El derecho a la ciudad de los vecinos
La oferta en alojamientos turísticos en Palma se ha disparado y ha incrementado hasta el 40% anual a partir del año 2013. Esta es una de las causas principales de la subida de los precios del alquiler de viviendas en Palma. En consecuencia, la renta familiar destinada al alquiler, ya en el año 2014, representaba casi el 40%, siendo la segunda ciudad del Estado después de Barcelona en que los residentes destinaban más porcentaje de su sueldo a la vivienda.
Desde este momento, ha habido dos situaciones conflictivas para los residentes: por una parte, como ya he señalado, el incremento del precio de las viviendas y el difícil acceso a ellas; por otro lado, esta modalidad ha generado numerosos conflictos de convivencia vecinal.
Al impacto de esta nueva forma de alojamiento de turistas hay que sumarle las deficientes políticas de vivienda ejecutadas en Palma durante las pasadas legislaturas. Actualmente sólo un 0’7% del total de viviendas de la ciudad son de alquiler social, frente el 10% de media de las capitales europeas.
Este contexto ha hecho que en Palma el precio del alquiler subiera la friolera de un 40% en 3 años, afectando muy negativamente a la calidad de vida de los ciudadanos. Por consiguiente, la situación actual es muy complicada para las familias de la ciudad. De hecho, no hay peor cosa para una ciudad que sus residentes no puedan seguir viviendo en ella.
La regulación de las estancias turísticas en viviendas plurifamiliares, impulsada por el gobierno municipal, es un aspecto clave para frenar su incidencia en el precio de las viviendas de alquiler y en la convivencia en los barrios.
Frente a estas dinámicas globales, en que todo el territorio es susceptible de turistizacion, la regulación de Palma como zona única frenará la subida de los precios de las viviendas en la ciudad.
La prohibición del alquiler en plurifamiliares permite evitar que un derecho básico como es el de tener una vivienda digna se convierta en un objeto preciado dentro del mercado inmobiliario especulador. La regulación favorecerá la buena convivencia entre vecinos y generará un nuevo equilibrio entre turistas y residentes.
Se trata de una decisión que defiende el interés general, y que forma parte de todo un conjunto de medidas en materia de vivienda que hemos impulsado a lo largo de esta legislatura. Desde el primer mes del gobierno del cambio, desde el Ajuntament de Palma hemos aplicado políticas valientes en materia de vivienda.
Hemos creado la Oficina Antideshaucios, que ha dado soluciones habitacionales a más de 1.000 familias para que no se quedasen sin casa (en ocasiones evitando los desahucios y en otras realojando a las familias).
Hemos destinado 17 millones de euros, junto con el Govern de les Illes Balears, a la construcción de vivienda social.
Hemos atendido al nuevo marco legal del Govern de les Illes Balears, desde la perspectiva de vivienda social que permiten las leyes de Turismo, de Urbanismo o la de Vivienda, ahora en tramitación parlamentaria.
Hemos rehabilitado y puesto en valor el mercado de vivienda existente.
El objetivo principal es que el Ajuntament planifique políticas de vivienda pública como recurso para la ciudadanía y genere un equilibrio para la buena convivencia entre el turista y el residente. Es muy importante planificar una ciudad habitable para quien la visita, pero especialmente tiene que ser habitable para quien la habita.
