¿Y si dejáramos de hacer política con las tragedias?

La dimisión de Óscar Puente tras el accidente ferroviario de Urda abre una reflexión que va mucho más allá de su continuidad al frente del Ministerio. ¿Estamos preparados para gestionar una tragedia sin convertirla inmediatamente en una batalla política y mediática?

Gobiernos, partidos, medios de comunicación y una sociedad cada vez más acelerada contribuimos, desde responsabilidades muy distintas, a generar un clima donde parece más importante encontrar culpables que comprender lo sucedido y evitar que tragedias como esta vuelvan a repetirse.

Y en medio de este ruido de declaraciones incesantes, quienes deberían ocupar el centro de nuestras preocupaciones acaban relegadas a un segundo plano o, peor todavía, utilizadas con intereses partidistas: las víctimas.

La incoherencia como 'modus operandi'

Puente ha dimitido. Una decisión que, en un país donde asumir responsabilidades políticas no es habitual, puede acabar presentándose como un gesto extraordinario. Pero una dimisión no debería provocar panegíricos ni convertirse automáticamente en una condena. Tampoco resuelve las preguntas pendientes ni garantiza que una tragedia semejante no vuelva a repetirse.

Conocemos la historia pública de su renuncia, pero no toda su intrahistoria. ¿Han influido el calendario electoral, las encuestas internas del PSOE o las presiones dentro del partido? Lo significativo es que incluso una decisión de esta naturaleza acaba analizándose en términos de su impacto electoral. Y así nos va.

Algunos partidos exigen dimisiones con una contundencia que no demostraron cuando gobernaban. En determinadas crisis, no solo se evitaron dimisiones, sino que hubo responsables políticos que continuaron sus carreras e incluso ascendieron. El accidente de Angrois es una clara muestra de ello. En los partidos políticos suele funcionar bien una máxima tan sencilla como inquietante: “Obedece y ascenderás”.

Por su parte, determinados medios reclaman ahora transparencia y responsabilidades con una intensidad difícil de reconocer en su tratamiento de tragedias anteriores, como el metro de Valencia, el Yak-42, Angrois o la DANA. Asuntos a los que hoy dedican horas y horas de análisis recibieron entonces un tratamiento muy distinto. En algunos casos, el silencio cómplice.

Naturalmente, no todos actuaron igual. Pero, ¿por qué el nivel de exigencia cambia tanto dependiendo de quién gobierna?

La coherencia no consiste en exigir a los demás lo que nunca estuvimos dispuestos a hacer. Una dinámica que acaba agotando a buena parte de la ciudadanía.

Pero quienes gobiernan tampoco están exentos de errores. Las referencias iniciales de Puente a las actuaciones del centro de control contribuyeron a situar a los técnicos en el centro del debate cuando apenas habían transcurrido unas horas. Y las filtraciones de grabaciones plantean una pregunta: ¿quién decidió difundir esos audios y por qué en aquel momento? Quizá conocer las conversaciones de quienes tomaron esa decisión habría sido una verdadera exclusiva.

En Angrois también vimos cómo la difusión de imágenes y grabaciones contribuyó a señalar prematuramente al maquinista. Parece que buscar culpables resulta mucho más fácil que asumir responsabilidades. Pero encontrar rápidamente un chivo expiatorio puede servir para ganar tiempo políticamente, no para esclarecer lo sucedido y evitar que vuelva a repetirse. Además, señalar al último eslabón cuando existe un fallo sistémico es poco elegante, por decirlo educadamente.

La política que podría ser

¿Se imaginan un país donde Alberto Núñez Feijóo hubiera comparecido para decir: “Ahora toca estar al lado de las víctimas y colaborar con el Gobierno para esclarecer lo sucedido. No vamos a dar lecciones de ningún tipo porque nuestro partido también tiene mucho que aprender de cómo gestionó tragedias como el 11-M, el Prestige, el metro de Valencia, Angrois o la DANA. Hemos cometido demasiados errores y sabemos que este no es el camino”?

¿O donde Ada Colau hubiera afirmado: “Nuestro espacio político ha compartido responsabilidades de gobierno con el PSOE. Aunque el Ministerio estuviera dirigido por nuestros socios, no vamos a convertir esta tragedia en un instrumento electoral. Primero debemos atender a las víctimas y esclarecer lo sucedido. Ya habrá tiempo para exigir responsabilidades. Y las exigiremos todas, hasta el final, pero cada cosa a su tiempo”?

