La COVID se ceba con las falacias de la desigualdad

La desigualdad es inevitable. La desigualdad es inocua. La desigualdad es positiva y necesaria porque nos incentiva a desarrollar nuestro potencial. O el mercado retribuye a cada cual según su talento y esfuerzo. Estas son algunas de las falacias que venimos escuchando en los últimos años en torno a la crisis de desigualdad; falacias que la pandemia del coronavirus ha hecho trizas en un abrir y cerrar de ojos. 

No. La desigualdad no es inocua. La creciente brecha de ingresos, riqueza y oportunidades ha provocado, tras la irrupción de la pandemia del coronavirus, una distribución injusta del riesgo de perder el trabajo, de contagiarse, e incluso de morir. Tal y como se expone en el nuevo informe de Oxfam Intermón y Development Finance International, Índice de Compromiso para la Reducción de la Desigualdad, en Estados Unidos, la población negra y la de origen latino tienen el triple de probabilidades de infectarse, y el doble de probabilidades de morir que la población blanca. En Sudáfrica, solo una de cada diez familias negras dispone de un seguro de salud –contra siete de cada diez en el caso de familias blancas-, y el desempleo afecta seis veces más a las mujeres negras que a los hombres blancos. En España, la población inmigrante ha sufrido de forma desproporcionada el riesgo de engrosar las cifras del paro.

La desigualdad tampoco es la consecuencia lógica de diferencias en talento o esfuerzo. Los niveles actuales de desigualdad, obscenos, son el resultado de décadas de políticas públicas y prácticas equivocadas, elegidas por quienes gobiernan, asumidas, e incluso apoyadas por parte de la ciudadanía. Las políticas aplicadas para hacer frente a la crisis económica de 2008 –una crisis que fue, ya entonces, un síntoma evidente de un sistema neoliberal insostenible- han sido la alfombra roja sobre la que hoy vemos desfilar al coronavirus: continuos recortes en educación y sanidad públicas, devaluación salarial como estrategia estrella para la recuperación de la competitividad, deterioro alarmante de los sistemas de protección social y, por si todo esto fuera poco, continuas exenciones y bajadas de impuestos a las empresas y a las personas con mayor riqueza e ingresos. En España, el impuesto de sociedades recauda la mitad de lo que recaudaba antes del 2008, a pesar de que los beneficios se han recuperado plenamente, y de que los dividendos a los accionistas no paran de crecer. Y de aquellos barros, estos lodos.

El Índice de Compromiso para la Reducción de la Desigualdad analiza el esfuerzo de los gobiernos de 158 países por adoptar políticas que reduzcan las desigualdades y permitan avanzar en la creación de sociedades más justas, equitativas y cohesionadas. Lograr que las personas que más ganan sean las que más impuestos paguen, asegurar que las personas trabajadoras reciban a cambio de su trabajo un salario que les permita tener una vida digna, asegurar el acceso de todos y todas a la salud, la educación y a una pensión, o combatir la discriminación contra las mujeres, son algunos de los ámbitos de intervención pública analizados.

A la luz de los resultados, se podría pensar que estas políticas siguen siendo, en pleno siglo XXI, altamente revolucionarias. Tan solo uno de cada seis países invierten al menos un 15% de su presupuesto en salud, abandonando a millones de familias a su suerte; más de 100 países muestran graves deficiencias en su capacidad para proteger derechos fundamentales de las personas trabajadoras, como, por ejemplo, la cobertura en caso de enfermedad o el derecho de asociación para formar sindicatos. En los últimos años, prácticamente todos los países de la OCDE han bajado los impuestos a las empresas y a los salarios más altos, creando de ese modo sistemas tributarios que favorecen a quien menos lo necesita; y la mitad de los países analizados carecen de un marco legal adecuado contra las insoportables violencias machistas.

Por descontado, también hay ejemplos positivos en el análisis, ejemplos que demuestran que las recetas de corte neoliberal impulsadas en los últimos años por tantos gobiernos y los organismos multilaterales no son las únicas posibles. Sierra Leona, por ejemplo, ha combatido de forma eficaz la evasión fiscal en el sector minero, ha introducido un nuevo impuesto para gravar la propiedad, ha aumentado el salario mínimo y ha redoblado esfuerzos para garantizar el acceso a la educación secundaria. Hasta los propios países de la Unión Europea, en ocasiones, parecen haberse dado cuenta de que hay vida más allá de las bajadas de impuestos y los recortes al gasto social, como demuestra la introducción del Ingreso Mínimo Vital en España. La desigualdad extrema no es una lacra inevitable.

Ahora que las falacias se han demostrado indefendibles, se abre definitivamente ante nosotros y nosotras la posibilidad, no de una nueva normalidad, sino de una nueva conciencia que impregne la vida social, económica y política. Como dice Kuppers: “Lo importante es que lo más importante sea lo importante”.