Madrid no se toca
El Ayuntamiento de Madrid vuelve a hacer frente a las amenazantes misivas del Ministerio de Hacienda, en un segundo episodio de 'Montoro contra Madrid'. En esta ocasión se exige a Madrid un recorte de 238 millones de euros en 2017 y 243 millones en 2018. Este conflicto se ha querido reducir a un galimatías legal donde el Ayuntamiento de Madrid aparece como incumplidor de la sacrosanta Regla de Gasto que consiste en anticipar el pago de la deuda -que los anteriores gobiernos del PP contrajeron- sin poder dedicar el superávit a gasto social o inversiones. Pero de lo que se trata en realidad es de un embate político contra otro modelo de gobernar que antepone los intereses de una mayoría social a los de los bancos. Hoy, tras esta nueva ofensiva a la autonomía municipal y la democracia, los vecinos y vecinas de Madrid tenemos un Ayuntamiento intervenido de facto que con una periodicidad semanal debe remitir sus cuentas bajo la amenaza de medidas coercitivas más lesivas aún como la imposición de multas o la propia inhabilitación del Concejal de Hacienda.
Debemos tener presente que el Ayuntamiento de Madrid se encuentra en una situación financiera inmejorable. Gracias a una buena política de ingresos el consistorio ha generado un importante superávit (más de 1.000 millones de euros sólo en el año 2016), lo que equivale al 16% del total de todas las corporaciones locales, a la vez que ha incrementado la inversión total en un 102%, y la social el 74%. También ha reducido la deuda en más de un 34%, mientras que en ese mismo período la Comunidad de Madrid la ha aumentado en 5.461 millones de euros, es decir, un 20% más en un año. Está claro que las cuentas del Ayuntamiento de Madrid no suponen un riesgo para la economía del Estado español sino todo lo contrario. Las medidas adoptadas por el Ministerio de Hacienda responden a una estrategia clara: impugnar la puesta en marcha de políticas económicas alternativas al austericidio que dictamina la Troika.
Son numerosos los municipios y CCAA que no cumplen la Ley de Estabilidad Presupuestaria y la regla de gasto. Ni tan siquiera el propio Montoro y el gobierno central, que infringen de forma sistemática lo que prometieron a Bruselas con la rodilla hincada en el suelo. Es evidente la doble vara de medir que aplica el Partido Popular, cuya interpretación de la norma depende de si al frente se encuentran sus adversarios políticos o no. Así tenemos los ejemplos de Murcia, Jaén, Parla o Torrejón de la Calzada que tampoco han cumplido las reglas fiscales, pero, a diferencia de Madrid, estos y muchos otros casualmente son gobernados por el PP. Con estos municipios no se aplicaron las medidas coercitivas que se han impuesto a Madrid. Murcia, con una deuda superior al 100% de los ingresos ha podido invertir 173 millones en el tranvía, o Jaén (de dónde fue edil hasta hace un año el actual Secretario de Estado de Hacienda) que no ha cumplido nunca el objetivo de la Transparencia y ha estado lejos de hacerlo incrementando en cuatro años la deuda hasta el 482% de sus ingresos. De Parla y Torrejón, qué decir que una vez más en cuatro años han incrementado su deuda, desde el 71% hasta el 512% de sus ingresos en el caso de la primera, de 72% hasta el 258% en el caso de la segunda.
Hagamos memoria. Sufrimos las consecuencias de la reforma exprés del Artículo 135 de la Constitución Española, reforma que se hizo de espaldas a los ciudadanos y ciudadanas con el beneplácito del PP y el PSOE en un ataque frontal contra el estado de derecho. El artículo 135 introdujo como norma fundamental que guía las políticas públicas, la prioridad absoluta del pago de la deuda y sus intereses frente a las demandas de la mayoría social.
El desarrollo normativo del artículo 135 ha sido a todas luces discriminatorio respecto a otras entidades locales europeas donde el incumplimiento de la regla de gasto solo lleva aparejadas recomendaciones y no sanciones que provocan el ahogamiento de la economía local.
Montoro persigue que la ciudad de Madrid sea la abanderada de la austeridad y de la estabilidad presupuestaria, en coherencia con sus políticas al servicio de los intereses de las entidades financieras. Si el Ayuntamiento de Madrid apuesta por presupuestos expansivos en los que la inversión social es prioritaria, no está dedicando el dinero público a beneficiar y auxiliar a la banca, y eso molesta, y mucho, a aquellos que nos metieron en la crisis, dilapidando y robando el dinero de todas; aquellos que propiciaron un rescate que nos ha costado 77.000 millones, de los cuales les hemos perdonado a la banca 60.600 millones.
Quieren hacernos creer que no hay otro camino que el austericidio imponiendo por la vía de los hechos que el gasto en el bienestar de las personas es costoso e innecesario. Los gobiernos del cambio como el de Ahora Madrid y el movimiento municipalista surgido al calor del 15M suponen una amenaza al demostrar al resto del estado español que se puede gobernar en favor de la mayoría social incluso con sus leyes injustas.
Frente a este ataque a la soberanía municipal que Montoro y el gobierno del PP perpetran contra Madrid, toca hacer un llamamiento a la movilización en defensa del cambio de rumbo que hace más de dos años votamos en las urnas cuando fue posible desterrar al partido más corrupto de las instituciones. No podemos permitir que aquellos que no ganaron en las urnas pretendan gobernar a golpe de interpretaciones más que dudosas de la legalidad vigente. El pueblo de Madrid debe decir alto y claro que la democracia está por delante de leyes injustas que lesionan nuestros derechos y dejan a miles de ciudadanos en la estacada. Montoro pretende que el Ayuntamiento de Madrid no responda ante las demandas de la mayoría social. Necesidades que se traducen en escuelas infantiles, centros de salud, ayudas a la dependencia, ayudas de comedor, vivienda social y así un largo etcétera de competencias propias e impropias que asumen los municipios, en este caso la ciudad de Madrid, ante el desinterés de administraciones como la Comunidad de Madrid. ¿Cómo podemos darle ninguna credibilidad a un Partido Popular que en la Comunidad de Madrid se alía con Ciudadanos para tumbar la ILP de la vivienda? Este es el ejemplo más claro de lo que persiguen las políticas del Partido Popular, profundizar en las desigualdades y gobernar al dictado del Ibex 35.
Los ciudadanos y las ciudadanas de Madrid debemos mostrar nuestro más firme rechazo a esta norma injusta que es la Ley Orgánica 2/2012, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera y exigir la remoción del artículo 135 de la Constitución Española que constitucionaliza la miseria y la austeridad e impide a los municipios dedicar los recursos que obtienen a mejorar la vida de la gente. Para ello lanzamos una convocatoria a la movilización el próximo sábado 18 de noviembre a las 19 horas frente al Ministerio de Economía y Hacienda.
¡Montoro no ahogará a los Ayuntamientos del Cambio!
¡Madrid no se toca!
