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Navarra ensaya con éxito la Renta Garantizada: más de 36.000 personas esquivan la exclusión económica

La Comunidad foral gasta 103,5 millones en cubrir las necesidades básicas de cualquier persona, sin excepción, que lleve empadronada dos años

El educador de calle Arkaitz Ulayar conversa con Imanol Montero, que vive en un cajero.

El educador de calle Arkaitz Ulayar conversa con Imanol Montero (de espaldas), que vive en un cajero. Miguel M. Ariztegi

Navarra disfruta de buenos indicativos socioeconómicos: tiene la menor tasa de paro (8,19%) y el menor riesgo de pobreza (13,5%) de España, según el INE. Al echar la vista atrás ahora que termina la legislatura del Gobierno del cambio, como ha conseguido seguir llamándose, la presidenta, Uxue Barkos, y los cuatro partidos que lo sustentan -Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda-Ezkerra-, se enorgullecen de un hito social: la Ley Foral 15/2016, de 11 de noviembre, por la que se regulan los Derechos a la Inclusión y a la Renta Garantizada, que ha demostrado ser una herramienta eficaz para luchar contra la exclusión económica.

Objeto de debate en medio mundo por la progresiva disminución del trabajo que provocan los adelantos tecnológicos, la Renta Garantizada se concreta en Navarra en una prestación subsidiaria y complementaria de cualquier otro ingreso al que se pueda tener derecho, y supone una cuantía vinculada al número de personas que conforman la unidad familiar, que va desde los 600 euros para las personas individuales a los 1.222 euros para las familias de 6 miembros o más. La media mensual de la prestación en el momento de la concesión ha sido de 686,14 euros al mes por unidad familiar en 2018. Son más de 12.000 familias las que se benefician de este subsidio.

De acuerdo a los datos aportados por el vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra, Miguel Laparra, el programa de Renta Garantizada costó el año pasado a las arcas públicas forales 103,5 millones, lo que supone un incremento del 5,5% respecto a 2017. No obstante, la mejora de la economía indica una tendencia descendente en las unidades familiares perceptoras, que se han reducido un 1,7% en los últimos meses.

En todo el año 2018 fueron beneficiarias de Renta Garantizada o Renta de Inclusión Social un total de 36.303 personas, lo que supone un 2,22% más que en 2017. De ellas, el 52,87% fueron mujeres y el 47,13% hombres. Por grupos de edad, el mayoritario (el 36,45%) eran menores (es decir, 13.233). Los solicitantes con nacionalidad española siguen siendo mayoritarios (el 65,4%).

Un total de 6.997 personas en edad laboral que han percibido la prestación han sido contratadas a lo largo de 2018, representan el 30% de las personas perceptoras en edad laboral. Como dato, los migrantes presentan un mayor porcentaje de contratación, por encima de su porcentaje de representación en el conjunto total. El Gobierno de Navarra destina 1.320.000 euros para subvencionar la contratación de perceptores de renta garantizada y de trabajadores del sector agrario.

Ante algunas críticas por la falta de control del dinero público -descartadas por la Cámara de Comptos-, el Gobierno incrementó el control ordinario sobre las prestaciones entre 2015 y 2018, que ha alcanzado el 72% de los expedientes. Se aprecia que en solo un 4,41% del total se ha dado algún tipo de incumplimiento de la normativa.

Las personas detrás de los datos: Ahmed, Imanol y Esmeralda

Con la ayuda de la Fundación Xilema y la Red de Lucha Contra la Pobreza y la Exclusión Social, este periódico contacta con tres personas sin hogar, las que ocupan el espacio más precario entre los excluidos, y para quienes la Renta Garantizada supone un colchón en sentido literal y también figurado. La primera entrevista se desarrolla en el albergue para personas sin hogar de Pamplona, las dos siguientes en la calle.

Ahmed Boufnan, perceptor de la Renta Garantizada.

Ahmed Boufnan, perceptor de la Renta Garantizada. Miguel M. Ariztegi

Ahmed Boufnan, 65 años: “Soy feliz, ojalá pueda traer a mi familia”

Natural de Berkan, en Marruecos, Ahmed llegó a España en 1990, más concretamente a Murcia, donde trabajó en el campo como temporero. En 2007 se mudó a Pamplona. Tiene mujer y tres hijos, dos de ellos menores, en su ciudad natal, y su sueño es poder traerlos a vivir consigo: “Aquí soy feliz, estoy contento, no me falta de nada. Ojalá pueda traer a mi familia”, explica.

Después de dos años viviendo en el albergue para personas sin hogar de Pamplona, hace un mes ha alquilado una habitación por 200 euros en el Casco Viejo, en una zona algo deprimida en la que comparte piso con el dueño, ecuatoriano, y “un árabe”. Él es uno de los beneficiados de que la Renta Garantizada pueda cobrarse más allá de los 65 años. Musulmán practicante, asegura que no ha sentido racismo en España. “En mi país no tenía nada, no tenía para comer”, asegura.

