Feliz año judicial y electoral
Cuando se acercan las elecciones los políticos se ponen nerviosos y, si las citas con las urnas vienen acompañadas de decisiones judiciales que pueden condicionar el desarrollo de los acontecimientos, el nerviosismo puede convertirse en histeria. 2019 será un año de las dos cosas para los líderes de los principales partidos porque tendrán que centrar sus esfuerzos en las numerosas citas electorales que les esperan, en sortear los reveses que puedan llegarles desde los tribunales y en aprovechar de la mejor manera los que sufran sus rivales.
El año comenzará bien para el Partido Popular, con la elección de Juanma Moreno como presidente de la Junta de la Andalucía tras 36 años de Gobiernos socialistas en la región, pero a partir del día 8 de enero a los de Pablo Casado se les volverá a aparecer uno de los fantasmas que más han lastrado su credibilidad en los últimos años. Rodrigo Rato, tan caído en desgracia que visitará la sala de vistas de la Audiencia Nacional desde la celda de Soto del Real en la que cumple condena por el choriceo de las tarjetas black, comparecerá como acusado en el juicio en el que se examina la fusión de las siete cajas ahorros que dieron origen a Bankia y su calamitosa salida a Bolsa. El exvicepresidente del Gobierno defenderá el plan de rescate que diseñó para la entidad y apuntará que el que pusieron en marcha su sucesor, José Ignacio Goirigolzarri, y su expupilo Luis de Guindos costó a las arcas públicas el triple que el suyo.
En febrero está previsto que arranque en el Tribunal Supremo el juicio más importante del año, de la década y, según algunos, de la historia de la democracia. Tras depurar el banquillo de los acusados con la deslocalización al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya de los seis procesados que tenían los cargos más leves, serán juzgados los doce líderes independentistas catalanes que diseñaron el referéndum del 1 de octubre de 2017 y que impulsaron la proclamación en el Parlament de la fallida Declaración Unilateral de Independencia. Estarán todos menos los siete imputados que permanecen fuera de España, con Carles Puigdemont en Waterloo como autoexiliado presidente de “la república que no existe, idiota”, como le explicó un mosso a un bombero en una escena que parecía más un chiste que un desalojo.
Según fuentes del Tribunal Supremo, la sentencia podría dictarse a finales de julio, justo antes del mes de agosto, lo que impediría a propósito la inmediata convocatoria de unas elecciones catalanas en las que los partidos independentistas -ERC liderando las encuestas y lo que quede del conglomerado PDeCAT-Junts per Catalunya-Crida tras los enredos de Puigdemont y su dron, Quim Torra- pudieran aprovechar el tirón electoral que dejen las más que previsibles condenas a Oriol Junqueras, Carme Forcadell y los exconsellers del Gobierno catalán. Y todo sin perder de vista que a principios de 2020, el hombre con el que empezó todo, Artur Mas, podrá volver con pleno derecho a la vida política al finalizar el periodo de inhabilitación que los tribunales le impusieron por organizar la consulta del 9N de 2014.
El juicio podría durar hasta finales de marzo o mediados de abril, fechas en las que todavía se baraja un posible adelanto de las elecciones generales si finalmente los partidos catalanes bloquearan los presupuestos del Gobierno de Pedro Sánchez y la situación política para el Ejecutivo se volviera insostenible. Si los socialistas consiguen alargar la legislatura, el test que tendrán que afrontar serán las elecciones municipales, autonómicas y europeas de mayo, en la que se medirá la irrupción de la extrema derecha de Vox en todas las grandes capitales y en 13 comunidades autónomas, entre ellas Madrid y Valencia. Se la juegan los denominados Gobiernos del cambio, con alcaldes y alcaldesas de coaliciones próximas a Podemos: Manuela Carmena en Madrid, que mirará de reojo si el Tribunal Superior de Justicia le paraliza su proyecto estrella de restricción del tráfico en El Centro; y Ada Colau en Barcelona, que tendrá que sortear el juicio del procés con la equidistancia que ha practicado entre el independentismo victimizado por la acción de la Justicia y el nuevo constitucionalismo de buenrollismo multinacional que quiere encarnar Manuel Valls.
Antes del tórrido verano catalán podrían conocerse tres sentencias que sacarán a relucir las entrañas de corrupción de los dos grandes partidos nacionales. La Audiencia de Sevilla decidirá si condena a los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán y, en el caso del último, si tiene que cumplir los seis años de prisión que solicita la Fiscalía Anticorrupción por el escándalo de los ERE irregulares de la Junta. El Supremo, por su parte, revisará la sentencia de la primera época del caso Gürtel, que ya dictaminó que el PP grandes sumas de dinero negro al menos durante 20 años, y la de los manejos de la red en Valencia, que pusieron al descubierto la financiación irregular de la formación durante el mandato de Francisco Camps.
En el último trimestre del año o quizá en 2020, pero en todo caso en fechas muy próximas a las elecciones generales si finalmente se celebran en otoño o si el PSOE consigue posponerlas al máximo límite posible, llegará el juicio sobre la caja B del Partido Popular. Y entonces Luis Bárcenas, ya sin nada que perder y con el futuro de su mujer solventado para mal o para bien, volverá a tener la oportunidad de contarle a un tribunal lo que se hacía en la calle Génova cuando a los empresarios amigos que visitaban la sede, además de las gracias, se les daba una caja de puros por los servicios prestados.
