El Gobierno nos devuelve a la época de Esquilache

Interior lo tiene claro. El Gobierno no quiere protestas, y mucho menos como las que ampara la ley actual, y piensa en reformas que recuerdan a hechos acaecidos hace.... 250 años: el nuevo Código Penal convertirá en delito manifestarse con la cara tapada, como confesó el director general de la Policía, Ignacio Cosidó.

Ya en 1766, el ministro de Carlos III Leopoldo de Gregorio, el marqués de Esquilache, de origen italiano, dictó el célebre bando para erradicar la capa larga y el sombrero de ala ancha “de forma que de ningún modo vayan embozados ni oculten el rostro”, y que supuso el detonante de una revuelta popular en la que participaron miles de personas en toda España. La orden establecía:

Y se desató una revuelta. La gota que colmó el vaso fue el bando, pero las causas reales tenían más que ver con las condiciones penosas de vida. No es que hubiera un 25% de paro, los salarios públicos estuvieran recortados, las pensiones congeladas y, eso sí, los bancos rescatados. Estábamos en el siglo XVIII y la hambruna se extendía por la escalada de precios de los productos básicos (el pan duplicó su precio en cinco años), los salarios se hundían, las crisis de subsistencia pasadas permanecían en la memoria colectiva y el recelo a los ministros extranjeros de Carlos III, aunque no fueran 'hombres de negro', exasperaba. Entre otras cosas, por las medidas económicas que no aliviaron la carestía de la población.

El pretexto de Esquilache era que los ciudadanos, con su vestimenta castiza de la capa larga y el chambergo, podían cubrirse para cometer todo tipo de tropelías. Y es que, como diría Cosidó, han “causado decenas y decenas de policías heridos por el ejercicio de esa violencia”.

Los amotinados destruyeron miles de farolas colocadas por Esquilache para acabar con los rincones oscuros, asaltaron la casa del marqués y se dirigieron al Palacio Real para manifestarse a las puertas de Carlos III. La revuelta con la Guardia Real acabó con algún muerto, y al final el monarca, a regañadientes, acabó cediendo y aceptando las demandas populares. Esquilache, en cambio, cayó en desgracia y fue desterrado.

Habrá que esperar en qué quedará la reforma del Código Penal que prepara el Gobierno. Pero seguramente la solución no se encuentre en el siglo XVIII.