Rubén Unanua, coordinador del Servicio para personas sin hogar de la Fundación Xilema.

Rubén Unanua, coordinador del Servicio para personas sin hogar de la Fundación Xilema. Miguel M. Ariztegi

Rubén Unanua, de 39 años, es trabajador social y coordinador del Servicio para personas sin hogar de Pamplona, gestionado por la fundación Xilema. “Ahmed ha seguido un buen proceso en el centro: se encargaba de limpiar las habitaciones, no estaba de brazos cruzados, y quiere seguir haciéndolo ahora que no vive aquí”.

Unanua critica la escalada de precios del alquiler, y remarca los incentivos al empleo que incluye la Renta Garantizada: “No pierden la ayuda por trabajar, se les resta con una curva proporcional y cobran un máximo de 1200 euros entre su sueldo y la ayuda. La gente quiere trabajar y ganar más de 600 euros en general. Es una renta de subsistencia, permite el alojamiento en piso compartido, comida y poquito más. Algo digno, pero sin ningún lujo”, recalca.

El albergue de Pamplona, de 50 plazas, solo se llena en agosto, "cuando llegan los temporeros", y cuenta con un equipo educativo, una trabajadora social y un psicólogo. Desde su posición, Rubén aprecia “poco fraude, y los primeros en combatirlo somos nosotros. Nos preocupan más los discursos racistas, xenófobos, la aporafobia”, subraya.

Esmeralda Gutiérrez (nombre ficticio), perceptora de la Renta Garantizada.

Esmeralda Gutiérrez (nombre ficticio), perceptora de la Renta Garantizada. Miguel M. Ariztegi

Esmeralda Gutiérrez (nombre ficticio), 44 años: “Es una muy buena ayuda para reencauzar mi vida”

Aparece con una lista de inmobiliarias que le han recomendado para tratar de alquilar una habitación. Esta pamplonesa lleva desde el 1 de mayo viviendo en el albergue para personas sin hogar. "La Renta Garantizada da para poca gaita -cobra 623 euros al mes-, y si estás en la calle mucho menos. Y yo ni bebo, ni fumo, ni me drogo, eh".

“Es la primera vez que me pasa esto. Vivía en un piso familiar de herencia y me han echado porque no pagaba gastos, porque vivía a la sopa boba”. Esmeralda lleva tres años sin trabajar. Antes se dedicaba al servicio doméstico, pero asegura que es un sector que ahora es exclusivo “de extranjeros”. Su problema es que los propietarios de pisos “no alquilan a perceptores de la Renta Garantizada, prefieren trabajadores”. En su caso sí ha votado en las generales, “y votaré en las municipales, forales y europeas”, subraya.

Arkaitz Ulayar, de 35 años, es educador de calle en la fundación Xilema, y confirma que el dinero no basta para alquilar: “Les piden nóminas, lo comprueban”. Y ese no es el único problema: “Cuesta 300 euros la habitación más barata. Se está especulando. Se podían encontrar a 180 euros hace dos años. Hoy el mínimo es 250, en hacinamiento e insalubridad muchas veces, pero lo normal son 300”, denuncia. En su opinión “un impuesto para las casas vacías de los bancos” paliaría el problema.

Imanol Montero, 61 años: “La Renta Garantizada es una maravilla”

Imanol vive en un cajero automático, como otras 16 personas en Pamplona. Están supervisadas y ayudadas por los servicios sociales. Dice que incluso se lleva bien con el director de la sucursal, porque cuando por las mañanas les avisan por megafonía de que deben abandonar su lecho, deja todo “limpio y recogido”.

Explica que pese a contar con una asignación mensual superior a los 600 euros, no le llega: “Una habitación cuesta 300 euros, y te piden dos meses de fianza. Y lo normal es que seleccionen a gente más joven, por lo que yo me quedo en pelotas”, argumenta. Ha vivido en el albergue para personas sin hogar, pero con su capacidad económica no puede seguir haciéndolo. Se queja de que “tienen miramientos con los de aquí que no tienen con los de fuera”. Tiene su ropa y una tele guardadas en un bar, aunque debe recogerlas porque necesitan el sitio para la bodega ante la proximidad de los Sanfermines. Enfermo, solo tiene un riñón y un pulmón, la última vez que trabajó fue en julio del año pasado. Su vida no es fácil, pero la Renta Garantizada separa una existencia incómoda de una inviable. La conversación sobre su vida le afecta y se despide con una pregunta: “Qué voy a hacer si no, ¿me pongo a llorar y me tiro al río?”.

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