España no es país para pobres

Comienzo este artículo con el firme propósito de no hacer demagogia sobre los ricos, y no acabar con un “eat the rich”, a pesar de la tentación ante las informaciones que cruzan a los españoles de la lista Forbes y los que reciben ayudas públicas. Sorpresa, ninguna. En nuestro país se hace realidad el popular “dinero llama a dinero” y no tenerlo, o no tener suficiente, es la causa principal de la caída libre de muchas familias. La pobreza y la exclusión se extienden entre los universitarios y los que tienen trabajo, porque ya nadie se libra, y no funcionan adecuadamente las redes del estado del bienestar, la redistribución fiscal, la educación, las ayudas y el ascensor social.

Sara Mesa publicó en Cuadernos de Anagrama un ensayo llamado Silencio administrativo, con el subtítulo de La pobreza en el laberinto burocrático. Lo recomiendo porque resume todo lo que está pasando en torno al bono social térmico. La autora cuenta cómo las exigencias administrativas que han de superar los más vulnerables son otra vuelta de tuerca a su precaria situación. Lo que es una muralla para los más desasistidos es un puente de plata para los que cuentan con un gestor atento a cada ayuda que las administraciones aprueban. El informe de la OCDE, Apoyo para los ingresos de los individuos en edad laboral y sus familias, certifica que el 20% más rico se lleva el triple de ayudas públicas que el 20% más pobre. Sara Mesa lo resume bien: “La pobreza no tiene un final feliz”.

La pobreza se convierte en una enfermedad crónica grave sin curación, solo atendida desde las administraciones con medidas paliativas en el mejor de los casos. Desde dentro, se vive como una sucesión infinita de problemas de todo tipo, que no solo es hacer equilibrios económicos para llegar a fin de mes; es también una situación que asfixia el talento y las aspiraciones, que pone en peligro la salud, que limita las expectativas vitales y culturales y hace que tu vida sea únicamente la angustia de cómo sobrevivir. 

Los datos están ahí, y detrás de ellos, las personas: según el informe de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en España, solo el 8% de los que están por debajo del umbral de la pobreza recibe la renta mínima, una de cada tres personas que viven bajo el umbral de la pobreza cuenta con un empleo y una de cada seis tiene educación superior. En 2021, 13,1 millones de personas estaban en riesgo de pobreza o exclusión social, sufrían carencia material o presentaban baja intensidad de empleo. Por su parte, la OCDE certifica que las ayudas en España llegan más a quienes menos lo necesitan y que el sistema tributario no es progresivo: la presión fiscal es similar para todos los grupos de renta.

Si el trabajo no consigue que alguien esté por encima del umbral de pobreza, para qué sirve el trabajo. Si las ayudas no van a quienes lo necesitan, para qué sirven. Nuestra democracia debe ser eficaz y útil a sus objetivos. La pobreza persiste también porque hay quien se beneficia de ella, porque se disfruta de bienes y servicios muy baratos o se aprueban medidas fiscales para atraer capital en detrimento de los ciudadanos. La prosperidad de España debe estar ligada a la prosperidad de sus ciudadanos, de todos. El objetivo, aunque parezca inalcanzable, es abolir la pobreza. Conseguir que España no sea un país de pobres y que los ricos, por fin, sean país.