¿Por qué no se impone un control de los precios de vacunas y medicamentos?
La ausencia de una respuesta eficaz y ordenada a la pandemia COVID-19 ha puesto de manifiesto de una forma dramática la falta de preparación mundial para enfrentarse a las epidemias causadas por infecciones virales con alto riesgo de mortalidad. Los riesgos que suponen los coronavirus y otros virus patógenos ya habían sido identificados repetidamente por la comunidad científica desde hacía años, notablemente después del Ébola. También han sido numerosas las advertencias acerca de cómo se podrían haber evitado los brotes generalizados con prevención y control mediante la dotación de suficiente personal de salud pública convenientemente entrenado (rastreadores, brigadas sanitarias, etc.), el refuerzo de la atención primaria, una inversión sustancialmente mayor en las tecnologías adecuadas y la constitución de plataformas de I+D. ¿Cuáles son algunas de las causas que determinan esta falta de respuesta a un riesgo grave y claramente identificado?
Los evidentes fallos en la respuesta a la pandemia SARS-COV 2
En primer lugar, parece evidente la falta de preparación de casi todos los Estados frente a enfermedades de baja probabilidad y alto riesgo. Los gobiernos, en el escenario de la política económica neoliberal dominante, disponen de presupuestos recortados y, por tanto, la preparación para epidemias de baja probabilidad aunque de muy alto riesgo, no se incluye dentro de las prioridades. Además, la naturaleza de las epidemias exige un grado de solidaridad y cooperación entre gobiernos y un papel efectivo y ejecutivo de instituciones internacionales, como la OMS y la ONU, que estas están muy lejos de poder adoptar por la falta de consenso en las decisiones y la insuficiente y en ocasiones inexistente financiación pública.
En segundo lugar, las empresas farmacéuticas han considerado que las perspectivas de negocio de las vacunas, tratamientos o diagnósticos para abordar una epidemia son de baja rentabilidad por las propias características de imprevisibilidad y las dificultades para definir niveles elevados de retorno de la inversión en I+D. Las farmacéuticas no han abordado, por ejemplo, el desarrollo de nuevos antibióticos o de vacunas y tratamientos para las enfermedades de los países en desarrollo, pues sus prioridades se encuentran en las enfermedades crónicas de los países ricos, que pueden pagar altos precios de una forma continua y sostenida.
Por último, como señalaba la Secretaría General de Naciones Unidas en 2015, “el fracaso en reducir los precios de las medicinas patentadas se traduce en que millones de personas que padecen enfermedades como el sida, la tuberculosis, la malaria, la hepatitis viral, otras enfermedades no contagiosas, o enfermedades raras, ven negado su acceso a tratamientos que les podían salvar la vida. Este fracaso afecta a Gobiernos y a individuos de países de renta baja, media y alta, donde los presupuestos ven amenazada su capacidad por los precios de los tratamientos”. Este fracaso, aún más evidente en la actual pandemia, condiciona y limita la capacidad de respuesta de los sistemas sanitarios.
La debilidad e inacción de gobiernos y organizaciones internacionales para garantizar un acceso universal y equitativo a los tratamientos necesarios
Una característica de la actual pandemia es la manifiesta debilidad de los Gobiernos para asegurar a los ciudadanos un acceso seguro, universal y gratuito a los tratamientos, medicamentos y vacunas haciendo uso de las normas y recursos legales disponibles. Así, observamos cómo el actual modelo de derechos de propiedad intelectual de los medicamentos origina un conflicto entre las patentes como derecho privado y las enormes dimensiones de un problema de salud pública que afecta a la humanidad. Ciertamente, el acuerdo sobre los Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual (ADPIC) relacionados con el Comercio de 1995, que generalizó el uso de patentes en medicamentos, reconoce de forma explícita, como reafirmó y aclaró posteriormente la Declaración de Doha, las denominadas “flexibilidades” en la aplicación de la propiedad intelectual, entre las que se encuentran las licencias obligatorias.
La licencia obligatoria es el derecho otorgado por un gobierno para el uso de una patente durante su período de vigencia sin el consentimiento del titular de la patente, para la producción, importación o suministro de medicamentos genéricos. Según el artículo 31 del Acuerdo sobre los ADPIC, un gobierno puede autorizar el uso de una patente para sus propios fines: uso público no comercial, gubernamental y asignable a una agencia estatal o a una empresa privada. La aplicación del anterior artículo, así como el artículo 73 sobre excepción de seguridad nacional, haría posible conseguir que el precio de los medicamentos y vacunas, o la limitada capacidad de producción de la empresa titular de la patente, no sean un obstáculo para el tratamiento de la pandemia.
