Indicador preocupante
La convalidación el pasado jueves de los tres primeros decretos leyes dictados por el Gobierno presidido por Pedro Sánchez, uno de los cuales ha permitido recuperar el carácter universal de la sanidad, han sido recibidos como una buena señal respecto de la operatividad de nuestro sistema político. A pesar de todos los pesares, que son muchos y de los que doy por informados a los lectores, hay mayoría parlamentaria suficiente como para que se puedan seguir tomando decisiones. No hay una parálisis completa. Hay muchas dificultades y no se pueda garantizar, además, que esa mayoría parlamentaria vaya a seguir operativa incluso en el futuro más inmediato, pero, de momento, el sistema político aguanta.
Lo que ocurrió el jueves en el Congreso de los Diputados tiene que ser considerado como algo positivo, pero no debe hacernos olvidar que la convalidación de esos tres decretos leyes es al mismo tiempo un indicador de una anomalía política y jurídica que califico de preocupante en el título de este artículo, pero que más bien se podría calificar de alarmante.
Desde la entrada en vigor de la Constitución todos los gobiernos han tenido que recurrir al decreto ley en todas las legislaturas. No todos los gobiernos ni en todas las legislaturas con la misma intensidad, pero todos y en todas con más frecuencia e intensidad de la que previó el constituyente al aprobar el artículo 86 de la Constitución en los términos que lo hizo. La “normalidad” con la que se ha hecho uso de una norma “excepcional” ha sido el indicador de una patología de la democracia española desde el primer momento. Con la Constitución española vigente se ha tenido que excepcionar de manera continuada y desde el principio el procedimiento democrático normal de creación del derecho. En lugar de dar respuesta a los problemas con los que la sociedad tiene que enfrentarse mediante la ley, aprobada con todas las garantías que el procedimiento legislativo conlleva, se ha recurrido, y cada vez con más frecuencia, al decreto ley con el que se prescinde en muy buena medida de dichas garantías.
El decreto ley no es una institución antidemocrática, pero el uso continuado del decreto ley sí es un indicador de baja calidad del sistema político. Puede llegar a convertirse en un indicador de algo mucho más grave: de un deterioro de dicho sistema que lo sitúa en el límite de lo que puede ser considerado un sistema democrático.
Es lo que está ocurriendo en España desde 2015. Aunque, como ya he dicho, por todos los gobiernos y en todas las legislaturas se ha hecho un uso excesivo del decreto ley, lo que está ocurriendo desde 2015 no había ocurrido con anterioridad. Desde 2015 no es que se esté excepcionando con alguna o con bastante frecuencia la ley parlamentaria como instrumento para dar respuesta a los problemas con los que la sociedad española tenga que enfrentarse, sino que se está sustituyendo la ley por el decreto ley.
La democracia española no es capaz de dar respuesta a los problema con los que la sociedad tiene que enfrentarse a través de la ley aprobada con todas las garantías procedimentales exigibles. La democracia española no es capaz de legislar parlamentariamente. Se legisla por el Gobierno y esa legislación gubernamental, que ya está en vigor, “se convalida” posteriormente en el Congreso de los Diputados. En el Congreso no hay propiamente debate parlamentario sobre el contenido de la norma, sino un turno de explicación de voto de los diferentes grupos parlamentarios sobre su decisión a favor o en contra de la convalidación. Esta es la perversión democrática en la que nos hemos instalado.
La convalidación de estos últimos tres decretos leyes es una buena noticia. La alternativa nos habría situado en una situación peor. Pero dicha convalidación es pan para hoy y hambre para mañana. Mientras la creación del Derecho, mientras la innovación del ordenamiento jurídico, no pueda hacerse mediante la ley, sino que tenga que hacerse mediante el decreto ley, porque el Parlamento y las Cortes Generales no son capaces de hacer la ley, la democracia española continuará siéndolo desde una perspectiva formal, pero dejará mucho que desear desde un punto de vista material.
No podemos seguir así indefinidamente. La sustitución de la ley por el decreto ley, de la ley parlamentaria por la ley gubernamental posteriormente convalidada, no puede ser la norma, en lo que a la creación del Derecho se refiere, en una sociedad democrática. Desde el 2015 está siendo así.
