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“No vamos a permitir que ningún compañero pise la cárcel por participar en huelgas”

Los secretarios generales de CCOO y UGT Euskadi frente a la concentración por el derecho a huelga.

Laura Murillo Rubio

Bilbao —

Más de un centenar de sindicalistas de CCOO y UGT Euskadi se han manifestado en Bilbao en defensa del derecho de huelga y la libertad sindical que, según han indicado, está siendo “coartada” en estos momentos en España con más de 260 personas procesadas por su participación en huelgas y piquetes. Los secretarios generales vascos de ambos sindicatos, Unai Sordo y Raúl Arza, han denunciado como un “auténtico atropello democrático la persecución que se está dando en este país al derecho a la huelga de los trabajadores y trabajadoras”, debido a la existencia de 6 sentencias condenatorias y 81 procedimientos abiertos, algunos de carácter administrativo y otros penal, en los que se piden condenas que van desde los 3 a 8 años de prisión.

En la concentración, que también ha tenido lugar simultáneamente en Vitoria y San Sebastián así como en una decena de ciudades en toda España, el secretario general de CCOO Euskadi ha recriminado la utilización “absolutamente perversa” del artículo 315.3 del Cógido Penal (CP). Un hecho que “está provocando que en este país haya, por ejemplo, una condena de 3 años de cárcel para dos personas por haber manchado supuestamente una piscina pública”. Según denunciaba Sordo, “esto es un escándalo democrático en un país donde se ha indultado a banqueros, donde se están indultando a personas que tienen delitos cometidos por ejemplo con la circulación bajo los efectos del alcohol y donde se está generando una situación de impunidad en la corrupción”.

Del mismo modo, el secretario general de UGT Euskadi, Raúl Arza, también ha mostrado su oposición a lo que ha calificado como un “ataque contra el derecho de huelga que ha puesto en marcha el Gobierno del PP con la ayuda de la Fiscalía”. En nombre de su sindicato, Arza ha dicho que con estas medidas “quieren tratar de criminalizar y de callar a los trabajadores para que nos volvamos sumisos”. “Pero no lo van a conseguir. El derecho a huelga es un derecho fundamental para la ciudadanía y además es la única oposición que queda todavía contra las medidas de recorte de este Gobierno, por eso, no vamos a parar”, sentenciaba.

CCOO y UGT recuerdan a los compañeros imputados que “no están solos”

En este sentido, CCOO y UGT Euskadi han recordado que “el derecho a la huelga es un derecho que el sindicalismo va a seguir ejerciendo cuando lo considere oportuno”. “No nos van a amedrentar con estas medidas de represión respecto a los huelguistas y respecto a los piquetes informativos”, señalaban los líderes regionales de ambos sindicatos, mientras aseguraban que “el sindicalismo confederal no va a dejar solos” a los compañeros imputados.

Así, piden que se deje de aplicar “como se está haciendo ese artículo del Código Penal”. “Son 6 compañeros los que están condenados y condenadas a penas de cárcel. Por ello, pedimos que se proceda a revisar estas penas y que, llegado el caso, se modifique el propio Código Penal para no dar lugar a una interpretación tan sumamente desequilibrada”, anunciaba Sordo, quien ha asegurado que no pararán hasta revertir esta situación. “No vamos a permitir que ningún compañero pise la cárcel”, señalaba Arza.

“Estas medidas de ataque a las libertades civiles, a los derechos democráticos, al derecho a la huelga no es un verso libre. Se hace con la idea de coartar la reivindicación de derechos ante los efectos de las políticas de austeridad y de recorte, el paro y la creciente precariedad en el empleo”, detallaba el secretario general vasco de CCOO. “Son conscientes de que con los niveles de descontento actual entre la población, va a seguir habiendo una respuesta de movilización social y laboral. Y lo que pretenden es coartar esa respuesta atacando un derecho fundamental reconocido en la Constitución como es el derecho de huelga”, ha detallado sobre una situación “de gravedad” que ya han transmitido tanto al jefe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como al propio ministro Gallardón. “Se les ha trasladado el conjunto de los expedientes que están abiertos y la dinámica en la que ha entrado la Fiscalía. Se ha hecho también reseña tanto de las sentencias condenatorias como de las sentencias absolutorias y se ha solicitado que en los 6 casos de las personas que han sido condenadas, se proceda a revisar esas sentencias”, ha indicado Sordo.

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