Comptos censura que Estella duplicara el precio de expropiación de los terrenos de Oncineda por un propietario

La resaca de la burbuja inmobiliaria foral tiene en Estella uno de sus más claros exponentes. La ciudad del Ega se enfrenta a indemnizaciones de hasta 14,75 millones de euros por la expropiación de terrenos en la zona de Oncineda, donde el Ayuntamiento planeaba construir una ciudad deportiva que ya nunca verá la luz. Las obras no comenzaron siquiera debido a una gestión de la primera edil que decidió doblar el precio por metro cuadrado de las expropiaciones haciendo caso de un informe presentado por uno de los propietarios afectados y dejando de lado los de sus técnicos municipales.

Como el presupuesto municipal para 2018 asciende a 11,66 millones, hacer frente a esos pagos podría obligar al Gobierno foral a intervenir las cuentas del Ayuntamiento estellés para evitar la bancarrota.

Asun Olaechea, presidenta de la Cámara de Comptos, la institución fiscalizadora de la gestión económica y financiera del sector público en Navarra, ha presentado ante la Comisión de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local del Parlamento un informe demoledor sobre la gestión de la ex alcaldesa Begoña Ganuza, hoy parlamentaria de UPN, quien ha estado presente en la comisión pero no ha intervenido.

De acuerdo al informe de Comptos, el Ayuntamiento de Estella inició en 2005 una modificación del Plan Urbanístico para expropiar suelo en la zona no urbanizable de Oncineda para crear una ciudad deportiva con un coste estimado de 22 millones de euros. Entre febrero de 2006 y mayo de 2007, el Consistorio firmó 9 convenios urbanísticos y 6 anexos con los propietarios de los terrenos, que pagaría mediante la adjudicación de parcelas edificables de uso residencial en la zona de Ibarra.

Según un informe de valoración encargado por el Ayuntamiento en abril de 2006, el precio de los terrenos era de 43,94 euros por metro cuadrado; pero la alcaldesa firmó en diciembre de ese mismo año una valoración presentada por uno de los propietarios que elevaba dicha cantidad hasta los 108 euros por metro cuadrado sin análisis de ningún tipo. El informe de Comptos valora hoy esos terrenos en unos 17 euros por metro cuadrado.

Pese a que en abril de 2007 el Tribunal Superior de Justicia de Navarra dictó sentencia anulatoria del Plan Municipal por no haber sido sometido al preceptivo Trámite de Participación Pública, el municipio aprobó anexos a los convenios en mayo de 2007 y abril de 2008.

En resumen, los 89.539 metros cuadrados expropiados se pagarían a 108 euros el metro cuadrado en aplicación de una cláusula que extendía las mejores condiciones para los propietarios al conjunto de las expropiaciones. Además se fijó un plazo máximo de 8 años que, de no cumplirse -como ha ocurrido-, genera unas indemnizaciones de 14,75 millones de euros, en lugar de los 6 millones que estarían comprometidos si la alcaldesa hubiese hecho caso de los informes municipales y no de los externos aportados por uno de los propietarios de los terrenos.

Olaechea ha remarcado que la alcaldesa firmó los convenios “sin autorización expresa de la Junta de Gobierno local”, y que tampoco “constan informes jurídicos, urbanísticos ni económicos que justifiquen la operación” tal y como se ha desarrollado.

La “opinión desfavorable” de la Cámara de Comptos a la operación se sustenta en diversos puntos: la priorización de informes privados y externos frente a los de los técnicos municipales; la no autorización de la operación por parte del Pleno o la Junta de Gobierno; la ausencia de información pública del proceso, ni registro, ni archivo, ni acceso de los ciudadanos al expediente. Además, Comptos cuestiona la “idoneidad” de un informe de parte que doblaba el precio de indemnización: “No se justifica el valor muy superior de una parcela, cuestión imprescindible, ya que además afectaba al resto” de expropiaciones, ha censurado Olaechea.

Del informe a la discusión política

Así las cosas, el tono de las intervenciones de los políticos ha sido bronco.  El portavoz de Geroa Bai, Unai Hualde, ha acusado a UPN de dejar “un pastel detrás de otro” en referencia a las supuestas irregularidades durante su gestión. Asimismo, ha acusado a los regionalistas de “tener la boca muy grande” por sus críticas a la labor del cuatripartito porque “ni tuvieron rigor en el Gobierno, ni tienen rigor en la oposición”. Unos años de “caos permanente e inseguridad jurídica” que se concretan en una pregunta concreta: “¿Quién es el propietario beneficiario de tan graciosa concesión?”.

Por parte de EH Bildu, Adolfo Araiz ha pedido explicaciones a la ex alcaldesa, y le ha rogado que no se excuse “en el a mí nadie me avisó, nadie me dijo nada” para justificar “un pelotazo” que puede llegar a generar un procedimiento de responsabilidad patrimonial por negligencia grave si así lo decide el Consejo de Navarra.

Rubén Velasco, de Podemos, ha tildado de “manifiesta negligencia” el proceder de la ex alcaldesa. Y José Miguel Nuin, de Izquierda-Ezkerra, ha calificado de “absolutamente concluyente” el informe de Comptos, y ha alertado de que si el Consejo de Navarra no dicta la nulidad de la operación, el Ayuntamiento se enfrentaría a una posible quiebra.

Desde las filas de UPN, el parlamentario Luis Zarraluqui se ha mostrado “crítico” con el informe de Comptos “por algunas cosas que dice y sobre todo por lo que no dice”. Ha recordado que la decisión de construir la ciudad deportiva en Oncineda fue apoyado por PSN, PNV, I-E y Nafarroa Bai, pero no por UPN. Cuando Ganuza llegó a la Alcaldía “asumió el proyecto” y “el famoso anexo de los 108 euros venía acompañado de un informe de valoración de un técnico externo, firmado por la anterior alcaldesa y con el sello del Ayuntamiento”. Así las cosas, la alcaldesa “decide que por responsabilidad ha que firmar los anexos”.

También crítica con el informe se ha mostrado Inma Jurío, parlamentaria del PSN: “Resulta extraño que ahora nadie tiene conocimiento de lo que se estaba gestando, se intenta hacer ver que ha habido una total falta de transparencia sobre la tramitación del procedimiento”, cuando el proyecto “ha estado en el Gobierno de Navarra, en el Departamento de Ordenación del Territorio, en el Instituto de Deporte pidiendo subvenciones, en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y hasta ahora nadie había dicho nada”.

La portavoz del PPN, Ana Beltrán, ha considerado el informe “una caza de brujas política”, y ha acusado al cuatripartito de estar “arruinando Navarra”.