Cuidar la concertación social

Este jueves se firmaba un importante acuerdo del Gobierno con sindicatos y patronales en materia de seguridad social, que incorpora el texto de un anteproyecto de Ley. Su contenido es de una gran trascendencia. Se recupera la cláusula de mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, se deroga el llamado factor de sostenibilidad y se compromete un aumento significativo, el 2% del PIB, de los recursos que aportan los PGE.

Además, se hace más equilibrado y justo el acceso a las jubilaciones anticipadas -especialmente las forzosas- al tiempo que se incentiva la prolongación voluntaria de la actividad laboral. Se avanza en la línea de una edad de jubilación muy flexible, propia de un mundo con una gran diversidad de situaciones personales. Se iguala la pensión de viudedad para las parejas de hecho y se reconocen nuevos derechos a mujeres, jóvenes becarios y también fijos discontinuos. Sin olvidar que el acuerdo establece una salvaguarda para que nadie salga perdiendo con la reforma, al tiempo que consolida indefinidamente una cláusula del acuerdo del 2011 por la que las personas despedidas antes del 2013 y que no han encontrado empleo pueden jubilarse con la regulación que más les beneficia.

Siendo importantes los contenidos de la reforma acordada, este pacto aporta otros activos intangibles muy significativos que no deberían pasar desapercibidos. 

En unos momentos de polarización social en muchos frentes y de elevada crispación, alimentada artificialmente por las derechas, la concertación social se ha convertido en el principal factor de estabilidad económica y política.

Este acuerdo de Seguridad Social se consigue en una de las materias centrales de la política económica, en uno de los ámbitos de reforma en los que la Unión Europea ha establecido criterios de condicionalidad para el acceso a los Fondos Europeos y en uno de los espacios más complejos y controvertidos de la política social.

El pacto lleva implícito una lección que deberíamos retener. Al derogar íntegramente la reforma del 2013, aprobada en solitario por el PP con su mayoría absoluta, manda un mensaje muy nítido y con una gran carga pedagógica. Las grandes reformas requieren de amplios acuerdos sociales y políticos. Si se imponen unilateralmente, corren el riesgo de que su vida sea azarosa y efímera.

Así, se vuelve a la senda iniciada en 1995, con los acuerdos políticos alcanzados en la comisión parlamentaria del Pacto de Toledo y los diversos acuerdos de concertación social. 

En un país al que le cuesta reconocer las cosas que hace bien, se dice poco que España es en esta materia una referencia positiva y ejemplo a seguir. No es frecuente encadenar durante 25 años reformas en materia de pensiones y hacerlo manera concertada -con la excepción del 2013.   

Por supuesto, no faltan las críticas al hecho de que el acuerdo haya dejado para una segunda tanda de negociación temas importantes y conflictivos. Esto, lejos de ser un factor negativo, es una expresión de inteligencia negociadora. Se ha llegado a acuerdos en todo aquello que estaba maduro -no ha sido nada fácil- y se ha pactado el desacuerdo con relación a otros aspectos que requieren más tiempo.

Algunas de las voces críticas acusan a sindicatos, patronales y gobierno de no abordar reformas esenciales -las que ellos consideran esenciales. Y les imputan la responsabilidad de llevar al sistema a la insostenibilidad futura, metiendo miedo en el cuerpo a las personas jóvenes y alimentando el conflicto generacional. 

No seré yo el que niegue los retos que debe afrontar el sistema de seguridad social. Confluyen factores diversos y de naturaleza distinta que acumulan sus efectos. Algunos son de naturaleza coyuntural, como un significativo aumento en los próximos años del gasto en pensiones como consecuencia de la entrada en la edad de jubilación de los “baby boomers”. Otros, de naturaleza estructural. Para un sistema con un fuerte componente contributivo -las pensiones se perciben en función de los años y las cuantías cotizadas –las crisis sufridas en las últimas décadas deterioran las expectativas de los futuros pensionistas. Además, las transiciones -en algunos casos disrupciones- en las que estamos inmersos pueden aumentar estos impactos. Y como guinda, un sistema productivo con un peso muy importante de sectores y empresas de baja productividad y poca calidad en el empleo, factores que suelen ir cogidos de la mano.

Los retos son importantes pero gobernables y se llevan afrontando con las reformas de las últimas décadas. Si bien no en la línea que a algunos les gustaría, orientada a reducir la cobertura del sistema público, achicando así espacios para que los ocupen los sistemas privados.

Las críticas son legítimas, pero quienes vaticinan una vez más la insostenibilidad del sistema público de pensiones deberían evitar afirmaciones muy categóricas. Sobre todo si son las mismas personas e instituciones que en 1995 vaticinaron la quiebra del sistema para finales de siglo y nos proponían una reforma radical para transitar hacia un sistema mixto público-privado. Aunque solo cinco años después de sus apocalípticos informes tuvieron que “ofrecer una explicación acerca del fracaso de las proyecciones y los análisis sobre las perspectivas financieras de nuestro sistema de pensiones contributivas”. La cita es literal y sacada del informe exculpatorio de Fedea publicado por el Servicio de Estudios de la Caixa en el año 2000.  

