La Ley Mordaza es represión

A través de la Comisión de Venecia, el Consejo de Europa instó a España en marzo de 2021 a revisar la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como Ley Mordaza. Instaron a ello “por el potencial represivo” de esa ley. Cualquiera en el Estado español con un mínimo sentido democrático, o que haya tenido la mala suerte de ser víctima de ese potencial, sabe de esa represión. Tuvo dicho Consejo que describirla en términos de tal naturalismo para que se haya tomado en serio que en la España del siglo XXI -la una, la grande, la libre monarquía parlamentaria española- se ejerce, desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, alentadas por instituciones políticas y judiciales, eso que en Europa reconocen, lisa y llanamente, como represión. Represión de derechos fundamentales como el de expresión o protesta. Represión ideológica. Represión xenófoba. Represión física, ya sea en la calle en una manifestación, ya sea en las dependencias de una comisaria en una detención, ya sea en los canales de los medios en una comunicación, ya sea en la fronteras calientes en una devolución. Represión.

En el Estado español hay muchas ciudadanas y ciudadanos que, con la represión de la Ley Mordaza en la mano, han sido sancionadas con elevadas multas. En el Estado español hay muchas ciudadanas y ciudadanos con causas abiertas por motivos que tienen que ver con esa represión que refrenda la Ley Mordaza. En el Estado español (no en Venezuela ni en Cuba, no) hay presos políticos que lo son bajo el paraguas de la represión de la Ley Mordaza. Son presos convenientemente escondidos, silenciados, neutralizados, olvidados. Presos, no obstante. Personas encausadas y cautivas que ven conculcados sus derechos humanos fundamentales, empezando por el de la libertad de movimientos. Tal como advirtieron los de la Comisión de Venecia esas ciudadanas y ciudadanos pueden haber sido víctimas del afán despótico de una policía cuyo talante represivo se identifica, además, de manera cada vez más explícita, con signos, símbolos y actitudes de la ultraderecha. Aunque se haya hecho caso omiso, lo cierto es que el Consejo de Europa pidió que se describieran con más precisión las atribuciones coercitivas de los agentes. Para entendernos: que no se pasaran como se pasan, que no abusaran como abusan, que esto no fuera territorio sin ley.

La Ley Mordaza fue aprobada por el PP y debiera haber sido derogada ya por el PSOE. Tuvo que llegar un Gobierno de coalición con UP para que esa derogación pueda llegar a ser un hecho, como es de esperar. Un hecho que es ineludible. Mientras la Ley Mordaza, que permite constantes atropellos policiales, siga vigente, España no será una democracia ni en su más básica formulación. Ahora Unidas Podemos y el PSOE están retomando un asunto político tan esencial como esa derogación por cuanto afecta a las libertades ciudadanas y a una convivencia que se sostenga en la cooperación y no en la represión. Un básico democrático. Porque lo es el derecho de reunión. Como lo es que la ciudadanía pueda tomar imágenes de las actuaciones policiales, tantas veces abusivas, o de las cargas, siempre violentas, en manifestaciones. Los abusos policiales son un hecho irrefutable y las imágenes que los registran deben ser consideradas una prueba de cargo frente a quienes, legitimados por la autoridad institucional, y además armados, atentan contra la convivencia social.

Hemos visto demasiadas veces, en la España del siglo XXI, cómo se burla la policía de los ciudadanos, cómo se niegan los agentes a enseñar su número de placa, cómo arremeten -a empujones, patadas, porrazos y hasta pelotazos de goma que revientan ojos- contra quienes pacíficamente plantan cara a la represión de su legítimo derecho a reunirse y manifestarse y de hacer fotos a lo que consideren, máxime si es grave y de interés público. Es urgente restituir los derechos y libertades democráticas que la Ley Mordaza conculca. Y, por supuesto, que una ciudadanía libre y pacífica no tenga que comunicar previamente su intención de reunirse, concentrarse o manifestarse. Ese tutelaje, esa vigilancia, vulneran esos derechos y libertades.

Es duro y triste que el bloqueo de la derogación de la Ley Mordaza, que tiene que ver con cuestiones tan básicas de salud democrática, se deba a la regulación de las devoluciones en caliente. Que el PSOE no tenga claro, como lo tiene UP, que las devoluciones en caliente atentan gravemente contra los derechos humanos y vulneran las convenciones internacionales sobre la protección de las personas, precisamente, más vulnerables. Que el PSOE no tenga claro que no se respetan las más mínimas garantías de protección de una persona si no se le concede ni el ínfimo derecho a explicarse, a defender ante las autoridades judiciales las razones que le han llevado a cruzar vallas defendidas por metralletas o a saltar concertinas que destrozan el cuerpo (razones que pueden deberse a una persecución política, religiosa, homófoba, criminal). Que el PSOE no tenga claro que las devoluciones en caliente son crueles, injustas y contrarias al progreso moral. Que el PSOE no tenga claro que las devoluciones en caliente son ilegales porque violan los derechos de las personas migrantes. Menos mal que nos queda UP para poner un poco de sensatez y corazón. Ojalá sea posible.