¿Y si Santiago Abascal hubiera dicho: “Todos saben lo que pensamos de Pedro Sánchez. Creemos que no está a la altura de la responsabilidad que tiene y seguiremos siendo muy duros con su Gobierno. Pero no vamos a utilizar el dolor de las víctimas para hacer oposición ni a exigir culpables antes de conocer las causas reales. Cuando llegue el momento, exigiremos todas las responsabilidades, con las dimisiones que consideremos oportunas”?

Hemos normalizado tanto la confrontación que nos cuesta imaginar a un dirigente reconociendo errores propios, colaborando con un adversario o renunciando temporalmente a obtener rédito electoral. Ya no digamos pidiendo perdón a las víctimas.

No se trata de suspender el control democrático ni de renunciar a exigir responsabilidades. Se trata de distinguir las prioridades. Una tregua ante una emergencia no significa impunidad; significa ética, respeto y decencia.

Quizá no hemos aprendido nada de las tragedias anteriores porque seguimos más preocupados por quién paga políticamente sus consecuencias que por evitar que vuelvan a suceder. Una clara muestra del infantilismo político en el que vivimos.

Las víctimas, luchando contra las instituciones

Mientras discutimos quién gana y quién pierde políticamente, hay familias que han perdido a personas queridas y otras que afrontan consecuencias que las acompañarán toda la vida.

Basta escuchar a Jesús Domínguez, portavoz de la Plataforma Víctimas Alvia 04155; a las hermanas Garrote, vinculadas a la lucha de las víctimas del metro de Valencia; o a Curra Ripollés, referente de las familias del Yak-42, para comprender que el sufrimiento no termina cuando desaparecen las cámaras. Demasiadas veces, el suplicio continúa durante años.

Las familias han tenido que dedicar tiempo, esfuerzos y recursos económicos a conseguir algo que debería ser elemental: conocer la verdad. Algunas han sentido que, en lugar de encontrar apoyo institucional, debían enfrentarse a las propias instituciones, denunciando incluso obstáculos por parte de partidos con responsabilidades de gobierno. Surrealista, pero cierto.

La empatía institucional no consiste únicamente en expresar condolencias o anunciar ayudas. También significa recibir a las familias, escuchar sus quejas, facilitar documentación, garantizar investigaciones independientes y no obstaculizar los procesos judiciales. Y exige revisar las actuaciones de quienes no estuvieron a la altura, en lugar de protegerlos o incluso premiarlos.

El documental Frankenstein 04155, sobre el accidente de Angrois es un ejemplo que merece una reflexión. Tuve ocasión de hablar hace años con su director, Aitor Rei, y con personas afectadas por aquella tragedia, que me explicaron las dificultades que estaban encontrando para conseguir que algún medio de comunicación emitiera el documental. Estrenado en 2015, no llegó a la televisión hasta cuatro años después, cuando lo emitió TV3. TVE tardó otros cuatro años en hacerlo, en 2023, después de años de reclamaciones de las víctimas.

¿Por qué un documental que planteaba preguntas tan relevantes sobre la seguridad ferroviaria y las responsabilidades institucionales encontró tantas dificultades para llegar a la televisión? ¿Qué habría pasado si hubiéramos escuchado antes a quienes reclamaban respuestas?

¿Cuántas tragedias necesitamos para aprender?

Una tragedia de esta magnitud no puede gestionarse con los mismos criterios que una campaña electoral. Quizá necesitamos equipos especializados con suficiente autonomía profesional para ordenar la respuesta institucional y evitar que la supervivencia política condicione las decisiones. Pero ninguna estructura sustituye la responsabilidad de quienes gobiernan.

La responsabilidad tampoco es idéntica para todos. El Gobierno debe responder por sus decisiones. La oposición tiene derecho a fiscalizarlas, siempre y cuando haya hecho lo mismo cuando gobernaba. Algo que casi nunca sucede. Los medios deben investigar y cuestionar al poder. Y la sociedad puede exigir respuestas.

Gestionar una tragedia no consiste en ganar el relato, conseguir una dimisión o salir políticamente indemne. Consiste en afrontar una realidad incómoda, conocer la verdad, asumir responsabilidades y contribuir a que no vuelva a repetirse.