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La necesaria desaparición de la Fundación Francisco Franco

Franco visitando las obras del Valle junto a su esposa, Carmen Polo. EFE.

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El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado que se van a iniciar los trámites para extinguir la Fundación Francisco Franco.  Ya era hora. Sólo puedo alegrarme como ciudadana e historiadora. La existencia de esta fundación es una ignominia y una anomalía. Una más. La Fundación Franco se creó el 8 de octubre de 1976, poco después de la muerte del dictador, para ensalzar su figura y hacer apología de su régimen. La existencia de esta institución también cuestiona la transición política, ya que los jerarcas del franquismo fueron beneficiados en todos los sentidos pero se trató de manera muy mezquina a las víctimas de la represión.  Sólo cabe señalar las miles de víctimas que todavía siguen enterradas en cunetas, a pesar de los esfuerzos de los últimos años por rescatar e identificar los restos mortales de tantos represaliados.

¿Se imaginan una Fundación Adolf Hitler en Alemania? Sería impensable e imposible. Asimismo, debemos recordar que hasta el 24 octubre de 2019 Franco estuvo enterrado con todos los honores en la basílica del valle de Cuelgamuros, antes denominado de los Caídos. Y el féretro de José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, fue retirado del lugar privilegiado que ocupaba en el altar el 24 de abril de 2023. Pero todavía siguen los monjes benedictinos, que custodiaron las tumbas de Franco y de José Antonio, al frente de la hospedería y de la basílica. También falta resignificar ese mausoleo para gloria del franquismo y explicar, entre muchas cuestiones, que se utilizó mano esclava de presos políticos para su construcción.

Es indignante que siga existiendo una fundación de estas características. Resulta humillante para todas las víctimas del franquismo y ofensivo para todos los demócratas que perviva una entidad cuyo único objetivo es homenajear al dictador Franco. Pero, además, esta circunstancia no es lo único escandaloso, siendo muy grave, ya que custodia millones de documentos que deberían ser de titularidad pública. Durante años los responsables han decidido arbitrariamente quiénes y cómo consultaban esa documentación, que ahora tienen en un piso de la madrileña calle Edgar Neville (antes general Moscardó, como recalcan en su página web). El investigador que conseguía acceder tenía que trabajar en una sala con imágenes del dictador, aparte de que el dinero recaudado con las fotocopias contribuía al mantenimiento de la fundación para más inri.

De esta manera se ha usurpado a los investigadores el acceso a una documentación fundamental para estudiar el periodo de la dictadura franquista desde 1936. Lógicamente a los promotores de la fundación Franco no les interesa una historiografía rigurosa. Ellos son más de hagiografías apologéticas que ensalcen a su “caudillo”, que estableció en el país un régimen dictatorial a sangre y fuego. Durante demasiados años sólo se podían publicar libros que asumieran el discurso de la “Victoria”. En la democracia, gracias a nuevas generaciones de historiadores y a la apertura de archivos con documentación crucial, se ha podido estudiar el sistema de represión franquista. Todavía queda mucho por conocer sobre los perpetradores de esa violencia. Afortunadamente, se ha avanzado mucho en los victimarios. Pero ahí sigue la ley franquista de secretos oficiales, que lleva demasiado tiempo vigente. Otra asignatura pendiente es facilitar el acceso a las fuentes del Ministerio del Interior. Pero también es necesario consultar sin restricciones sectarias los legajos que guarda esa fundación y que antes estuvo en manos de la familia.  Lo increíble es que el Gobierno de José María Aznar llegó a firmar un convenio con la fundación para que facilitaran una copia de esos fondos en microfilm por la que se abonaron 150.000 euros de dinero público. Espero que todo ese volumen documental original pase sin expurgos selectivos ni destrucción interesada a los archivos públicos. Hace unos meses los directivos de la fundación tuvieron la peregrina idea de trasladar en camiones el archivo a Francia.

Las tesis que blanquean la dictadura han proliferado en los últimos años para espanto de los historiadores profesionales y serios. Se han recuperado muchos mitos, mentiras y bulos que los propagandistas franquistas difundieron desde la guerra civil para legitimar el golpe de Estado y los poderes del dictador. En ese contexto tan complaciente no es de extrañar, aunque sea vergonzoso, que el presidente de un Parlamento autonómico, Gabriel Le Senne, haya roto una fotografía con los rostros de unas mujeres torturadas y asesinadas por la dictadura, como Aurora Picornell y Antonia Pascual Flaquer.

En 2025 se cumplirán 50 años de la muerte del dictador y espero que para entonces ya no exista la Fundación Franco, aunque seguro que tratarán de retorcer la Ley de Memoria Democrática con la colaboración de algún juez simpatizante, o al menos tratarán de obstaculizar el proceso con una legión de abogados afines. Pero como historiadora también me preocupa el destino final de toda la documentación que nunca debió custodiar ya que pertenecía al Estado español.

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