Conflicto de poderes, no de lealtades
En la clausura del XIII congreso del PSOE de Andalucía se produjo el insólito hecho de que la recién reelegida secretaria general de los socialistas andaluces se dirigiera al recién reelegido, y por el XXXIX congreso federal ratificado, secretario general del PSOE, en un tono conminatorio que de ninguna manera podía ocultar la amenaza que encerraba el mensaje que emitía. Susana Díaz, desde la tribuna del congreso, profiriendo su discurso desde un atril a sólo unos metros del lugar donde Pedro Sánchez estaba sentado, le espetó palabras de inaudita dureza en un contexto como ese al decirle en tono imperativo que no le obligara a elegir “entre la lealtad al PSOE y la lealtad a Andalucía”.
La apariencia del enunciado en cuestión era de sencillo dilema: si hubiera de acatar la posición del PSOE —refiriéndose a la propuesta sobre plurinacionalidad del Estado español plasmada en las resoluciones del último congreso federal—, dejaría descuidadas sus obligaciones en lo que se refiere a la defensa de los intereses de Andalucía, siendo presidenta de la misma. Si se volcara en velar por Andalucía, como sería su compromiso institucional, habría de aparcar la disciplina de partido e ir en contra de toda pretensión de conjugar la plurinacionalidad del Estado.
Mas cualquier persona atenta a mensaje tan equívoco como malévolo descubre al momento —así lo ha reflejado la prensa en general— que tras lo que prima facie se presenta como dilema, hay en verdad una amenaza en toda regla. Cual si fuera variante del milenario dicho “conmigo o contra mí”, la secretaria del PSOE-A formulaba un reto que lanzó a la cara del secretario general del PSOE —éste, aun con todo su aplomo, no pudo evitar que su gestualidad facial acusara el golpe bajo que en directo se le infligía—: si Pedro Sánchez, a la cabeza del partido, lidera el avance hacia el reconocimiento de la plurinacionalidad existente en la realidad política española, Susana Díaz, con sus fidelizadas huestes imbuidas de nacionalismo españolista, le presentará cara negándose a tal recorrido jurídico-político, por mucho que se hiciera en aras de salvar la unidad y cohesión del Estado español.
Sigamos teniendo en cuenta la percepción de cualquier observador externo respecto a una situación como la descrita, de la cual tenemos fidedignas crónicas escritas y fehacientes testimonios audiovisuales. Y si quien observa hace el análisis correspondiente, fácilmente concluye que hay un fuerte conflicto de poderes tras lo que las apariencias dilemáticas presentan como un conflicto de lealtades —falso conflicto de lealtades. En el congreso del PSOE andaluz se ha conformado un bloque de oposición interna a la dirección federal del partido, lo cual, amén de verse anunciado desde la convocatoria misma de tal congreso, en el desarrollo del mismo quedó patente, al aprobarse por casi un 95% de los delegados, la gestión de la ejecutiva saliente, encabezada por la misma Susana Díaz, a la sazón secretaria general de nuevo gracias a la abrumadora recogida de avales a su candidatura, haciéndola única para sólo ser aclamada en el cónclave del socialismo andaluz. Tal apoyo no hubiera sido objeto de reparo alguno si la ejecutiva saliente no hubiera estado involucrada de lleno, con su secretaria general al frente, en la defenestración de quien era el líder del PSOE.
No faltó el punto grotesco de expresar todo un sentido lamento por arrancar páginas del PSOE —en referencia al relevo de Alfonso Guerra en la dirección de la Fundación Pablo Iglesias— por parte de quien dirigió la conspiración para quitar de en medio al secretario general del PSOE. Todos estos elementos contextuales aportan claves del texto falsamente dilemático que constituyó el centro de gravedad del acto de clausura del congreso: el PSOE de Andalucía se afirmaba como bastión del sector del PSOE que quedó en minoría en el congreso federal, como quedó anticipado por la derrota en primarias de Susana Díaz frente a Pedro Sánchez.
Con todo, el conflicto de poderes que se expresa como conflicto de lealtades muestra a su vez cómo se juega tramposamente mediante el discurso de la lealtad. Ésta supone la fidelidad a los compromisos contraídos desde el respeto al deber que respecto a ello se tiene —el cual abarca el respeto a aquéllos con quienes se contrajo el compromiso. No se trata de eso que coloquialmente se llama “fidelidad perruna”, ciega y, en política, clientelarmente ahormada. Por ello la lealtad no excluye la crítica, pero exige que sea expresada abierta y limpiamente, lo cual implica hacerlo desde las posiciones públicas en que cabe esgrimirla, y si para mantener la crítica hay que dimitir de un cargo con cuyo desempeño colisiona, es lo que debe hacerse, en vez de utilizarlo como baluarte en una determinada confrontación de poder que puede llegar a ser ilegítima. Es el caso del conflicto de poderes que se deja ver entre Susana Díaz y Pedro Sánchez.
Pero hay más: lo que se hace patente en todo este asunto es cómo cualquier pieza del discurso político puede funcionar ideológicamente, en el sentido marxista de la expresión, es decir, de forma encubridora de los intereses en juego. Para cuestionar el federalismo pluralista se ha recurrido desde el PSOE de Andalucía al “federalismo cooperativo”, contraponiéndolos de manera mendaz.
Desde hace mucho tiempo no hay federalismo que no se presente como cooperativo; va de suyo que el pacto federal implica cooperación entre entidades federadas y de éstas con el poder que recae sobre las instancias estatales que encarnan la federación misma. El federalismo pluralista, aplicado a la pluralidad de naciones, ya implica cooperación. Luego cuando se insiste unilateralmente en ésta es para tapar ideológicamente el descrédito que se siembra respecto a aquél. Y para ello se pasa por alto incluso declaraciones de reputados miembros del PSOE en torno a la “nación de naciones”, desde Anselmo Carretero en 1948 durante su exilio mexicano hasta Felipe González y Carme Chacón, pasando por el diputado constituyente Peces-Barba. No interesa citar nada de eso, sino acumular viejas glorias en una primera fila para bendecir una operación de poder y reforzar la coartada españolista. Ésta, de manera chocante, se hace valer por un partido que promovió en la reforma del Estatuto de la Comunidad Autónoma andaluza que se recogiera su reconocimiento como nacionalidad histórica —Estatuto en el que hasta se menciona la Constitución Federal Andaluza de 1883— , y ello a la vez que se potencia dicha coartada descuidando la referencia a “nacionalidades y regiones” en el artículo 2 de la tan invocada Constitución.
Contraponer como excluyentes igualdad de derechos de los ciudadanos y reconocimiento de la legítima diversidad de naciones corresponde a algo que desde el PSOE no se propuso ni se intenta, como el secretario general se encargó de recordar en su discurso —con sabor a réplica. Y lo que muchos afirmamos al defender una propuesta federalista que contemple la pluralidad de naciones en el Estado es la imperiosa necesidad de dar respuesta con tal fórmula no sólo a la compleja realidad del Estado español, máxime en el punto actual de su agotamiento como Estado autonómico, sino de ofrecer vías de salida a la grave crisis que el Estado sufre en estos momentos. El conflicto de poderes en el campo socialista no es sólo un problema del PSOE; es un problema de España.
