El orgullo de frenar a la ultraderecha
Nos encontramos en plena oleada de ataques de la ultraderecha a los derechos más fundamentales de la ciudadanía en España. La derecha rancia dirige su discurso de odio hacia multitud de personas, pero uno de los colectivos más castigado por su violencia verbal y política son las personas LGTBI.
Para cualquier político que preste servicio público a la ciudadanía, proteger los derechos fundamentales debe ser un pilar prioritario de su discurso y su acción política. No tienen cabida en una democracia que se rige por valores de respeto a la diversidad, principios de igualdad y libertad, las fuerzas políticas que abanderan el rechazo a lo diferente y promueven sentimientos de desprecio.
En este contexto, todos y todas debemos sumar fuerzas frente a los que no respetan los derechos fundamentales y lanzar un mensaje unitario e inequívoco de apoyo y en defensa de los derechos LGTBI, porque reivindicar los derechos de este colectivo, es reivindicar los derechos de todas las personas a vivir su vida en libertad y defender la democracia.
Hoy, todos vivimos mejor que hace 50 años. De aquellas primeras manifestaciones de Stonewall en Nueva York o en de las Ramblas de Barcelona unos años después, surgieron movimientos de reivindicación que perduran hasta nuestros días. Movimientos que han promovido el reconocimiento de una serie de derechos del colectivo LGTBI. Sin embargo, la regulación es dispar en función de la comunidad autónoma y no existe una ley común a nivel estatal que tenga como objeto armonizar la defensa de los derechos de este colectivo, que no son otros que los derechos humanos más básicos y el respeto a la libertad personal de cada individuo.
Los socialistas estamos trabajando en una Ley que respete las reivindicaciones de las organizaciones LGTBI, y lo hacemos con la preocupación de que los posibles riesgos de retroceso aparecen por la derecha y la ultraderecha. Siempre hemos sabido que no había que bajar la guardia, hoy nos reafirmamos en que además debemos ser siempre la vanguardia.
Recientemente, Vox impidió que en las Corts Valencianas se aprobara una declaración institucional contra la violencia LGTBI. Sólo es una declaración institucional, pensarán muchos, pero es, ante todo, una declaración de intenciones. No es un caso aislado. Hace pocos meses, en febrero de este año, el único senador de Vox vetó una declaración institucional en la Cámara Alta contra la LGTBIfobia en el deporte. Fue su primera actuación en un pleno del Senado con un mensaje claro: la ultraderecha ha llegado a las instituciones para atacar la convivencia y los valores democráticos de nuestra sociedad. Porque, ¿cuál si no puede ser la razón por la que Vox se opone a condenar la violencia y el odio hacia el colectivo LGTBI?
Existen muchos más ejemplos de los ataques ultras a este colectivo: de forma directa o a través de sus socios. Recientemente, el nuevo gobierno municipal de Madrid, del PP, censuró un tipo determinado de pancarta sobre la fiesta del Orgullo Gay. Y tampoco hay que olvidar que Vox exige al PP y a Ciudadanos en la Comunidad de Madrid la derogación de artículos de las leyes que protegen a las personas trans y que actúan contra la LGTBIfobia.
Vox es una amenaza clara a la convivencia y a la democracia, porque no puede haber libertad si no existe respeto a los derechos de toda la ciudadanía. Los socios de la ultraderecha deberían tener esto en cuenta y reflexionar sobre si están dispuestos a seguir siendo cómplices de esta agresión a la democracia o sumarse al rechazo frontal a los voceros del odio, a tiempo están.
El Artículo 9.2 de la Constitución Española lo deja bien claro pero como cantaría Jose Antonio Nielfa “La Otxoa”, primer artista homosexual en cantar en una cárcel, “quieren entrar en mi mundo, quieren ser mi voluntad, no dejaré ni un segundo que roben mi libertad”.
