Alquileres ingleses

Este miércoles, mientras arreciaba el debate sobre el decreto para la renovación automática del alquiler en España, yo estrenaba una de las piezas de la nueva ley del alquiler en Inglaterra, muy parecida a la propuesta española, aunque con más protecciones y compensaciones para el inquilino. 

Uno de los aspectos interesantes de la ley que entró en vigor en mayo es el refuerzo de los poderes de los ayuntamientos para que vigilen y actúen en nombre del inquilino. Esto ya existía en anteriores legislaciones, pero ahora las entidades locales tienen más competencias e incentivos.

Un inspector del ayuntamiento en Oxford vino a examinar el apartamento para asegurarse de que la casera ha cumplido con los requisitos de seguridad y habitabilidad de la vivienda. Con exquisita amabilidad, revisó humedades y riesgos eléctricos, probó las alarmas antiincendios –siempre me ha sorprendido su ausencia en la mayoría de las viviendas en España– y comprobó el aislamiento de las puertas. No puede hacer nada frente a los materiales baratos y poco aislantes con los que fueron construidos edificios en los años 60 y 70, pero sí puede asegurarse de los mínimos de seguridad y confort. Nuestra casera es cortés y cuidadosa y responderá a los arreglos necesarios, pero la ley está para vigilar y multar a quienes arrastran los pies hasta poner en peligro a los inquilinos. 

La nueva ley inglesa que incluye la renovación automática e indefinida del alquiler es una forma de proteger frente a desahucios indiscriminados y poner límites a la forma y la frecuencia de las subidas de precios, y sin duda una fuente de estabilidad. Ahora bien, esta ley no es una varita mágica para los precios desbocados en una ciudad donde apenas se construye vivienda que no sea para estudiantes, la universidad y gran propietaria prefiere tener locales vacíos mientras no pueda hacer un suculento negocio y la población flotante es una presión constante. Oxford es, de hecho, una de las ciudades más inasequibles de Inglaterra.

Todavía es pronto para medir su impacto, pero los efectos de la ley aprobada por el anterior Gobierno laborista, el de Keir Starmer, se han notado poco por ahora.

Los precios siguen subiendo -especialmente en las ciudades- y no aumentan las viviendas disponibles para alquilar. No se ha notado en el problema general ni para bien ni para mal. Desde luego, no se han cumplido los avisos de los agoreros que decían que muchos caseros iban a dejar de alquilar. Ha habido una ligera bajada de las viviendas disponibles para alquilar en los últimos meses, pero los expertos creen que está relacionada con múltiples factores, incluido el precio de las hipotecas. Como con tantas medidas relacionadas con la vivienda, hay que tener paciencia para sentir los cambios.

Todo esto recuerda que las intervenciones públicas para la vivienda son necesarias, pero no suficientes ni rápidas ni únicas para responder a problemas dispares. Las presiones para trabajadores y estudiantes jóvenes no son las mismas que para las familias o los pensionistas vulnerables. Por no hablar de las personas sin hogar, que a menudo malviven en las calles de las grandes ciudades y suelen ser invisibles en estos debates. 

Es inevitable tener la sensación de que España llega tarde. Es trágico que la acción política llegue a costa del disgusto y la salud de una mujer de 87 años que tenía que haber sido protegida antes de llegar al extremo del desahucio.

En todo caso, las nuevas normas en España son solo el principio de un camino difícil y que requiere una mente abierta. 

Esta es la batalla de nuestros tiempos y, además, esencial para la política progresista, como escribí en detalle en nuestro “Rincón de pensar” hace unos meses, hablando con voces expertas sobre el debate de “la abundancia” estrechamente ligado a la vivienda. Un debate interesante y que requiere, sobre todo, humildad.

Como escribe el periodista Andrew Ross Sorkin en su libro sobre el crack de 1929, que se publica ahora en España, “cuanto mayor sea la altura de nuestras certidumbres, más dura y larga será la caída”.