El golpe de Estado del cabo Casado (y el papel de los colaboradores objetivos)

Llamemos ya a las cosas por su nombre: se trata de un golpe de Estado. Un golpe de Estado llevado a cabo por uno de los líderes menos capaces que ha tenido el PP en los últimos cuarenta años: Casado. En verdad se trata de algo que viene cociéndose desde hace tiempo (una práctica política de ese partido, una costumbre de los conservadores españoles) pero que en los dos últimos años ha eclosionado con toda su fuerza: consiste en bloquear las instituciones democráticas en tanto que el PP no detente todo el poder del Estado. O dicho de otra forma: excepcionar de las reglas democráticas, al contrario de como está previsto en la Constitución, el control de órganos constitucionales clave para la actividad estatal: Consejo General del Poder Judicial, Tribunal de Cuentas, Tribunal Constitucional y Defensor del Pueblo. Nada menos.

Todo se ha intentado por el Gobierno para superar la situación. Todo, de la mano de los modos y maneras democráticas. Incluso se ha planteado cambiar la forma de designación de los miembros de alguno de los órganos citados para vencer el impasse, pero a la UE no le ha parecido “adecuado” y ha preferido, al menos de momento, que las cosas continúen igual. De esta forma, órganos constitucionales clave están bloqueados y paralizado el Estado en alguna de sus funciones esenciales, o peor (que es la realidad): pervertidas esas instituciones constitucionales de forma que han perdido su ya de por sí complicada legitimidad democrática y, desde luego, ya no expresan con sus decisiones y dictámenes la voluntad del pueblo. Es decir: cada vez más el CGPJ, el Tribunal Constitucional, etc., expresan los deseos de unos usurpadores y no de los ciudadanos.

¿Qué hacer? (descartada la detención de Casado, porque no sería constitucional; el llevar a prisión a Carlos Lesmes, porque no estaría de acuerdo con el Ordenamiento, etc...). Solo se me alcanza una posibilidad: este golpe de Estado está teniendo, objetivamente, unos indiscutibles colaboradores, precisamente los miembros de esos órganos constitucionales que ya tienen vencido su mandato y que continúan ejerciendo el cargo. Su presencia concede alguna apariencia de legitimidad a lo que está ocurriendo, y, sobre todo, impide que se visibilice una descarnada realidad: que el Partido Popular está violando la democracia.

Pues bien, únicamente la dimisión de todos los miembros de esos órganos permitirá poner al descubierto la trama golpista y ponerle freno, de forma que las instituciones de la UE bendigan lo que no es más que una legítima reacción de la mayoría de los ciudadanos contra los que están dinamitando la democracia española. Y no sirve ya la excusa, que algunos han formulado para no dimitir, de que si se van los demócratas de esos órganos solo quedarán los reaccionarios y todo sería peor. No. Lo peor es continuar dando una apariencia de normalidad democrática cuando no la hay. ¡Vacíense de demócratas esas instituciones! ¡Explíquese a los ciudadanos españoles, y a la UE (una vez que hayan dimitido los demócratas), que el Defensor del Pueblo se encuentra sin titular, que el CGPJ cuenta con solo la mitad de sus miembros, que quien se encarga del control del gasto está privado de parte de sus consejeros, y que el Tribunal Constitucional carece de suficientes magistrados porque alguien está traicionando la democracia española! Quizá en ese momento la UE se animará a ayudarnos a apagar el incendio del Reichstag y la democracia dejará de estar secuestrada por los perdedores en las últimas elecciones.