La única evidencia es la incertidumbre

“La única evidencia es la incertidumbre.” 

(Entre los bantustanes y el confinamiento) 

Mario Bunge: “La técnica es una herramienta, pero sólo la política puede cambiar la sociedad”.

En los últimos días, más de un centenar de sociedades médicas han exigido a los gobiernos central y autonómicos que las decisiones sobre la pandemia estén basadas en la evidencia científica y no en criterios políticos. 

Culmina así un desencuentro que comenzó con el anuncio fallido de puesta en marcha en el final de la primera ola de una comisión de expertos, y la respuesta de un grupo selecto de ellos exigiendo una auditoría independiente y neutral de la gestión de la pandemia. 

El manifiesto de las sociedades médicas se produce en el contexto del enfrentamiento entre el gobierno central y el gobierno de Madrid en torno a los índices, la amplitud y el ámbito territorial del confinamiento, ante la existencia de transmisión comunitaria de la pandemia en la Comunidad. 

Nadie duda de la buena fe de los firmantes del manifiesto. Sin embargo, llama la atención su tono de reproche antipolítico como la reivindicación de la evidencia y de la decisión tecnocrática. Como si la medicina y la ciencia lo hubieran tenido todo claro en esta pandemia y no hubiera aprendido por ensayo y error. Pero sorprende sobre todo la pretensión de convertir a la evidencia científica en un sustituto de la política democrática, por su complejidad y contradicciones. 

Porque la pandemia es más que un virus en un laboratorio, que una epidemia que hay que prevenir o contener y que una patología infecciosa que diagnosticar y tratar. Se trata de una sindemia en la que influyen los determinantes sociales y ambientales, las patologías crónicas y los factores de riesgo. 

Es por eso que los científicos, y entre ellos también los científicos sociales, tienen el importantísimo papel de informar y asesorar a los políticos, pero no de gobernar. Es la política y los gobiernos los que tienen el mandato democrático de intentar conciliar intereses, a veces contrapuestos, llegar a acuerdos y decidir en un contexto de incertidumbre. Y por otra parte son los parlamentos los que controlan y evalúan su gestión política. 

Pero además de sumarse al tópico de la antipolítica, resulta aún más preocupante la búsqueda de la equidistancia entre la gestión de la pandemia basada en criterios de salud pública, que con aciertos y errores, han desarrollado la mayoría de los gobiernos, en contraste con la anticiencia de la estrategia complaciente con el negacionismo y la inmunidad de rebaño desarrollada por el gobierno de Madrid. Una inmunidad de rebaño que ha supuesto además el confinamiento selectivo para los barrios populares del sur, tratados como bantustanes, mientras se mantenía la economía y la movilidad de los del norte. Todo un dechado de clasismo y racismo que ha provocado su legítima indignación y contestación social.

Sin embargo, al igual que la salud pública, la epidemiología y la medicina han ido aprendiendo de sus errores a lo largo de la pandemia, también desde la política toca hacer una reflexión sobre los errores y contradicciones que nos han llevado hasta aquí. No basta con criticar las de las sociedades firmantes del manifiesto. 

Quizá el primer y principal error de la política, y en particular del Gobierno de coalición de la izquierda, ha sido excusarse para sus decisiones netamente políticas en la ciencia, cuando éstas podían estar mejor o peor informadas por la salud pública, pero desde un principio hubieron de ser conciliadas con la realidad social y las posibilidades económicas. 

Precisamente esa fue la causa entre otras de la complacencia y el exceso de prudencia, que llevó primero a los organismos internacionales como la OMS y luego a la gran mayoría de los gobiernos occidentales a minusvalorar la gravedad de la amenaza, a retrasar la declaración de pandemia y a adoptar las consiguientes medidas de confinamiento. 

El tercer error, éste achacable en exclusiva al Gobierno, fue el anuncio y posterior desmentido de la llamada comisión de expertos, cuando lo que sí existían eran las comisiones de salud pública propias del ministerio y las CCAA, así como la científica del Carlos III y la comisión pluridisciplinar del Gobierno que elaboró las fases de la desescalada. Un anuncio en el que se hizo creer en la existencia de una comisión externa a la que por discreción se quería poner a resguardo de los negacionistas, pero que finalmente se quedó, al parecer, en meros contactos e informes personales y puntuales. 

Un anuncio con freno y marcha atrás que quizá haya estado en el origen del malestar que ha eclosionado en los últimos días. 

Por si no fuera suficiente con la comisión de expertos fantasma, la posterior precipitación en el dictamen de la comisión parlamentaria de reconstrucción, vino a echar sal en la herida de la desconsideración hacia las aportaciones de sociedades científicas, asociaciones y expertos que comparecieron y elaboraron informes con la voluntad de contribuir a evaluar de las fortalezas y las debilidades de la respuesta y a proponer estrategias y medidas de rectificación y de fortalecimiento en el ámbito de la salud pública, la sanidad y la coordinación sociosanitaria. 

Más tarde, un final agónico y prematuro del estado de alarma, una desescalada desordenada y la las dificultades de la cogobernanza en la llamada nueva normalidad, condicionados en exceso por la recuperación económica y en particular por el turismo, junto al incumplimiento de los indicadores y los compromisos de fortalecimiento de la atención primaria, la salud pública y los rastreadores, incluidos en el plan de respuesta temprana, han transformado el malestar en rechazo. 

Solo faltaba la chispa, que llegó como consecuencia del esperpento protagonizado por el gobierno de la Comunidad de Madrid, al que se ha visto arrastrado el ministerio y el presidente del gobierno, y la sensación en los servicios sanitarios, en particular madrileños, de que no hemos aprendido gran cosa y que así volveremos al colapso, para que se desencadenase la tormenta perfecta de agravios y reproches a la política por parte de las sociedades médicas. 

Por eso, desde la crítica al contenido del manifiesto, pero entendiendo su llamada de atención, y desde la autocrítica como responsable político (en situación de excedencia), creo que existe todavía la posibilidad y la necesidad también de recuperar la relación de confianza y la cooperación, cada uno desde su esfera de actividad y responsabilidad, entre la política y las sociedades científicas, eso sí con escrupuloso respeto los expertos en salud pública de las administraciones y a los epidemiólogos que no han firmado el mencionado documento. 

El Gobierno debe aprovechar la oportunidad para impulsar, en primer lugar un cuadro de mandos creíble con el conjunto de las CCAA, que se adelante a la generalización de los brotes y a la transmisión comunitaria, junto con el fortalecimiento de las medidas preventivas de salud pública, atención primaria, testeo y garantía social para el aislamiento de los contactos. Así se podrán despejar las incertidumbres creadas por los términos bajo mínimos de las aproximaciones en los índices con la Comunidad de Madrid, en el seno del Consejo Interterritorial de Salud. 

En paralelo, sería oportuno responder a la voluntad de participación de los expertos y sociedades científicas, poniendo en marcha con las CCAA, sus expertos y las sociedades científicas la comisión de expertos anunciada, que asesore en esta segunda ola y que en su momento contribuya a una evaluación multidisciplinar de la pandemia. 

Eso sí, en ningún caso puede aceptarse que una futura auditoría técnica de la pandemia conlleve la exclusión de técnicos funcionarios, investigadores de los organismos públicos como las OPIs o profesores universitarios. Porque entonces no sería neutral, sino una más de las evaluaciones de parte. 

Algunas no solo son evaluaciones prematuras a mitad de la pandemia, sino juicios inquisitoriales con condenas preestablecidas.