La Justicia era esto
El Tribunal Supremo antepuso el proceso penal a los derechos de representación de Oriol Junqueras a sabiendas de que esta decisión, con un marcado carácter político, podía ser cuestionada por la Justicia europea. No quiso esperar a saber el fallo de Luxemburgo para que no le estropease los planes. Pero el fin no justificaba estos medios y lo advirtieron juristas tan poco sospechosos como el exletrado del Parlament, Antoni Bayona, que había combatido desde su cargo la derivada unilateral del independentismo.
El tribunal presidido por el juez Marchena decidió vulnerar los derechos de Junqueras de manera preventiva y no le dejó recoger el acta ni tampoco desplazarse a Estrasburgo para participar el 2 de julio en el primer pleno del Parlamento Europeo. Le perjudicó directamente a él, pero también a los 733.501 catalanes que le habían votado en las elecciones europeas. Si se le suman los 987.149 que lo hicieron por Carles Puigdemont, el gran beneficiado por la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, son en total el 49,7% de los electores que vieron cómo su voto no servía para nada. Pero eso era hasta este jueves a las 9.30 de la mañana.
La Fiscalía ya ha fijado posición y, como si oyese llover, ha anunciado que ni se le pasa por la cabeza la excarcelación de Junqueras y reclama que se ejecute de manera inmediata su inhabilitación como eurodiputado. La Fiscalía se apresuró a hacer público su escrito solo tres horas después de conocerse la sentencia. Ahora falta ver si Marchena compra esta tesis o enmienda el error cometido y anula la sentencia que condenó a Junqueras. La Abogacía del Estado, órgano que depende del Gobierno, ya se mostró favorable en su momento a dar permiso al líder de ERC para que recogiese el acta. Una imagen como la que ya vimos cuando, custodiado policialmente, entró en el Congreso para recibir el acta de diputado de la Cámara Baja. Si la Abogacía vuelve a desmarcarse de la Fiscalía allanará el camino de la negociación que PSOE y ERC están ultimando para desencallar la investidura de Pedro Sánchez.
Los republicanos podrían haber hecho aspavientos con la contundencia de la Fiscalía, pero no lo han hecho. Han fiado la continuidad de las conversaciones a la posición de la Abogacía. Un precio asumible para el Gobierno porque no le obliga a dar ninguna instrucción que sea contraria a lo que ya defendieron los letrados que dependen del Ministerio de Justicia. ERC quiere que haya gobierno en España pero necesita también llegar a las elecciones autonómicas cargada de razones que prueben ante los suyos que no se ha equivocado invistiendo a Pedro Sánchez.
La sentencia del TJUE puede tener consecuencias en otro escenario: la pugna por el liderazgo en el independentismo. Este es un fallo que coloca de nuevo a Puigdemont en la 'pole position'. Un sector amplio de Junts per Catalunya defiende que debe ser de nuevo candidato a las elecciones autonómicas. “Es nuestro candidato permanente”, resumen. Defienden que si él no quiere ser cabeza de lista sí debe estar al menos en la candidatura porque consideran que es todavía su mejor baza para remontar ante una Esquerra en racha.
Los republicanos son conscientes del ascendente que Puigdemont tiene aún entre una parte importante del electorado independentista. El 10N ERC perdió dos puntos y en cambio Junts per Catalunya subió un punto y medio respecto a los comicios de abril. Por eso necesitan que el previsible acuerdo con el PSOE no se quede en papel mojado a la primera y se convierta en munición para aquellos que pronostican que la vía del diálogo abierta con los socialistas está condenada al fracaso.
