Una injusticia deleznable

Fosas comunes en el cementerio de Porreres

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Después de leer en este diario el conmovedor reportaje de Olga Rodríguez sobre la excavación de una fosa común en La Garba, Asturias, en la que han sido exhumados de momento los restos de seis personas asesinadas y desaparecidas en 1938 y 1939 por la represión franquista, resulta inevitable preguntarse –una vez más, y tantas veces como haga falta- cómo se les ocurrió pensar a los arquitectos de la Transición que podría haber una verdadera reconciliación nacional mientras decenas de miles de españoles permanecían abandonados en fosas y cunetas.

En el relato no percibí ansias de venganza entre los familiares de las víctimas que acompañaban a los expertos de la Asociación para Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) durante los trabajos de identificación y recuperación de los cadáveres. Aunque tenían toda la legitimidad del mundo para albergar rabia y rencor por el trágico destino de sus seres queridos, su prioridad era encontrar los restos, darles una sepultura digna y reconstruir un pasado íntimo que les ha sido hurtado durante décadas de manipulación histórica. “Ojalá nuestros hermanos mayores estuvieran vivos para presenciar esto”, dijo Amparo Arias, de 86 años, al ser identificado el esqueleto de su padre, José Arias. “Esto ya va a acabar, ya van a estar juntines tu padre y tu madre”, intenta consolarla una vecina.

No solo los artífices de la Transición pensaron que podía edificarse una democracia tranquila y robusta sobre tantos cadáveres desperdigados por la geografía española. También lo pensaron Felipe González y José María Aznar, para quienes todo intento de “remover el pasado” podría tener graves consecuencias para la estabilidad del país. El hecho es que entre 30.000 y 114.000 víctimas de la Guerra Civil y el franquismo aún permanecían desparecidas en plena democracia como si tal cosa. Casi todas eran del bando republicano o señaladas de pertenecer a él, puesto que la práctica totalidad de las del bando nacional habían sido recuperadas por la dictadura y recibido una sepultura digna. Más aun: habían sido honradas en multitud de placas conmemorativas que aún pueden verse en plazas y calles de muchas ciudades y pueblos españoles.

Sabemos que la Transición se construyó en unos momentos difíciles, con la amenaza siempre presente de una involución, y que todos los participantes en su diseño hicieron concesiones para alcanzar el “único acuerdo posible” en tan complejas circunstancias. Aceptemos que la coyuntura era endiablada. Imaginemos que todos cedieron a partes iguales. Supongamos que era imposible otro acuerdo y que la única posibilidad de reconciliación pasaba por correr un tupido velo con el pasado. Más allá del debate sobre las supuestas virtudes del olvido –Theodor Adorno encabezó en la Alemania post-nazi la batalla contra los intentos de los líderes políticos de un borrón y cuenta nueva, que también allí los hubo en un comienzo-, lo que me cuesta entender es que aquel gran pacto transicional no hubiera incluido, así fuera por una razón elemental de humanidad o, si se quiere, por simple caridad cristiana, un compromiso para buscar y dar sepultura a los desparecidos que clamaban desde las fosas y las cunetas. Eso no era solo pasado; también doloroso presente. ¿Qué democracia era esta en la que el Estado no se atrevía, por miedos cervales, a honrar a todos los muertos mientras que el Estado bajo Franco había honrado con bombo a los suyos? ¿Es que podía caminar una democracia digna de tal nombre sobre tantos huesos esparcidos? 

La búsqueda de las víctimas republicanas la han desarrollado algunas asociaciones voluntariosas –notablemente la ARMH- con familiares de los desparecidos, de manera casi clandestina y con escasos recursos aportados en ocasiones por ayuntamientos sensibilizados. Ese trabajo de hormigas ha conseguido que en los últimos 20 años se hayan recuperado e identificado unos 10.000 esqueletos. Hubo que esperar hasta 2007, a la aprobación de la Ley de Memoria Histórica del Gobierno de Zapatero, para que el Estado contribuyera normativamente con subvenciones para las exhumaciones, pero las ayudas quedaron suspendidas durante los seis años y medio de mandato de Rajoy. Ahora, con la recién aprobada Ley de Memoria Democrática del Gobierno de Sánchez, se ha dado el paso que debió haberse dado desde los días primigenios de la Transición: adjudicar al Estado la responsabilidad directa en las tareas de recuperación de los restos de los desparecidos. Hoy existe cierto desorden en la actuación del aparato estatal; cabe esperar que la nueva ley –si el PP no la deroga en caso de llegar a la Moncloa o si los ayuntamientos en manos de la derecha no ponen más obstáculos- permita recuperar los restos de los al menos 20.000 españoles que siguen desaparecidos y se termine por reparar la que ha sido una de las injusticas más deleznables de esta etapa democrática. Va siendo hora, que se va a cumplir pronto medio siglo de la muerte del dictador.

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