¿Elecciones anticipadas en Andalucía?
De las diez ocasiones en que los ciudadanos andaluces han sido convocados a las urnas para elegir el Parlamento de Andalucía, únicamente en dos lo han sido de manera anticipada, en 1996 y en 2015. En las ocho ocasiones restantes las elecciones se han celebrado “por calendario”, como dicen los americanos, es decir, cuando tocaban.
En las dos ocasiones en que se produjo la convocatoria anticipada no hubo la más mínima sombra de duda acerca de la justificación de la convocatoria. En 1996 el presidente Manuel Chaves decidió convocar elecciones una vez que “la pinza” urdida entre Javier Arenas y Luis Carlos Rejón, imposibilitó por segunda vez la aprobación de los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma. Ante la imposibilidad de una nueva prórroga de los Presupuestos, el presidente Chaves se vio forzado a disolver el Parlamento y convocar elecciones.
En 2015, la presidenta Susana Díaz, que había llegado a la presidencia por la dimisión de José Griñán y a la que los partidos de la oposición y buena parte de los medios de comunicación andaluces le habían estado echando en cara de manera permanente que no era una presidenta “elegida”, sino una presidenta “heredera”, entendió que había llegado el momento de que fueran los ciudadanos andaluces los que decidieran si ella debía ser presidenta o no como consecuencia del ejercicio del derecho de sufragio en unas elecciones en las que ella fuera la candidata a la presidencia.
En ambos casos la decisión de adelantar las elecciones fue una decisión acertada para el partido del presidente o presidenta que la tomó. El PSOE salió reforzado tanto en 1996 como en 2015, en un momento en el que el viento soplaba en contra del socialismo español en todo el país.
¿Es la misma la situación en este 2018? ¿Podría la presidenta Susana Díaz convocar elecciones para este otoño, como se está dando por hecho, con una justificación similar a la que tuvieron las convocatorias de 1996 y 2015? ¿No habría ninguna sombra de duda sobre la motivación del adelanto electoral?
Los interrogantes se responden por sí mismos. En la Política hay leyes no escritas que son más importantes que las normas escritas. Su cumplimiento no es exigible ante ningún tribunal de justicia, pero ¡ay! de quien no las cumpla. Son los ciudadanos con su voto los que acaban sancionando el incumplimiento. Y de una manera inapelable.
Una de esas leyes escritas es que no se pueden convocar elecciones anticipadas si puede levantarse la más mínima sospecha sobre la motivación que está detrás de esa decisión. La confianza es el valor clave en el proceso electoral. Si los ciudadanos tienen motivos para desconfiar de por qué son convocados a las urnas sin esperar al momento en que tendrían que ser convocados, el presidente que tomó la decisión se encontrará con unos resultados que no se corresponden con sus expectativas. La desconfianza se hará visible en el resultado electoral.
A unas elecciones anticipadas hay que ir sin sombra de dudas respecto de la convocatoria. La sombra de duda se vuelve en contra inexorablemente, porque contra las sombras no se puede luchar.
2018 no es ni 1996 ni 2015. Es completamente imposible que no se levanten sospechas sobre la justificación del adelanto electoral. Todos los partidos políticos sin excepción y una parte muy importante de los medios de comunicación se encargarán de que esas sospechas estén presentes durante toda la campaña hasta el mismo día de la jornada electoral.
Adelantar elecciones es tirar piedras contra el propio tejado. Unas elecciones anticipadas de la forma en que tendrían que hacerse no pueden salir bien para el partido de la presidenta que las convoca. En ningún caso pueden salir mejor que convocándolas cuando tocan.
