¿Consentimiento tácito o expreso?
En la resaca de las elecciones europeas de 2014, se produjo la abdicación del rey Juan Carlos I. La Casa Real mostró instinto de conservación y entendió que el resultado de aquellas elecciones era un indicador inequívoco de fin de ciclo. Nada volvería a ser como antes. Todas las elecciones celebradas con posterioridad, municipales, autonómicas, generales o europeas, han venido a confirmarlo.
A los cinco años de la abdicación y en la resaca de un nuevo proceso electoral, el rey emérito ha decidido poner fin a su actividad institucional, abandonando definitivamente el escenario público. Aunque es obvio que su presencia no pasará completamente desapercibida allí donde vaya, no lo es menos que tampoco tendrá el seguimiento que ha tenido hasta hoy después de la abdicación.
La abdicación fue una operación de Estado. Fue la última operación de Estado del sistema bipartidista dinástico, que había dirigido el sistema político español desde 1977. En 2014, todavía se podía hacer la operación. A partir de 2015, ya no hubiera sido posible. Eso lo intuyeron tanto el rey como Mariano Rajoy y Alfredo Pérez Rubalcaba. Y por eso lo hicieron como lo hicieron.
Incluso en 2014, Alfredo Pérez Rubalcaba tuvo que posponer su decisión de abandonar la Secretaría General del PSOE hasta que no se hubiera producido la abdicación, con la finalidad de garantizar que no habría resistencia alguna en el interior del partido ante la forma en que se pretendía materializar la abdicación. De hecho, fue el propio Rubalcaba el que tuvo la intervención decisiva en el Congreso de los Diputados, repitiendo textualmente el discurso de Gómez Llorente en el debate constituyente, con lo que se renovaba en cierta medida el compromiso del partido socialista con la monarquía alcanzado en aquel momento.
En la operación de abdicación se renovó en cierta medida el “consentimiento tácito” sobre la institución monárquica del proceso constituyente de 1977-78. Se renovó la legitimación democrática “tácita” que dio cobertura a una monarquía restaurada por el general Franco. Nadie se atrevió a exigir un consentimiento “explícito” en el momento constituyente. Nadie se atrevió a exigirlo en la abdicación. De esta manera es como se ha integrado la institución monárquica en la democracia española. Y como lo sigue estando.
¿Puede ser suficiente esta legitimidad en el futuro? ¿Puede la monarquía descansar en el silencio de la ciudadanía, a la que, además, conviene no preguntarle sobre lo que piensa sobre la institución, excluyéndose de esta manera cualquier tipo de debate sobre la misma?
Da la impresión de que la preocupación sobre la fragilidad del “consentimiento tácito” empieza a hacerse notar. La expresión más clara de la misma ha sido la cobertura que ayer domingo dio El País al abandono por parte de D. Juan Carlos de toda actividad institucional. La monarquía no descansa en un consentimiento tácito, sino expreso, que refleja una doble “legitimidad”: democrática e institucional. “El origen de la monarquía parlamentaria se encuentra en la voluntaria renuncia de D. Juan Carlos a los poderes dictatoriales que el franquismo puso en sus manos y la decisión de facilitar un proceso constituyente. No es pues el designio de ningún dictador el que funda el régimen político de 1978, sino la convicción de quien, como D. Juan Carlos, dio la palabra al sujeto político silenciado a sangre y fuego: el pueblo español” (“Tributo debido”).
Hace cinco años fue Alfredo Pérez Rubalcaba, como secretario general del PSOE, quien acudió en auxilio de la monarquía. Cinco años más tarde es el diario más importante del régimen político de 1978, el que inicia la operación de legitimación expresa de la institución monárquica. No ha habido un consentimiento tácito, sino una respuesta expresa del pueblo español a la “voluntaria renuncia de D. Juan Carlos a los poderes dictatoriales del franquismo...”. El pueblo español hizo suyos los poderes que Franco había transmitido a D. Juan Carlos, tras la renuncia voluntaria de éste a los mismos. ¿Hay mayor prueba de legitimación democrática?
No se acaba de entender, si esto es así, a qué se debe la “cláusula de intangibilidad” encubierta de la monarquía del artículo 168 de la Constitución y la resistencia a someter a referéndum la presencia de la institución en nuestra fórmula de gobierno. ¿No sería preferible que no hubiera duda sobre el consentimiento expreso del pueblo español?
