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Romanones y la ley en pandemia

La Gran Vía madrileña, vacía tras la declaración del estado de alarma.

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"Dejad que ellos [los diputados] hagan las leyes, yo haré el reglamento". D. Álvaro de Figueroa y Torres, conde de Romanones.

Ante el incremento de los brotes vuelve la nostalgia del mando único, que antes se rechazaba, y la panacea de una nueva legislación, dicen que preventiva y específica de pandemias. Precisamente cuando lo que falta es el desarrollo de las dos leyes de salud pública existentes, junto con la aplicación del decreto acordado de nueva normalidad, el plan de respuesta temprana en la fase de control y las medidas pactadas para el inicio del curso escolar. Parece algo modesto, pero sería lo adecuado.

Primero fue la polémica sobre la aplicación de la Constitución en relación al Estado de Alarma: para las derechas, una forma encubierta de Estado de excepción para encubrir el 8M, imponer el diktat ideológico social comunista y acabar con la monarquía parlamentaria. Otra vez el golpe postmoderno en la línea del procés de Cataluña que, por otra parte, judicialmente quedó en teatralización de la sedición.

Una medida: el mencionado estado de alarma, previsto para emergencias sanitarias y complementario de las leyes existentes, que como la de medidas especiales en materia de salud pública o la propia ley general de salud pública e incluso la ley de autonomía del paciente, que a raíz de experiencias epidémicas anteriores, de las recomendaciones de organismos internacionales como la OMS y el ECDC y de los desarrollos legislativos comparados hacen referencia concreta a las medidas preventivas, de control y tratamiento ante epidemias o pandemias de origen infeccioso.

Todo ello, a pesar del nulo desarrollo reglamentario y el boicot a la aplicación de la ley general de salud pública desde 2011, que prevé no solo el conjunto de las acciones de salud pública en prevención de pandemias infecciosas y crónico degenerativas, sino también los principios de salud pública en que estas se basan, cosa que no es baladí. Porque resulta que ya antes de la actual pandemia era la principal carencia que se denunciaba desde el ámbito jurídico: la defensa de las garantías y los derechos individuales ante las restricciones de las medidas generales de salud pública.

Entre otros, contempla el principio de equidad, el de precaución, el de pertinencia, justificando la necesidad de las medidas de acuerdo con los criterios de proporcionalidad, eficiencia y sostenibilidad o los de transparencia, evaluación y de salud en todas las políticas.

Por otra parte, la ley de jurisdicción contencioso administrativa, ha venido cubriendo los posibles vacíos para garantizar la actuación judicial en defensa de los derechos fundamentales. Sin embargo, parece que ante la gravedad de la pandemia, el papel garantista de la justicia se considera poco menos que un estorbo innecesario y en consecuencia habría de pasar a un segundo plano.

A pesar de todo esto, ya desde el principio del confinamiento, primero la extrema derecha y luego el PP han rechazado las últimas prórrogas, defendiendo como alternativas al estado de alarma las mismas leyes de salud pública que antes vetaron, e incluso la ley de seguridad nacional. También la aplicación de una traspapelada estrategia antipandemias de Mariano Rajoy, de la que solo se encuentran unas pocas líneas en la estrategia de seguridad nacional de 2018.

Todo ello, al parecer, en pro de la dación de cuentas y el control parlamentario en época de confinamiento. Todo por la libertad y nuestro modo de vida, como las terrazas y los coches de alta gama en el barrio de Salamanca.

La única utilidad práctica de este teórico y endeble plan B fue servir de excusa para el rechazo de las últimas prórrogas del estado de alarma, todo ello al servicio de la estrategia de deslegitimación del gobierno de coalición de izquierdas por parte de la extrema derecha.

Parecía que fuera ya del estado de alarma y del mando único, y una vez culminada la precipitada desescalada, se llegaría al añorado consenso político. No era una casualidad ya que la estrategia de deslegitimación había fracasado en las elecciones autonómicas vascas y gallegas en favor de la estabilidad y la moderación.

