Desahucios: sí se puede, pero el PP no quiere
El gobierno más antisocial de nuestra historia reciente no podía jubilarse sin antes poner la guinda a estos cuatro años. Aunque sea en tiempo de descuento, en funciones y apurando el plazo límite, el Gobierno de Rajoy quiere irse como llegó: cargándose derechos sociales. Esta vez, la ley catalana contra los desahucios y la pobreza energética, que pretenden llevar al Constitucional en los próximos días si la presión ciudadana no lo impide.
¿Qué mejor broche para un gobierno antisocial que paralizar en el Constitucional la ley 24/2015 de Cataluña? Una ley que no solo es la más garantista de España en materia de vivienda, que no solo está evitando que la población más vulnerable se quede en la calle o le corten luz y agua. Es que además es una ley surgida de la iniciativa y la presión ciudadana. ¿Cómo iba a retirarse Rajoy, el Chuck Norris de los derechos sociales, sin cepillársela antes?
En materia de desahucios, el PP lleva años siendo el más fiel perro del hortelano: ni pone remedio, ni permite que otros lo pongan. Cada vez que asoma una iniciativa para aliviar la situación de miles de familias en riesgo, zas, entra el PP por la ventana y dispara con todo. Lo hizo con la ILP que la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) llevó al Congreso con millón y medio de firmas. Lo ha hecho con las leyes salidas de los parlamentos de Andalucía, Navarra, Canarias y Euskadi, todas llevadas al Constitucional y suspendidas en nombre de la defensa de la propiedad privada.
Y pretende hacerlo ahora con la ley catalana, demasiado peligrosa para dejarla correr. Peligrosa por ser una ley salida de la calle, un triunfo de la movilización social y la inteligencia colectiva, apoyada por 140.000 firmas y aprobada por unanimidad (PP catalán incluido, sí). Peligrosa porque es el modelo a seguir en otras comunidades que ya están dando los primeros pasos en la misma dirección, y que frenarán si la ven caer. Pero sobre todo, peligrosa porque está funcionando: en su corta vida ha facilitado alquileres sociales a familias amenazadas de desahucio, y ha impedido cortes de suministro a personas vulnerables.
Y eso es lo inaceptable: que funcione. Porque eso demostraría la verdad más oculta sobre los desahucios, la más triste: que tienen remedio. Que no son inevitables. Que no son una catástrofe natural sino un problema social. Que se pueden parar, y de la forma más prosaica: aprobando una ley. Por ejemplo, aplicando “las 5 de la PAH”, sin ir más lejos.
De suceder algo así, que los desahucios se acabasen con una ley, quizás los ciudadanos nos preguntásemos por qué los gobernantes no lo han hecho hasta ahora. Y más aún: si los desahucios se acabasen de repente, nos preguntaríamos por qué no lo hicieron hace tres años con la ILP, o incluso antes, también el anterior gobierno socialista. Entenderíamos entonces que todo el sufrimiento de estos años era evitable. Y que no quisieron evitarlo.
Es decir, que el famoso “sí se puede, pero no quieren” es cierto. Que sí se puede acabar con los desahucios (que sigue habiendo hoy, aunque ya no los veamos). Que se podía, que se ha podido todos estos años, desde el principio. Pero no han querido ni quieren.
Que se ande con ojo el PP, que la PAH está furiosa, y son capaces de todo. Llevan años demostrando que pueden con lo que se les ponga por delante: parar desahucios, recuperar pisos vacíos para familias sin casa, presionar a la banca para negociar daciones en pago y alquileres sociales, mantener los desahucios en la agenda política y mediática, impulsar cambios legislativos. Ojo con ellas.