Sorprende que en una situación donde la humanidad entera está afectada no se hayan aplicado de forma inmediata estas medidas para conseguir licencias voluntarias de las empresas o para, en su defecto, aprobar licencias obligatorias. El Gobierno de España debería actualizar sus facultades de concesión de licencias obligatorias, realizando las modificaciones necesarias en las normas legales y promoviendo los cambios necesarios en la legislación europea. Pero la triste realidad es que la mayoría de los países desarrollados y la Comisión Europea, influidos por la industria farmacéutica, siguen defendiendo un uso restrictivo —es decir, nulo— de las “flexibilidades”.
La posición restrictiva de la OMC en la aplicación de las flexibilidades previstas en la Declaración de Doha
Así, en plena pandemia mundial por la COVID-19, el Consejo del acuerdo ADPIC de la OMC se reunió el pasado 30 de julio para estudiar la aplicación de las patentes y las “flexibilidades” en el seno de la pandemia actual. En esta sesión, los países en desarrollo, liderados por Sudáfrica, pusieron de relieve las enormes dificultades para el acceso a los medicamentos, las vacunas y las tecnologías para hacer frente a la COVID-19. Plantearon que los derechos de propiedad intelectual no debían constituir un obstáculo para el acceso a estos productos. Además, su falta de capacidad de fabricación nacional les convierte en dependientes de las importaciones para conseguir los bienes y servicios necesarios para controlar la pandemia, como equipos de protección, mascarillas, pantallas faciales y antisépticos de manos, por lo que propusieron que, en estos casos, teniendo en cuenta la situación de pandemia, se pudieran aplicar también las “flexibilidades”.
Frente a estas propuestas, la posición de los países desarrollados fue desoladora, pues consideraron que la aplicación de licencias obligatorias podría afectar negativamente a la inversión en los tratamientos futuros, a su investigación y desarrollo, y podría “desalentar la inversión en nuevos mercados, incluida la inversión en nuevas instalaciones de fabricación”. Como podemos observar, se utiliza el discurso habitual de la industria, que asegura que los altos precios propiciados por las patentes y la exclusividad de mercado son necesarios para proporcionar capital para la investigación de nuevos tratamientos e incluye veladas amenazas a los países que cuestionen las patentes. Lamentablemente, esta posición, estimulada por los lobbys farmacéuticos, que condicionan el posicionamiento de los países desarrollados más importantes, fue la que finalmente se destacó en las conclusiones.
Por el contrario, numerosas investigaciones independientes muestran que el sistema actual de financiar la investigación de medicamentos a través de las patentes y los sobreprecios no da buenos resultados comparativos en investigación ni en términos de salud y atención sanitaria y, además, es muy ineficiente para el conjunto de la sociedad. En el caso de la pandemia, el sistema de patentes está suponiendo ya una discriminación inmoral en el acceso (los países ricos ya han hecho compras anticipadas de las primeras vacunas, los países pobres irán detrás).
Alternativas de gobiernos y organizaciones para conseguir un acceso justo a medicamentos y vacunas
Desde la reflexión suscitada por la pandemia, además de la aplicación inmediata de licencias obligatorias, se han reiterado propuestas para un cambio en el modelo actual de producción de nuevos medicamentos, como la “desvinculación”, que separaría la financiación de I+D de la fijación de precios compensando, a través de subsidios o premios, a las empresas que desarrollen con éxito nuevos tratamientos, o el establecimiento de consorcios para coordinar la emisión de las licencias obligatorias necesarias para la producción e importación. Además, se deben intensificar los esfuerzos para impedir el monopolio de las grandes farmacéuticas sobre la información, los datos y los recursos biológicos necesarios para prevenir y tratar la COVID-19 a través de medidas voluntarias y obligatorias.
En nuestro informe Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública, publicado por la Fundación Alternativas, que analizaba la utilidad de estas medidas, proponíamos, como meta final a la que habría que llegar con esfuerzo de negociación y trabajo a nivel global, la consecución de un Convenio Internacional sobre acceso a medicamentos que incluyera la prohibición de las patentes y los monopolios en los medicamentos, un sistema de financiación de la I+D con aportación pública directa de los países en proporción a su riqueza (un Fondo Global) y un sistema de gobierno de este, que defina prioridades de investigación en función de necesidades de salud con investigación abierta y cooperativa.
Antes de la pandemia ya pensábamos en la dificultad de alcanzar esta meta y la necesidad de avanzar paso a paso en las reformas necesarias. Sin embargo, la pandemia actual nos plantea la urgencia de adoptar estas medidas si queremos salvaguardar y mantener la salud para todos. Los millones de afectados y los cientos de miles de fallecidos, así como la tremenda crisis económica generada, exigen a gobiernos y organismos internacionales actuar de forma decidida. Es imprescindible una respuesta global con un cambio estructural profundo para evitar el riesgo de quedar atrapados en permanentes respuestas inadecuadas a esta pandemia y a las futuras, con sufrimiento y muertes innecesarias e injustas.
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