Inicialmente se produjo un amplio acuerdo ( con la excepción de Vox y el independentismo) en torno al decreto de nueva normalidad. Más tarde se aprueba el plan de respuesta temprana consensuado con las CCAA en el consejo Interterritorial del SNS, así como los criterios para el inicio del curso escolar 21/22.

Sin embargo, ya desde los primeros brotes en la llamada nueva normalidad, ha vuelto la preocupación y la polarización política, esta vez por lo contrario del estado de alarma: porque el Gobierno central, según la derecha, se estaría lavando las manos ante las dificultades asimétricas de las CCAA, exigiendo ahora su implicación mediante el antes denostado mando único.

Primero, en relación a la sanidad exterior y la exigencia, otra vez, de test para todos, ahora a los turistas aunque provengan en su inmensa minoría de países del área Schengen con una situación epidemiológica equivalente. Desde entonces y a partir de la decisión temprana de Gran Bretaña no ha cesado el goteo de nuevos países que nos aplican esa misma medicina.

Pero es cuando algunos rebrotes degeneran en transmisión comunitaria en alguna comunidad autónoma, que se empieza a criticar a las actuales leyes de salud pública como la ley de medidas especiales y ley general de salud pública por anticuadas e imprecisas y como consecuencia por dar lugar a respuestas insuficientes y heterogéneas. Como si la pandemia y la situación de control de la misma en los territorios no fuera distinta y por tanto no requiriese medidas progresivas y asimétricas.

Entre otras, la prohibición de actividades de ocio nocturno. La limitación de horarios, de aforos y de movilidad. Hasta el cierre perimetral de localidades y barrios o los confinamientos, hasta ahora quirúrgicos.

Por cuestionar, se cuestiona también la interpretación de los jueces, cuando con carácter general y salvo contadas excepciones, han venido respaldando la decisión de los gobiernos autonómicos por razones de salud pública.

Aparece entonces la reedición del plan B de Casado, como propuesta de desescalada jurídica para salir de la excepcionalidad constitucional y garantizar derechos y libertades. Así, para mantener el mando único sanitario se propone aplicar: La Ley General de Salud Pública, la Ley General de Sanidad y la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud. Para establecer la limitación de movimientos, por ser orgánica, la de Medidas Especiales en Materia de Salud Pública. Asimismo, la Ley del Sistema Nacional de Protección Civil y para coordinar las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, la Ley de Seguridad Nacional.

En resumen, la aplicación de la legislación ya existente en la actualidad. Es decir, nada nuevo. Sin embargo, desde otros ámbitos profesionales y periodísticos, se reclama una nueva Ley orgánica, adaptada a cada momento de la pandemia. Se dice que con finalidad preventiva y no reactiva, de forma más estricta y precisa.

Tal parece como si las leyes debieran contemplar toda la casuística y adelantarse a las distintas etapas de una pandemia de evolución desconocida. Algo por definición imposible. Quizá porque de lo que deberíamos hablar no es de nuevas iniciativas legislativas, en un contexto además de incertidumbre sobre las mayorías parlamentarias, sino del escaso desarrollo normativo y reglamentario de las leyes actuales y de su desigual cumplimiento.

En las últimas semanas las CCAA han adoptado sus propias normas en relación al distanciamiento, la limitación de aforos y horarios, la obligatoriedad de las mascarillas, la limitación del tabaco, finalmente generalizadas por el Consejo Interterritorial. Está muy bien todo aquello que evite la relajación social frente a la pandemia. Mejor aún que estas medidas novedosas sean coordinadas y vengan acompañadas del cumplimiento de las medidas de rastreo, detección, cuarentena y de confinamientos parciales.

Es decir, más salud pública, primaria y rastreo. A tal fin, el refuerzo de la atención primaria y el incremento sustancial del número de rastreadores para no ir por detrás de la pandemia, el blindaje de las residencias de ancianos y la coordinación socio sanitaria, así como un acuerdo amplio con la comunidad escolar y la Universidad para el comienzo de curso.

Como último recurso se apela al mando único, de resonancias centralistas, que tampoco ha sido históricamente sinónimo de eficacia. Es necesario recordar que tiene una alternativa compartida en nuestra actual ley general de salud pública, que se denomina autoridad sanitaria, cogobierno y cooperación. Apliquémosla.

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