Esos heridos de los que usted me habla
En el juicio del procés habíamos asistido hasta ahora a declaraciones de algunos exmiembros del Govern de Carles Puigdemont que defendían la celebración del referéndum pero no sabían cómo se había organizado. Ahora, en el turno de los testigos, hemos descubierto que Mariano Rajoy y Soraya Sáenz de Santamaría no tenían ni idea de lo que iba a hacer la Policía Nacional y la Guardia Civil para evitar esa votación (pese a que él era el presidente del Gobierno y Santamaría diseñó la estrategia a seguir en Catalunya y controlaba el CNI).
La sonrisa de la que fuera todopoderosa vicepresidenta se fue congelando a medida que avanzaba su preparada declaración en el Supremo. Consiguió torear a Andreu Van den Eynde, abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva, pero fracasó en su intento de salir airosa de las preguntas de Xavier Melero, abogado de Quim Forn, un letrado que no solo no es independentista sino que incluso estuvo en el núcleo fundador de Ciudadanos.
Tanto el expresidente como su mano derecha podrían haber mostrado un cierto respeto hacia los catalanes que ese día decidieron ir a votar, preguntarse por qué lo hicieron, y no limitarse a insistir en que fueron centenares de miles de ciudadanos instrumentalizados por las fuerzas independentistas. Pero no solo no se lo preguntan sino que se evaden de cualquier responsabilidad en las cargas policiales del 1-O. En sus respectivas declaraciones no citaron al entonces ministro del Interior, José Ignacio Zoido, se escudaron en que los dispositivos de seguridad no los diseñan los políticos, y se remitieron a las instrucciones judiciales. Pero ambos se olvidaron de que fue el Ministerio del Interior, esto es, su Gobierno, quien designó al coronel Diego Pérez de los Cobos como responsable de la coordinación de la seguridad de esa jornada.
Mientras el PP no analice por qué 2,3 millones de ciudadanos fueron a votar el 1 de octubre será imposible que entiendan qué pasa en Catalunya. Mientras se limite solo a criminalizar a los partidos secesionistas no será respetado por prácticamente la mitad del electorado de Catalunya (el cuerpo electoral en unas autonómicas es de 5'6 millones). Mientras Rajoy, Santamaría o sus herederos en el PP solo hablen de los policías y guardias civiles atendidos ese día (modificando de nuevo a la baja la cifra), no ofrezcan ni una mínima disculpa a los ciudadanos que también requirieron asistencia sanitaria y se limiten a lamentarlo como si fuese un mal menor, será imposible que se reconcilien con millones de catalanes. No podrán hacerse valer incluso ante catalanes que ese día no fueron a votar, catalanes que no son independentistas, catalanes que están en contra de lo que hizo el Govern de Puigdemont y no entienden al president Torra. Son catalanes que todavía hoy no comprenden por qué la Policía Nacional y la Guardia Civil actuó como actuó el 1 de octubre del 2017.
Rajoy evitó en todo momento hablar de la violencia pese a que este es el meollo de la causa que se juzga pero dio munición a la Fiscalía para seguir construyendo el delito de rebelión. Al menos, tal y como lo entiende la Fiscalía y que no es como lo interpreta la mayoría de catedráticos en derecho penal de España. El expresidente, además, se declaró partidario del diálogo siempre que se cumpla la legalidad. Pero la realidad una vez más le desmiente puesto que durante su última legislatura nunca se reunió la comisión bilateral Estado-Generalitat ni ninguna de las que dependen de esta. Es imposible encontrar mesas de diálogo más regladas y legales que estas.
Eso sí, sin renunciar a su defensa de la unidad de España y de la necesidad de preservarla, tanto Rajoy como Santamaría tuvieron que explicar al secretario general de Vox que la Constitución dice lo que dice, por más que Ortega Smith insista en preguntar por qué no se decretó el estado de sitio en Catalunya. Ilustraron a Vox sobre los límites de la Carta Magna, una lección que de paso puede servirle a Pablo Casado.
