del tax lease, posibilite fortalecer y dignificar el mecanismo de financiación vigente, y abra un escenario en el que la competencia comercial pueda desarrollarse bajo criterios única y exclusivamente de competitividad”.