¿Qué es el pueblo español?

En estos días convulsos en los que la oposición (PP y Vox) ha movilizado a miles de ciudadanos contra la mayoría parlamentaria que previsiblemente elegirá a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, se ha hecho un uso y abuso del concepto de “pueblo español”. Según los líderes de los citados partidos, Pedro Sánchez habría realizado un fraude electoral y mentido al pueblo de España al pactar una ley de amnistía con Junts y ERC, cuando, dicen, lo negó en la campaña electoral. Todo para conseguir el poder. Como consecuencia, la exigencia de la oposición de las derechas españolas sería que se convocasen de nuevo elecciones, considerando hasta entonces “ilegítimo” al gobierno nacido de las elecciones generales de 23 de julio, y llegando a hablar de “golpe de Estado”, con un estilo que recuerda a Donald Trump negando la victoria de Biden.

El pueblo español no es una colectividad cualquiera, individualizada por su simple residencia en el territorio estatal y la sujeción a sus leyes. Está constituida por aquellas personas unidas al Estado por un vínculo jurídico de pertenencia general y permanente. Ese vínculo les confiere, en un Estado democrático como el español, una particular esfera de derechos y obligaciones. En una democracia, tales derechos incluyen naturalmente el de sufragio, con carácter universal. A todo ello se le llama “ciudadanía”. El pueblo, así concebido, es un conjunto de ciudadanas y ciudadanos. Según dice el artículo 1º.1 de la Constitución, “la soberanía nacional reside en el pueblo español”. Nada menos. De ahí la relevancia de definir lo que es propiamente el pueblo.

Estamos ante un régimen representativo. Por eso el artículo 66.1 de la Constitución dice: “Las Cortes Generales representan al pueblo español”. Así que la representación política lo es del pueblo español a través del Parlamento; en concreto del Congreso de los Diputados cuando de elegir al presidente del Gobierno se trata. Las manifestaciones, lícitas, no sustituyen a las Cortes Generales.

En un Parlamento hay mayorías y minorías, ganadores y perdedores. Siempre me ha parecido admirable, y a la vez complejo, ese dogma que caracteriza a una verdadera democracia: que la minoría reconoce la autoridad de la mayoría para gobernar.

Esto es lo que caracteriza a un “pueblo”, por tanto al pueblo español. Un país, una nación, existe como tal cuando los perdedores en unas elecciones democráticas respetan y aceptan las decisiones de la mayoría parlamentaria. El candidato que vence en unas elecciones, o sea, quien consigue un apoyo parlamentario superior a cualquier otro, es el que posee la legitimidad/legalidad para gobernar. Y quien o quienes no alcanzan esa mayoría, aceptan la investidura de la mayoría como legal y legítima. Reconocen la legitimidad del Gobierno.

No es esto lo que está sucediendo en España después de que el partido socialista haya conseguido el apoyo de todo el arco parlamentario, salvo Partido Popular y Vox.

Los dirigentes de ambos partidos, PP y Vox, no aceptan la legitimidad de la coalición PSOE-Sumar para gobernar los próximos cuatro años. Supuestamente porque Pedro Sánchez ha admitido que se apruebe una ley para amnistiar a aquellas personas procesadas por actos de intencionalidad política vinculados a los incidentes del llamado procés. Este hecho –la amnistía–provocará seguramente que la oposición no ejerza su función de tal y convierta, a lo largo de la próxima legislatura, sus actos parlamentarios y extraparlamentarios en filibusterismo desde el Senado y en denuncias constantes de la ley de amnistía que el PSOE ha acordado promover en los pactos con los partidos independentistas Junts y ERC. Sin embargo, lo más importante del acuerdo con los independentistas catalanes es que, lo quieran o no, aceptan el sistema político. En definitiva, que España es un país, una nación, a la que pertenece Catalunya. 

La posición del Partido Popular y de Vox, negando que sea legítimo que la mayoría progresista ganadora el 23J gobierne en la legislatura que se iniciará este mes, es grave. No ya solo porque contradice las leyes históricas de las democracias europeas, sino porque rompe el concepto jurídico y político de “pueblo español”. Negar la legitimidad a un gobierno apoyado por una mayoría parlamentaria es negar la existencia de un estado unitario, de un país, de un colectivo nacional. La unidad e integridad del “pueblo español” se basa en que la minoría –la que surja de las urnas– respeta y acepta que la mayoría es la legitimada para gobernar al Estado. Eso de “si yo no gano rompo la baraja” hace inviable la aplicación de las reglas que hacen de España una “democracia plena”, como se nos reconoce en el ranking de The Economist.

Es realmente paradójico, y hasta satírico, que a las derechas que alardean de más españolismo y más banderas (algunas anticonstitucionales) no les importe romper la idea de “pueblo español”. Sin unidad en la lealtad a la Constitución y la democracia, y a los resultados electorales, el pueblo deja de serlo y pasa a ser un colectivo fragmentado y disperso. Se debilita hacia el interior y hacia el ámbito internacional. Es muy poco patriota intentar herir a las instituciones, empezando por el Gobierno y el Parlamento. Es también poco inteligente porque esa debilidad afecta a todos los actores políticos, no solamente a los que han obtenido la mayoría.

En una democracia, tan importante es el Gobierno como la oposición. Las actitudes adoptadas por la oposición tras el 23J deterioran a todos los sujetos que componen nuestro sistema político y, entre ellos, al más importante y poderoso: el pueblo español.