¿Hasta cuándo?
La Iglesia Católica ha sido uno de los obstáculos más importantes con el que ha tenido que enfrentarse la sociedad española en su tortuoso camino para constituirse democráticamente. En los momentos de protagonismo democrático de la sociedad española siempre se ha tenido que enfrentar con la resistencia de la Iglesia, que ha conseguido frustrar la consolidación estatal de dicho protagonismo. Desde el Sexenio Revolucionario, pasando por la Segunda República. La Iglesia Católica ha sido en nuestra historia constitucional un problema insuperable para la democracia.
Con la Constitución de 1978 es la primera vez que el principio de legitimidad democrática y la Iglesia Católica están pudiendo convivir. Pero están pudiendo hacerlo porque en la Transición, de una manera formalmente postconstitucional, pero materialmente preconstitucional, se le dio a la Iglesia un trato de favor, del que no es que haga uso, sino que abusa de manera continuada.
La relación de la Iglesia Católica con lo que iba a ser el Estado Constitucional democrático español se definió a través de unos Acuerdos con la Santa Sede que se publicaron el 4 de enero de 1979, es decir, pocos días después de que hubiera entrado en vigor la Constitución el 28 de diciembre de 1978. Son, por tanto, postconstitucionales. Pero es obvio que tales Acuerdos se negociaron por un Gobierno preconstitucional sin control parlamentario de ningún tipo.
La razón de que se hiciera así es clara. Tales Acuerdos no hubieran podido ser aprobados por un Gobierno y un Parlamento constitucional, es decir, por un Gobierno y un Parlamento que se hubiera constituido tras unas elecciones generales celebradas con la Constitución ya en vigor. En democracia esos Acuerdos no se hubieran podido aprobar nunca. Se aprobaron en la penumbra preconstitucional. Ya no se estaba en el franquismo, pero tampoco en la democracia. En ese momento es en el que se definió la posición privilegiada de la Iglesia Católica dentro del sistema político español.
Debido a esa posición privilegiada la Iglesia Católica no ha sido un antagonista frontal de la democracia española. La Iglesia del Régimen del General Franco, igual que la Monarquía restaurada por el general Franco, se introducen en la democracia española como elementos previos a e indisponibles para el poder constituyente. La posición de la Monarquía y la de la Iglesia son previas a la Constitución. Son hechos consumados. Su posición no puede ser exactamente igual a la que tuvieron en el pasado, pero no ha sido definida democráticamente por la sociedad española. Son condicionantes del Régimen nacido de la guerra civil y De la Iglesia de la guerra civil en el funcionamiento de la democracia española con base en la Constitución de 1978.
Ahora bien, si no ha habido un antagonismo frontal, sí ha habido juego poco limpio de manera continuada. Empezó con las “beatificaciones” de curas y monjas que se ponen en marcha inmediatamente después del acceso al Gobierno de Felipe González en 1982. No hubo ninguna antes. Es cuando llega la izquierda al poder cuando se ponen en marcha. Ha seguido con el apoyo al PP en las manifestaciones contra el intento de regular la interrupción voluntaria del embarazo o el matrimonio de personas del mismo sexo. Con las clases de religión y el rechazo de educación para la ciudadanía y un largo etcétera.
La Iglesia Católica no es un “problema de la democracia española”, pero no ha dejado de generar permanentemente problemas a la democracia española, aprovechándose de la situación privilegiada que se le reconoció en la “penumbra preconstitucional”. El escándalo de las terapias para “curar” la homosexualidad, que ha puesto en marcha el obispo Reig Pla, pero en torno al cual ha acabado cerrando filas la Conferencia Episcopal, es el último de los problemas, por el momento. Porque seguro que vendrán más, que no dejarán de venir permanentemente más.
La democracia debería reaccionar. La democracia española debe definir su relación con la Iglesia Católica de una manera democrática. Debería denunciar los Acuerdos con la Santa Sede y renegociar la forma en que debe relacionarse el Estado español con ella de una manera constitucionalmente apropiada. No se debe seguir como estamos. La fórmula de los Acuerdos de enero de 1979 es una fórmula perversa, que propicia que la Iglesia abuse de su posición. Y nadie deja de abusar de una posición que tiene reconocida. La lógica es que el abuso siempre vaya a más.
