IFEMA, historia de una catástrofe provocada

Las catástrofes nunca vienen solas, las suele acompañar la mala gestión haciendo indistinguible dónde termina lo inevitable y dónde empieza lo provocado. Esta es la historia de IFEMA durante 2020 y lo que llevamos de 2021: una sucesión de errores, politiqueos y quién sabe qué más de los gobiernos de Almeida y Ayuso, que acrecentaron la crisis de una de las empresas más importantes de la región, a pesar de que tuvieron la oportunidad de paliarlos parcialmente.

Durante el mandato de Manuela Carmena garantizamos la independencia de gestión de IFEMA en lo político al contratar a un nuevo equipo directivo, que aún permanece al frente de la empresa. Es el estatus jurídico de este tipo de empresas públicas lo que afianza su independencia de gestión en lo económico. Este blindaje ante las injerencias políticas logró los mejores resultados de la historia del consorcio ferial en 2018 y en 2019 y esperábamos que también fuera así en 2020. 

Sin embargo, llegó la pandemia y detuvo la actividad, amenazando su supervivencia, igual que ha ocurrido con todos los negocios dependientes de la movilidad. En el caso de IFEMA había que sumar otras dos situaciones inducidas por el propio Gobierno regional: el uso de la instalación como hospital de campaña, algo que paralizó el espacio durante todo el pasado año, y la negativa de la derecha a modificar las condiciones jurídicas para continuar con la independencia de su gestión.

La oposición de Más Madrid a la primera decisión, utilizar IFEMA como hospital de campaña, es más que conocida. Consideramos que fue un error estratégico en la inversión pública, que tiempo después se incrementó con la construcción del Zendal, y que detrajo recursos clave de la Atención Primaria, la salud pública, los rastreadores e, incluso de los hospitales de red madrileña. Aún hoy no sabemos cuánto cobrará IFEMA por este alquiler de sus instalaciones. Dada la situación, no deja de ser una perfecta cuadratura de un círculo nada virtuoso.

Respecto a la segunda cuestión, en septiembre pasado el grupo municipal de Más Madrid propuso -precedido por una pregunta al Gobierno de España trabajada con nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, liderado por Íñigo Errejón- blindar su independencia de gestión. El objetivo era proporcionar al equipo directivo de IFEMA, y a todos los consorcios análogos en España, una herramienta esencial para tomar decisiones sin tener una espada de Damocles sobre la cabeza, sobre todo de cara a este 2021.

La propuesta consistía en solicitar al Ejecutivo una moratoria para 2020 y, si fuese necesario 2021, en la norma que dicta la disposición adicional 14 de la LRSAL, que rige que los consorcios públicos, para mantener el estatus de independencia de gestión, no pueden rendir pérdidas durante dos años consecutivos. De otra forma, pasan a formar parte de los presupuestos de la Administración Pública de la que dependen y a regirse de acuerdo con las normas de gestión de la misma. En el caso de IFEMA, esta situación impediría la agilidad que requiere el consorcio, poniendo en serio peligro la futura recuperación tras la crisis sanitaria de toda la región de Madrid.

La derecha, en el último minuto, no quiso apoyar la propuesta por motivos políticos, en parte por no aceptar una enmienda de gestión de un grupo político progresista, en parte por partidismo interno y en parte por fundamentalismo ideológico. Llegaron a argumentar que esta moratoria era “la excepción de la excepción” y que no sería aprobada por el Gobierno de Sánchez. Sin embargo, la propuesta fue apoyada y enmendada por el PSOE que, como luego observó el propio Gobierno de Almeida, no puede votar en Cibeles sin preguntar al Gobierno. 

Siempre caben más dudas, como si no será una operación que termine con la entrada de operadores privados en el consorcio, dejando la instalación en ámbito público, pero entregando el negocio a la iniciativa privada. El tiempo lo dirá y aquí lo dejamos por escrito para presentar batalla si se llega a plantear semejante aberración.

En 2021, las previsiones de IFEMA, influenciadas por la ceguera habitual de la Consejería de Sanidad de Madrid, pasaban por recuperar la actividad en Semana Santa. Algo que Más Madrid ya advirtió como altamente improbable, puesto que la evidencia médica apuntaba en otra dirección.

El resultado ha sido que los trabajadores acaban de recibir una propuesta del Comité Ejecutivo de IFEMA para realizar un ERTE de reducción de jornada, que irá negociándose en las próximas fechas, que afectará duramente a toda la plantilla hasta entrado 2022 y que pondrá en jaque la capacidad operativa de preparación de las próximas ferias.

Lograr beneficios es un objetivo de cualquier empresa pero también lo es sobrevivir y tener vocación de permanencia y, en el caso de las empresas públicas, su objetivo primordial es la prestación de un servicio público, tal y como reiteradamente ha recordado el Tribunal Supremo. Y la responsabilidad de los políticos y gestores públicos es cuidar del patrimonio colectivo, esa es su misión como responsables del bien común.

Ahora IFEMA, al estar condicionada a no tener una cuenta de resultados negativa en 2021, parece obligada a destruir su capacidad operativa y los vínculos sociales de una plantilla hasta ahora muy comprometida con una empresa que, y este dato es clave para entender nuestra perspectiva, cuenta con más de 85 millones de euros en caja fruto de los beneficios que ha ido atesorando en los últimos ejercicios, y que si bien estaban destinados a la ampliación de sus instalaciones, también sirven con músculo financiero para resistir la durísima prueba de la pandemia.

A la vista de la colección de errores de los actuales gobiernos municipal y regional, Más Madrid continuará insistiendo en buscar una solución sensata y ajustada a previsiones realistas desde el Congreso de los Diputados, la Asamblea de Madrid y el Ayuntamiento, pues aún se está a tiempo de negociar con el Estado la liberación de la espada de Damocles que tiene el segundo motor económico de Madrid.