De los márgenes al centro

El estreno de En los márgenes, la opera prima de Juan Diego Botto como director, coprotagonizada por Penélope Cruz, ha logrado colocar el foco en el drama de los desahucios en este país con un guion, que el propio Botto firma junto a la periodista y cofundadora de ElDiario.es Olga Rodríguez, que bebe del método periodístico y aspira, por tanto, a acercarse a la verdad tras un exhaustivo trabajo sobre el terreno con muchas horas en asambleas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH).

La verdad que retrata la película, y que emerge sin concesiones que la harían más comercial y digerible para el sistema, es uno de los episodios más terribles de la historia reciente de nuestro país: centenares de miles de personas -alrededor de 500.000 familias, según se desprende de los registros de lanzamientos recopilados por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)- han sido desahuciadas en España desde el inicio de la crisis financiera global, que arrancó con la quiebra del banco estadounidense Lehman Brothers, en 2008.

La cifra es sobrecogedora, por más conocida que sea, y los desahucios siguen siendo un problema muy importante pendiente de resolver, pero en los años de plomo tras el crash financiero, que son los que retrata la película, alcanzaron una virulencia nunca vista. Una auténtica hecatombe social, que no fue consecuencia de ninguna fatalidad inevitable, sino el producto de las decisiones políticas que se tomaron con un objetivo central: salvar a la banca a cualquier precio.

El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, noqueado por la virulencia de una crisis que no vio venir, se entregó en el tramo final de su mandato a la patronal bancaria -como simbolizó el indulto, ya en tiempo de descuento, al banquero del Banco Santander Alfredo Sáenz-, que le garantizaba al menos la compra de deuda soberana en plena tormenta de la prima de riesgo. El Gobierno quedó paralizado ante el aumento súbito de los desahucios, que empezaron a generalizarse, propulsados por una ley hipotecaria tan beneficiosa para la banca  y perjudicial para los ciudadanos que acabó siendo declarada incompatible con el marco jurídico de la Unión Europea, que forzó su reforma años después, cuando los estragos más brutales eran ya irreparables.

Sin embargo, fue con la llegada al Gobierno del PP de Mariano Rajoy que los desahucios alcanzaron su cenit, con Luis de Guindos -¡precisamente el exdirectivo de Lehman Brothers!- como ministro de Economía y arquitecto de todo el proceso de reestructuración financiera. En esta ocasión ya no se trataba de parálisis, sino de una política fría para apuntalar a la banca y, al mismo tiempo, reducir la cuantía del rescate europeo, una de las prioridades políticas que el Ejecutivo de Rajoy perseguía a toda costa, aunque provocara “daños colaterales” de enorme envergadura. Tantos como que 500.000 familias perdieran sus viviendas y otras tantas, o más, vieran evaporar los ahorros de toda una vida que habían depositado en las llamadas participaciones preferentes.

En el caso de los desahucios, los bancos necesitaban precipitarlos a toda velocidad -con la antigua norma, bastaba un mes de impago para iniciar el procedimiento- con el fin de  parchear los enormes agujeros contables derivados de la crisis financiera global. Cada hipoteca que retrasaba el pago suponía aumentar la cartera de fallidos, un auténtico roto en las cuentas de los bancos, que entonces perdían agua por todos lados. En cambio, un rápido desahucio hacía posible la magia contable de mantener el activo aún a precio de burbuja, a la espera de que algún vehículo ad hoc -acabó llamándose Sareb- lo adquiriera de forma opaca y a precios probablemente hinchados para limitar la magnitud de las minusvalías.

Además, cuanto más saneado pareciera el sector financiero, menor iba a ser la cuantía del rescate y, por tanto, menor también la dependencia del Gobierno de Rajoy de los hombres de negro de la UE. Para reducir al máximo posible el monto solicitado a Europa, Guindos optó también por sacrificar a los centenares de miles de ahorradores que habían adquirido participaciones preferentes a las antiguas cajas, que sufrieron quitas de hasta el 90%, con lo que el rescate solicitado pudo reducirse por esta vía en al menos 13.000 millones de euros, según demostró el periodista Andreu Missé, cofundador de Alternativas económicas,  en La gran estafa de las preferentes.

Los estragos sociales del rescate bancario en España -con más de un millón de víctimas de desahucios y de quitas brutales de preferentes- fueron más agudos que en ningún otro país de la UE como consecuencia directa de la respuesta política que se dio a la crisis. Pero es que, además, la reestructuración financiera pilotada por Guindos ha sido también la que más dinero público requirió de todo el continente: a finales de 2021, y según datos oficiales, España ha destinado 73.000 millones de euros al saneamiento bancario, muy por encima del segundo país, Alemania, que ha afrontado una factura de 49.000 millones. 

En cambio, el objetivo central de toda la política de Rajoy y Guindos -proteger a los pesos pesados de las finanzas a cualquier precio- fue un éxito rotundo: los grandes bancos son ahora más fuertes que nunca, tras absorber a la mayoría de competidores medianos y pequeños -España es líder europeo en concentración bancaria, con los cinco grandes en posesión de más del 70% de los activos totales-, eliminar a competidores tan incómodos como las cajas de ahorros, que antes de la crisis aún gestionaban más del 50% de los depósitos en este país; someterse a un lifting que le ha permitido adelgazar en trabajadores (-36%) y oficinas (-65%) y volver, a partir de 2021, a pulverizar los récords históricos de beneficios, por encima incluso de las fabulosas cifras de los años de la burbuja.

No es extraño que el gran artífice de semejante balance, Luis de Guindos, fuera promocionado al cargo de consejero del Banco Central Europeo (BCE), puesto de enorme prestigio desde el que hoy sigue velando por la buena salud de la banca.

Al relato oficial del éxito, al que tanto contribuyeron también los grandes medios de comunicación bajo control de la misma banca, le incomoda enormemente la cara B del balance de la reestructuración financiera, que incluye los colosales estragos sociales que trataron de ocultar debajo de la alfombra. Es normal, pues, que la película de Juan Diego Botto haya provocado tantos sarpullidos, sobre todo en las hiperventiladas redes sociales: aunque el poder prefiera no verlos, los desahucios han dejado de estar en los márgenes y se han situado otra vez en el centro.