¿Desafío u oportunidad?

La emergencia creada por la crisis del coronavirus está poniendo de manifiesto, aparte de la tragedia en términos de vidas y actividad económica, el debate sobre la capacidad del Estado para proveer servicios públicos y garantizar el bienestar de la población. Si acaso, la actual situación refleja con toda su crudeza el deterioro sufrido por las políticas públicas en este tiempo en España, tanto por gobiernos centrales como autonómicos.

El pasado 7 de febrero, antes que la crisis del coronavirus estallara en nuestro país, Philip Alston, Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la extrema pobreza y los derechos humanos, emitió su informe preliminar tras su visita oficial a España. En el momento de escribir este artículo, el Gobierno está preparando los comentarios a dicho informe, paso previo a la presentación del informe final ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en Ginebra en junio. Es, pues, un buen momento para recordar alguno de los principales hallazgos del Relator relativos a la situación de pobreza en nuestro país. El Gobierno haría bien en utilizar este informe para apuntalar algunas de las políticas públicas en esta legislatura. La importancia de dicho informe radica en su fundamentación, basada en los derechos humanos, y las consiguientes obligaciones para España para afrontar y dar soluciones a los problemas de extrema pobreza.

En su informe, Alston alerta sobre la creciente privatización de determinadas áreas del sistema de salud, que, según él, puede resultar en la priorización del beneficio económico sobre la provisión de servicios. Precisamente los servicios de salud son los que más se están viendo tensionados por la actual crisis sanitaria. Sin prejuicio de las extraordinarias dimensiones de ésta, el desbordamiento de las capacidades de respuesta del sistema de salud está estrechamente relacionado con los recortes de estos años. España es el cuarto país que más ha reducido el gasto sanitario en la pasada década: del 7% del PIB en 2009 al 6,2% en 2018 (OCDE, 2019). Los datos también muestran que dicho gasto por habitante es casi la mitad del de Alemania.

A ello, cabe añadir la baja ratio de médicos y personal de enfermería por habitante en comparación con su entorno. España dispone de 30 sanitarios por cada 1.000 habitantes, la mitad que Francia o Reino Unido, y alrededor de 136% menos que Alemania. En personal de enfermería, hay 5,7 por cada 1.000 habitantes, frente a los 13 de Alemania o los 11 de Francia. A esto debe sumarse el diferencial en el número de camas en UCIs: un 33% inferior al de Italia y un 222% al de Alemania.

Respecto al derecho a la vivienda, sorprende al Relator la escasa acción en este ámbito, pese a su estrecha relación con la pobreza. Así, los alquileres siguen subiendo a tasas alarmantes, un 50% entre 2013 y 2019, mientras que los salarios han perdido un 7,8% de su poder de compra en la última década. Alston critica que se haya permitido que inversores especulativos adquieran viviendas asequibles para personas de bajos ingresos e incrementen sustancialmente el alquiler, obligando a los inquilinos a abandonar sus hogares. Concretamente, se refiere a la venta de vivienda social a gran escala en Madrid al fondo Blackstone. El incremento de los alquileres conlleva elevadas tasas de desalojos: de 16.097 en 2006 a 59.671 en 2018 (y un total de 712.723 entre 2006 y el tercer trimestre de 2019). De hecho, más de dos quintas partes de la población española que vive con alquileres a precio de mercado gasta en vivienda el 42,1% de su renta disponible equivalente, solo superada por Lituania, Croacia, Bulgaria, Rumanía y Grecia (Eurostat, 2019).

El informe también resalta la existencia de una baja presión fiscal, un 35,4%, frente al 48,5% de Francia. Efectivamente, el modelo fiscal español es menos progresivo que sus socios europeos. España ocupa el número 18 en presión fiscal en la UE, cinco puntos menos que la media comunitaria (Eurostat, 2019). A su vez, grava las rentas del trabajo y el consumo de las familias por encima de las rentas de capital y la riqueza. Así, la recaudación del IRPF y del IVA es muy superior a la del impuesto de sociedades, distancia que se ha ampliado en la última década debido a la caída en la recaudación de éste último: de unos ingresos aproximados de 44.000 millones de Euros en 2007 a 22.700 millones en 2019 (Agencia Tributaria, 2019).

La reforma fiscal propuesta por el nuevo gobierno propone revertir algunas de estas deficiencias. Plantea extremar la lucha contra el fraude, subir el IRPF a los tramos más altos, establecer un porcentaje mínimo de tributación del impuesto de sociedades (y limitar la exención de dividendos), aunque aplaza la anunciada “tasa Google” para gravar servicios digitales.

A la debilidad del modelo fiscal español como mecanismo efectivo de redistribución de la renta, cabe añadir la importante devaluación salarial que se ha dado en estos últimos años, como se ha apuntado anteriormente.

Todo ello incide en la creciente desigualdad (el tercero en la UE) e intensidad de la pobreza (superior al 25%, el doble que Finlandia) que se da en España, como señala el Relator. Más de 12 millones de personas (más del 26% de la población española) están en riesgo de exclusión, 2,3 puntos más que hace una década, con mayor incidencia en mujeres, personas con discapacidad y la infancia, cebándose de manera especial con la población joven (EAPN, 2019).

El deterioro de los principales indicadores sociales es consecuencia, principalmente, de las políticas implementadas por los gobiernos nacionales y autonómicos en los últimos años. Pero también es el resultado de las medidas de austeridad impuestas desde instancias europeas en el marco de los planes de estabilidad macroeconómica. Estos planes, alineados con las recetas neoliberales, propugnan la consolidación fiscal como principio rector de la economía, con la consiguiente contracción del gasto social.

Más allá del contexto económico que resultará de la crisis del coronavirus, se hace ineludible revertir las políticas económicas dominantes en las últimas décadas: estabilización, desregulación, liberalización y privatización. Por contra, se hacen necesarias políticas que, en clave de derechos, refuercen la capacidad de respuesta de los servicios públicos ante la desigualdad, la precariedad y la exclusión.

Las observaciones del Relator sobre la pobreza extrema apuntan a que el Gobierno no puede abandonar sus responsabilidades pues tiene obligaciones directas con los derechos humanos. Éstas derivan de tratados internacionales que España ha ratificado, como el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Además, los derechos sociales y económicos se encuentran incorporados en la Constitución Española, que refuerzan la obligación de protegerlos. Como sentencia Alston, “la pobreza es en última instancia una opción política y los gobiernos pueden, si lo desean, optar por superarla”. El Gobierno español haría bien en considerar el informe del Relator como una oportunidad para apuntalar políticas públicas que tengan como objetivo combatir la extrema pobreza.