La idea, machacada insistentemente, de que existen unas medidas “indiscutibles” y que someterlas a la concertación social o al acuerdo político impide aplicarlas parte de una premisa muy peligrosa en términos democráticos. Debe hacerse aquello que proponen los “expertos” y no aquello que consideren quienes representan legítimos intereses y tienen responsabilidad de gobierno.

Nada nuevo bajo el sol. El neoliberalismo siempre ha considerado la democracia como un obstáculo a la libertad de mercado. Lo recuerda Quinn Slobodian en su libro “Globalistas”, de Capitán Swing, citando unas palabras de 1967 de Fritz Machlup, destacado representante de la escuela austriaca: “El coste de la democracia es altísimo. Hace que resulte imposible hacer lo que se debe hacer y obliga a hacer lo que no se debe hacer en nombre del interés público”.

Haber cerrado de manera satisfactoria este acuerdo permite abordar también por la vía de la concertación otras negociaciones importantes, la segunda tanda de la seguridad social, la mejora del SMI y la reforma del marco de relaciones laborales.

No será fácil, aunque con relación al SMI y el objetivo comprometido de situarlo en el 2023 en el 60% del salario medio, el informe de la Comisión de expertos apunta a un sendero prudente y transitable.

Mucho más complicadas se presentan las negociaciones para la reforma laboral. Existen elevadas expectativas, compromisos en el programa del gobierno de coalición y posiciones muy encontradas, al menos de entrada.

A pesar de ello creo que existe un espacio de encuentro. A los sindicatos les interesa reformar una legislación laboral que propicia todo tipo de precariedades y facilita las estrategias de externalización de costes y riesgos de las empresas a las personas trabajadoras. A las organizaciones empresariales les interesa reformar una legislación que por la vía de la subcontratación de actividades o la primacía del convenio de empresa sobre el sectorial incentiva las estrategias de dumping laboral en detrimento de los empresarios más serios y eficientes. Al conjunto de la sociedad le interesa que la legislación laboral acompañe y facilite las necesarias transiciones verde y digitales en las que estamos inmersos.

De nada servirán los fondos europeos si nuestra legislación continúa primando estrategias de competitividad basadas en la precariedad y la externalización de costes. De nada sirve apostar por la economía verde si la legislación laboral propicia un sistema logístico que reduce costes empresariales externalizando los riesgos al autónomo del transporte, auto-explotador de sí mismo, o al conjunto de la sociedad en forma de uso intensivo del espacio público y elevadas emisiones a la atmosfera.

No es de recibo que nos pasemos el día lamentándonos del aumento de las desigualdades sociales, de la pobreza, de la reducción de ingresos contributivos de la seguridad social y en paralelo se quiera mantener una legislación laboral que está en el origen de estos efectos.

Lo que pone en duda la protección social de los jóvenes en un futuro no son las pensiones de los mayores o la insostenibilidad financiera de la seguridad social, sino un modelo productivo y un mercado de trabajo precarizador que les mantiene en la inestabilidad contractual, que genera grandes períodos en los que no cotizan o lo hacen por bases muy bajas. También, un sistema fiscal insuficiente, inequitativo e ineficiente que aporta recursos que son un 7% del PIB más bajos que la media de la UE.

No resultan creíbles las lágrimas de cocodrilo de la ministra de Economía quejándose del comportamiento de los directivos bancarios y su pretensión de despidos masivos, al mismo tiempo que exige mantener una legislación aprobada por el PP en el 2013. La desaparición de la autorización previa para los ERE provoca una desigual negociación entre las partes, impide la intervención de los poderes públicos y facilita ajustes duros de plantilla.

En el debate público sobre la reforma de la legislación laboral hay mucho ideologismo no sustentado en datos y un exceso de fariseísmo.

Abordar estas reformas que el país necesita no será fácil. Los posibles acuerdos dejarán cosas en el tintero y serán imperfectos -por definición lo es cualquier pacto. Quién haya negociado alguna vez sabe que no hay acuerdos limpios sin renuncias.

El Gobierno tiene el compromiso ante la sociedad española y ante la Unión Europea de proceder a una reforma de la legislación laboral. La tiene que hacer con o sin acuerdo, pero siguiendo la base argumental de este artículo sería muy importante que fuera fruto de la concertación social.

Nuestro país necesita de grandes acuerdos que aporten estabilidad económica, social y política en unos momentos en los que los costes sociales de las transiciones en que estamos inmersos serán muy importantes y, si no se evita, también muy desequilibrados. El riesgo de que ello conduzca a explosiones de rabia social, que intenta alimentar y cabalgar la derecha, es muy alto.

Todo ello nos debería llevar a la conclusión de que tenemos que cuidar la concertación social, casi me atrevo a decir que mimarla.