No, este Ayuntamiento no hace lo que intentó Gallardón con el SER

Imagen de archivo: Varios coches aparcados en una calle de Madrid.

Inés Sabanés / Nacho Murgui

Concejala de Medio Ambiente y Movilidad / Concejal de Coordinación Territorial y Asociaciones y segundo teniente de Alcaldía —

Desde la presentación del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático se ha abierto el debate sobre el Servicio de Estacionamiento Regulado, un debate que viene de lejos y en el que ambos hemos participado desde hace años. Nos sorprende que en determinadas ocasiones se falte a la honestidad que se debería dar de oficio y que, por buscar el titular fácil o el minuto de gloria en YouTube, se pretenda reescribir la realidad, en este caso la historia de nuestra ciudad.

Corrían los últimos meses de 2005 y el que fuera por aquel entonces alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció la segunda fase de la extensión del Servicio de Estacionamiento Regulado, el SER, a 17 barrios más, algunos limítrofes de la M30 y los tres cascos históricos de Fuencarral, Hortaleza, Carabanchel.

Fueron meses complejos, de total ausencia de diálogo por parte del por aquel entonces Ejecutivo municipal del Partido Popular con las asociaciones de vecinos, que no fueron consultadas a la hora de implantar las nuevas zonas. Tanto desde Izquierda Unida como desde la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid nos opusimos a este modelo de gestión pública sin criterio y vía imposición ejecutiva. Acompañamos a la ciudadanía madrileña en la exigencia de una solución consensuada, desde dentro y desde fuera de la institución.

El grupo municipal de Izquierda Unida exigió en pleno la paralización del aparcamiento regulado en las nuevas zonas, denunciando un afán recaudatorio evidente, en un momento en que la deuda de la ciudad de Madrid comenzaba a incrementarse con las obras de la M-30 (que llegó a costar unos 6.000 millones), y eligiendo regular el aparcamiento en barrios y zonas donde no se había generado una necesidad, generando así un problema hasta entonces inexistente.

Por su parte, la FRAVM jugó un papel fundamental en la búsqueda de diálogo, mediando y facilitando encuentros entre los representantes vecinales y Gallardón, que en mayo ofreció a vecinas y vecinos renunciar a las plazas azules, pero manteniendo las nuevas para residentes, las verdes, con la consiguiente facturación anual a cargo de la ciudadanía. Una oferta totalmente insuficiente.

Y es que la verdad es tozuda: ya en 2006 y 2007 nosotros nos posicionamos con las y los vecinos de Madrid defendiendo su voz, reclamando su papel en la toma de decisiones que les afectaban en su día a día, en este caso a sus bolsillos, para sanear unas cuentas cuya deuda estaba siendo hinchada. Entonces ya lo sospechábamos y ahora, ya como cargos políticos del actual gobierno de Madrid, nos genera estupor conocer desde dentro los detalles de una gestión pública que elevó la deuda de Madrid de los 990 millones a finales del año 2000 hasta alcanzar los 7.733 millones a fines de 2012, con varias operaciones (venta de viviendas de la EMVs a fondos buitre, el agujero negro de Madrid Calle 30) que conllevaron sobrecostes, siendo lesivas para el Ayuntamiento y los intereses generales.

Volvamos a marzo de 2017. Estamos gobernando Madrid gracias al apoyo que recibimos en mayo de 2015. ¿Y qué estamos haciendo? Exactamente lo que hacíamos hace una década: representar y defendernos a todas y todos. Y no, no estamos haciendo lo mismo que intentó Gallardón con el SER.

En absoluto. Ahora estudiamos fórmulas, de forma conjunta con las asociaciones vecinales desde el primer momento y, de hecho, atendiendo a sus demandas, en las que los residentes no paguen nada, y dejen de tener dificultades de aparcamiento, pero que además puedan respirar un aire más limpio. Resulta absurdo escuchar acusaciones sobre un empeño recaudatorio, quizá, quién sabe, será por la costumbre, por aquello de quienes creen que todos son de su misma condición, cuando de hecho Madrid tiene un holgado superávit y algunas de las medidas del Plan A de Calidad del Aire y Cambio Climático pueden llegar a suponer una disminución de ingresos, como la eliminación de la plazas azules en el Área Central de Bajas Emisiones.

En estos diez años han cambiado las necesidades de movilidad en la ciudad y también las demandas vecinales. En concreto, se ha producido un efecto frontera en las zonas limítrofes de la M-30, que sufren atascos y un exceso de tráfico de conductores en busca de aparcamiento, y algunos barrios en vez de oponerse a controles en el estacionamiento piden soluciones, a las que daremos respuesta con esta nueva fórmula, que siempre se aplicará a demanda de vecinas y vecinos.

Algunos, sí, seguimos prefiriendo no aceptar como normal la falta de respeto a la inteligencia de ciudadanos y votantes. Porque somos ambas cosas y además, vecinas y vecinos gobernando una ciudad que queremos mejorar, tomando decisiones fruto del diálogo y la escucha, que nos ayuden a movernos, respirar y convivir en Madrid, la ciudad que amamos.

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