La universidad bajo sospecha

La secuencia de noticias sobre la Universidad Rey Juan Carlos, sobre las prácticas reiteradas de falta de transparencia en la contratación de profesorado y, recientemente, sobre las acusaciones de plagio por parte de su rector Fernando Suárez, han provocado una reacción de alarma social sobre el estado de esta universidad de la que Podemos en la Comunidad de Madrid se ha hecho eco. Este caso, sin embargo, no debemos interpretarlo, más allá de su relevancia, como un suceso de interés puramente madrileño, ya que muestra, en nuestra opinión, el deterioro de la imagen del sistema público de enseñanza superior y, lo que es más grave, del deterioro real del sistema de investigación y enseñanza universitaria del conjunto del Estado, al tiempo que pone en entredicho los planes de reforma universitaria de los gobiernos del PP -tanto autonómico como estatal-.

Para quienes no la conozcan, la Universidad Rey Juan Carlos fue fundada en 1996 por el gobierno de Ruiz Gallardón y desde entonces ha sido identificada como “la universidad del PP”. No solo porque allí se reunieran profesores más o menos afines ideológicamente al partido conservador, lo que no es objeto de reproche por nuestra parte -pues al fin y al cabo las actitudes políticas diversas son perfectamente legítimas en la universidad como lo son en cualquier espacio-, sino porque, desde su creación, fue una universidad privilegiada por las autoridades de la Comunidad de Madrid gobernada por el PP de Esperanza Aguirre. Es por eso por lo que resulta mucho más preocupante la acumulación de informes sobre prácticas irregulares en esta universidad. Informes que han sido ignorados de forma reiterada y de los que sólo muy ocasionalmente ha dado cuenta la prensa. La conclusión a la que llegamos inevitablemente es que si este es el concepto de universidad pública del Partido Popular, si esto es lo mejor que son capaces de hacer, entonces tenemos un problema.

Porque no sólo estamos hablando de los casos de -supuestas- irregularidades. La URJC no es una universidad que se distinga especialmente por su capacidad investigadora, como dan cuenta todos los datos comparativos con las demás universidades madrileñas. Podríamos incluso disculpar esto dada su juventud si tuviésemos constancia de que, como institución, se está proponiendo una mejora continua de su calidad docente e investigadora para poder alcanzar el nivel medio de las universidades de su entorno. Pero no es este el caso. La “universidad del PP” une a su desprecio por las normas que regulan, por ejemplo, las condiciones de contratación del profesorado con un notable abandono de la aspiración a la “excelencia” que en teoría defienden en ese partido. Cierto es que los criterios de calidad que este gobierno propone a través de la ANECA se basan en la “investigación al peso”, esto es, en el recuento matemático del número de artículos publicados -sin entrar a analizar su contenido­-, una forma de entender la “calidad” y la “excelencia” que avala y  refuerza prácticas como el plagio. Porque, si nadie se lee los artículos, ¿por qué no íbamos a copiarlos? Y frente a esta mentalidad contable, sólo prácticas bien asentadas de autogobierno y autoexigencia pueden servir de barrera.

Por esta razón nos escandaliza de forma especial el hecho de que la persona acusada de prácticas absolutamente contrarias a las normas de la investigación científica, como son los plagios, sea la de su Rector, quien está encargado de la vigilancia para que la universidad cumpla escrupulosamente con las funciones que le encarga el sistema público de enseñanza e investigación. Pero nos preocupa mucho más la falta de una rápida reacción para aclarar estas acusaciones y que, cuando la presión pública ha sido irresistible, el Rector se haya limitado a encargar a una comisión dirigida por el propio equipo rectoral la investigación de tales hechos. Todo esto sin entrar a analizar el vergonzoso escrito institucional firmado por el Rector, en el que intenta retorcer el concepto de plagio utilizando argumentos falsos e interesados y se esconde tras una idea torticera de autonomía universitaria, ni tampoco el comportamiento de aquellas instituciones (la CRUE, la CRUMA, el Ministerio de Educación) que deberían ser guardianes de la -ahora sí- excelencia en la universidad, y guardan silencio o peor, apoyan explícitamente el proceder del Rector. Curiosa forma de poner en práctica el criterio tan empleado por Mariano Rajoy de gobernanza.

Esta reacción tan falta de transparencia y democracia, de desconfianza de su propio claustro o de una comisión externa e imparcial encargada a la comunidad científica, es la que nos indica que tal vez hay mucha verosimilitud en las acusaciones y, desde luego, refleja de un modo muy claro prácticas similares en las diversas instituciones que dirige y gobierna el Partido Popular.

Quienes viven día a día la investigación y la enseñanza universitaria saben que el sistema completo de I+D+i se encuentra en una situación de emergencia. A los recortes y faltas de inversión, a la expulsión del sistema de una generación entera, al envejecimiento de las plantillas investigadoras y docentes, se suma una constante denigración de la competencia del sistema público de investigación y enseñanza, que noticias como ésta no sirven  sino para incrementar.

No es casual tampoco que quienes más se empeñan en esta degradación de la imagen de las universidades sean también responsables directos de su degradación real por falta de inversiones, por su despreocupación por la calidad docente e investigadora, y por la pasividad ante las faltas tan graves que ocurren en las instituciones que le son cercanas. Como en tantas otras realidades del estado, las políticas del Partido Popular contradicen sus apelaciones a términos grandilocuentes. Al Partido Popular no parece interesarle demasiado un sistema público de enseñanza e investigación de calidad, parece más bien preocupado por colocar a sus afines también en lugares cuya autonomía debería estar garantizada por instituciones y prácticas de absoluta transparencia.

En Podemos estamos especialmente preocupados por esta degradación de la educación y del potencial investigador del país. No es casual tampoco. Acompaña a un modelo económico que, bajo el palio de un discurso neoliberal, se ha convertido en un sistema económico de especulación, explotación financiera y casi absoluta desertización innovadora. Frente a esta situación, defendemos un Pacto por la Ciencia que, en primer lugar, haga frente a la situación de emergencia recuperando el talento perdido en estos años y vuelva a niveles de inversión en investigación y enseñanza previos al comienzo de la crisis. Pretendemos garantizar, por otro lado, la autonomía del sistema de investigación basada en los más escrupulosos criterios de transparencia en la gestión y en las prácticas de la investigación y la enseñanza universitaria. Y, sobre todo, buscamos un sistema de investigación y de universidades basado en la búsqueda de la cooperación interna y la cooperación con la sociedad para superar un modelo económico basado en la especulación y en el individualismo ciego. Sin investigación, sin universidad, no hay futuro, exijamos políticas a la altura del mañana que nos merecemos.