El fiscal blinda a los defraudadores
Según acabamos de conocer por el escrito de acusación del Ministerio Fiscal en el asunto más conocido como caso Nóos (Urdangarin-Infanta Cristina), sin desmerecer al resto de los ilustres imputados, el delito de fraude a la Hacienda Pública, es decir el impago de los impuestos que constituye una partida fundamental de los presupuestos del Estado que contribuyen a satisfacer los intereses públicos, es una cuestión privada entre el Abogado del Estado de turno y, en su caso, el Ministerio Fiscal.
Tan sorprendente como alarmante decisión nos sitúa ante un Estado fallido que nada tiene que envidiar a los que no han llegado al nivel de exigencias y responsabilidades democráticas. No contento con haber estimado que la conducta de la infanta Cristina (nada sabía, nada leía, nada veía y se limitaba a vivir por encima de sus posibilidades) no llegaba al nivel necesario para ser constitutivo de un delito de blanqueo de capitales, que sólo había cometido el prepotente y dominador marido, sometiéndola a la condición de una sumisa esposa que seguía los consejos del arzobispo de Granada y ni siquiera constituye un delito de fraude a la Hacienda Pública.
Si su actitud se hubiera limitado a esta valoración podríamos simplemente discrepar de su criterio, pero no podemos admitir, sin indignación y rechazo, que un representante del Ministerio Fiscal de un país de la Unión Europea se ponga por montera los principios básicos de una sociedad digna y democrática y considere que, en todo caso, habría que aplicar a la posible defraudadora la conocida, en el ámbito judicial y social, como doctrina Botín. Tratando de sintetizar la tan traída y llevada tesis jurisprudencial, viene a decir que un posible fraude multitudinario que afecta a infinidad de personas, que alcanza sumas millonarias y que pone en cuestión la estabilidad del sistema financiero, es un mero contratiempo que sólo afecta al posible autor y a las incautas víctimas, seguramente movidas por un afán de codicia que las hace merecedoras de la pérdida de sus bienes y ahorros.
Vivimos en un país de fantasía, quizá debido a nuestros ocho siglos de convivencia con la cultura árabe, propicia a asimilar los cuentos de Las Mil y una Noches (La lámpara de Aladino y Alí baba y los 40 ladrones). Siguiendo la línea marcada por el fiscal de Palma de Mallorca, podíamos sentar como doctrina que la malversación es una cuestión privada entre el funcionario que tiene que custodiar los caudales y el que mete la mano en la caja. En la misma línea, el cohecho no pasa de ser un negocio entre un funcionario corrupto y un empresario corruptor. Siguiendo con las fantasías, un golpe de Estado no pasa de ser una simple disidencia del golpista con la sociedad democrática. Admito la postura del fiscal sobre la inocencia inmaculada de la infanta Cristina, pero su inmersión innecesaria en la aplicación de la doctrina Botín levanta sospechas de las que no puede quejarse.
El malvado Urdangarin es reo de una catarata de delitos que le llevan hasta los 20 años de prisión, que por supuesto tiene un límite. Su esposa, alta ejecutiva de una entidad financiera, es una mera espectadora pasiva de todas estas tropelías. En materia de blanqueo de capitales parece que su única preocupación era la de ocuparse de la marca de los detergentes que utilizaba en su domicilio.
El mensaje que envía el escrito del fiscal de Palma de Mallorca a todos los ciudadanos es devastador. Les anima a ignorar sus obligaciones cívicas de contribuir a los gastos públicos que afectan a la convivencia ciudadana. Les induce a simular facturas para reducir sus declaraciones ante los agentes tributarios, a los que equipara a una especie de viajantes de comercio. Ya saben, según el defensor de la legalidad en Palma de Mallorca, que pueden blanquear si son dóciles esposas, e incluso simular facturas para optimizar sus privativas obligaciones tributarias con la sociedad. Pero tengan cuidado, antes de lanzarse por estos derroteros, repasen su árbol genealógico.
